Emplaza Rosalinda Vargas al gobierno a que cumpla las medidas cautelares que dictó la CIDH

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La señora Rosalinda Vargas Barrera y su hija, Elizabeth Olguín Vargas emplazaron al gobierno del estado para que cumpla, a más tardar el 6 de mayo, con las medidas cautelares que le recomendó para la protección de ambas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de lo contrario, amenazaron que ese día se instalarán en huelga de hambre en esta capital, misma que levantarán hasta que se dé cumplimiento con esas medidas.
Las dos mujeres se manifestaron ayer atrás de las vallas metálicas que fueron colocadas como medida de protección al Congreso local antes de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero rindiera su segundo informe de labores.
Su intención era ofrecer una conferencia de prensa en el acceso principal del Congreso, sin embargo sólo pudieron llegar hasta la entrada del encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado. Allí les impidieron el paso.
Acompañadas por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, las dos mujeres denunciaron que el gobierno del estado no ha cumplido con los acuerdos firmados el 30 de octubre del 2012, que consisten, principalmente, en “remover los factores de riesgo” a sus personas, como lo solicitó la CIDH.
Manifestaron que tampoco se ha cumplido con la minuta de acuerdos del 22 de abril del 2013 que fue firmada junto con el gobierno federal en la que se especifica que la secretaría de Gobernación realizará un análisis de riesgo a las dos, y, asimismo, tras tener esos resultados convocarían a una nueva reunión de seguimiento de las medidas cautelares. También se asentó en esta minuta que la Policía Federal “continuaría manteniendo un contacto directo con las beneficiarias para garantizar su seguridad.
Otro de los puntos de esta minuta del 22 de abril es que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Estado de Guerrero se compromete a gestionar ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado la implementación de acompañamiento personalizado hasta el 9 de mayo del 2013, fecha en que la secretaría de Gobernación deberá entregar los resultados del análisis de riesgo a las beneficiarias.
Las recomendaciones de la CIDH se emitieron el 3 de marzo del 2010, y en ellas solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares “para proteger la vida y la integridad personal de Rosalinda Vargas Barrera y su hija Elizabeth Olguín Vargas”.
El organismo internacional solicitó también que se concertaran las medidas con dichas peticionarias y sus representantes, “a fin de remover los factores de riesgo”.
Sin embargo, las dos mujeres denunciaron ayer que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, como parte del Estado mexicano, han cumplido.
Vargas Barrera informó que el 30 de octubre del 2012 asistió a una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Casa Guerrero, para tratar el asunto de esas medidas cautelares.
Dijo que en esa reunión el gobernador “mostró plena disposición” para que a nivel estatal se dispusiera de lo necesario a fin de que tuvieran las garantías de seguridad “y poder presentarnos a rendir nuestras declaraciones ministeriales que incluyen señalamientos directos en contra de personas que aún laboran en la actual administración”. Pero denunció que, “como es su costumbre”  el gobernador no cumplió.
Vargas Barrera agregó que a pesar de la desconfianza al gobierno del estado, el 24 de diciembre del 2012, aceptaron el acompañamiento personalizado por parte de la Policía Estatal Acreditable, “ante la indiferencia del gobierno federal, al no proporcionar la seguridad personalizada con policías federales”.
Pero agregó que el 11 de marzo del 2013, el gobierno del estado retiró “de manera arbitraria” la seguridad personalizada, “sin notificarnos de manera formal el retiro de los elementos policiacos y sin que les importaran los riesgos que pudiéramos correr, olvidando la experiencia fatal de Juventina Villa Mojica”, dijo en referencia a la líder de los desplazados de La Laguna, que fue asesinada el 28 de noviembre del año pasado, a pesar de que contaba con protección de la policía estatal.
Informó que el 22 de abril se realizó la reunión con funcionarios del gobierno del estado y federal, para continuar con el seguimiento a las medidas cautelares y que fue entonces cuando acordaron que las medidas cautelares serían otorgadas con base a la realización de un análisis de riesgo “en las áreas donde vivimos y en los lugares donde desarrollamos nuestras actividades laborales”, sin embargo insistió que este acuerdo no se ha cumplido.
La señora Vargas Barrera ha venido solicitando la protección del gobierno estatal y federal debido al hostigamiento y amenazas cumplidas que ha recibido por un grupo político, que según ella, todavía en esta administración de Ángel Aguirre sigue en áreas de la Procuraduría de Justicia del estado.
A este grupo responsabiliza del secuestro de su hija Elizabeth Olguín Vargas ocurrido en el 2009, y debido a ello la CIDH recomendó al Estado mexicano que brindara la protección a las dos mujeres, pero según Vargas Barrera y Olguín Vargas estas medidas no se han cumplido.
“Por lo que emplazamos al gobierno del estado a que cumpla con los acuerdos que realizamos el 30 de octubre del 2012 y remueva de inmediato los factores de riesgo, como lo solicitó la CIDH y también se dé cumplimiento a la minuta de acuerdos del 22 de abril del 2013, en caso contrario, el 6 de mayo iniciaremos una huelga de hambre, la cual no levantaremos hasta que se den cumplimiento a los acuerdos realizados”, dice un documento que entregaron las dos mujeres a los medios de comunicación.
En el comunicado responsabilizan al gobernador Aguirre Rivero de la seguridad e integridad física de ambas “y de nuestra familia”.
Vargas Barrera informó que de instalar su huelga de hambre el 6 de mayo estaría en condiciones de dar a conocer los nombres de quienes integran este grupo político y de funcionarios que la han venido hostigando y amenazando, a partir de que denunció por pensión alimenticia a su ex pareja y hoy finado José Rubén Robles Catalán, quien fingió como secretario de Gobierno y procurador de Justicia en el gobierno estatal, hace más de 20 años.