Llama consejero de la CRAC a compañeros a no dejarse amedrentar y a fortalecer al MPG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Casa de Justicia Comunitaria de El Paraíso demandó una efectiva y clara separación de poderes en el estado, y convocó a las otras tres Casas de Justicia que integran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a no dejarse amedrentar por el gobierno y fortalecer la lucha del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Durante el primer foro del MPG, para discutir si existen condiciones para la desaparición de poderes en Guerrero –luego que se agotaron los canales de diálogo con las autoridades institucionales–, se dio lectura a un boletín firmado por el consejero regional de la CRAC, Arturo Campos Herrera.
A través del documento, se reconoce que en este momento se discute en el interior de la institución comunitaria los alcances de la lucha del Movimiento Popular, pero “sin duda”, la casa de El Paraíso mantendrá su participación activa y propositiva en este movimiento social.
En el desplegado, convocó a sus compañeros de la Casa de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Zitlaltepec, a reforzar de manera conjunta esta lucha, apoyar las demandas del magisterio, y a no dejarse amedrentar ni a ser condicionados por los ofrecimientos de apoyo y de obras del gobierno; “que recuerden que los comunitarios dignos ni nos vendemos ni nos rendimos”.
También alertó a los medios de comunicación y organizaciones sociales de comunicados falsos que circulan con el membrete de la CRAC, porque los boletines de esta institución, son consensados por las cuatro casas de justicia y avalados por las autoridades de éstas.
Luego, se informó que la Casa de Justicia de El Paraíso se pronunció por una efectiva separación de poderes, y reiteró el llamado a los diputados locales para que respondan con dignidad a la demanda del pueblo que los eligió, o en todo caso, “el pueblo puede asumir de manera directa su capacidad soberana de legislar y retirarles su representación”.
Al gobernador Ángel Aguirre Rivero, se le convocó al diálogo, y se le cuestionó el uso de miles de policías para amedrentar a los maestros movilizados y contratar “esquiroles” para que hagan el trabajo de los profesores.
Concluyeron que la falta de atención a los niños en las escuelas –por el paro indefinido que convocó la CETEG hace dos meses–, es responsabilidad del gobierno por alargar la atención de este conflicto magisterial.
Asimismo, se exhortó al poder Judicial a que no se preste a ser un “lavamanos” del ejecutivo, porque “no podrán acallar con órdenes de aprehensión, encarcelamientos o procesos judiciales, la voz del pueblo que exige respeto y solución a sus demandas”.
Luego, destacó que en 17 años de trayectoria en el sistema de seguridad y justicia, aprendieron que ante la desatención del gobierno, es deber de los pueblos construir las alternativas para mejorar las condiciones de convivencia, como lo establece el artículo 39 de la Constitución, “aun cuando se tuviera que modificar las formas de gobierno”.
En el foro, el maestro de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ignacio Eulogio Claudio, señaló que el 39 dice que el poder reside en el pueblo, pero en el 41, que es con los partidos políticos como se pueden dar el cambio de gobierno.
En este sentido, denunció que el sistema jurídico Mexicano no pretende la libertad del pueblo, sino mantenerlo controlado, pero mientras haya injusticias habrá resistencias, como la del MPG, sin embargo advirtió que el movimiento puede ser copado sino está bien organizado.
Coincidió con los maestros en que la educación pública está en un proceso de desmantelamiento, así como todos los asuntos públicos en todas las esferas, y si no se hace nada, “estamos siendo cómplices de esa privatización”.
Representando al Frente Único Estatal de Representantes de Sindicatos Autónomos (FUERSA), el secretario de Asuntos Políticos del Sindicato de Académicos de la UAG, Jorge Peto Calderón, propuso que “ante la burla de diputados locales y del gobernador ante demandas legítimas del MPG”, se realice un tribunal electoral para exponer con argumentos a las autoridades formales.
Destacó que el movimiento popular es imán para las esperanzas de cambio de los excluidos por el sistema y los caciques de siempre, y como a los más de más de 10 mil aspirantes al año, que rechaza la UAG, aunque los funcionarios maquillen las cifras.
Mientras Arturo Miranda Ramírez, también de la UAG, reseñó la desaparición de poderes en el 60 en Guerrero, y recordó que en aquellos años tenían un amplio respaldo social, se hicieron asambleas populares para consensar la demanda, pero también hubo muchos muertos y desaparecidos.
Reconoció que hace falta camino para tener las condiciones para esta demanda, pero la integración del MPG es una buena señal.
Eduardo Hurtado, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Roja, coincidió en que es compleja y difícil una desaparición de poderes, y que las órdenes de aprehensión contra los líderes del movimiento popular no son un asunto técnico-jurídico, sino político.
Explicó que si el gobernador no es capaz de dar una solución a las demandas del MPG, amenaza para ablandar, y si tampoco es capaz de resolver por la vía política las órdenes de aprehensión, los casos se tendrán que discutir con la federación.