Organizaciones nacionales e internacionales exigen a Aguirre justicia para los normalistas asesinados

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos manifestaron ayer su preocupación por la impunidad que prevalece en Guerrero, tras la liberación de los dos agentes ministeriales que estaban acusados del asesinato de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en esta capital.
En una carta enviada al gobernador Ángel Aguirre Rivero, lo emplazaron “a que en un plazo razonable” informe públicamente respecto de las acciones que se llevarán a cabo para brindar acceso a la justicia a las familias de Jorge Alexis Ayala y Gabriel Echeverría.
“Es de nuestro conocimiento que el pasado 23 de abril de 2013 por la tarde, fueron liberados dos elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en contra de quienes se ejercitó acción penal por el homicidio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús”, expresaron los representantes de las más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales.
Manifestaron que esa liberación se materializó después de que la justicia federal ordenara al juez local a cargo del proceso que revisara su decisión en el proceso en contra de los elementos de la Policía Ministerial, por ser insuficientes las pruebas que en su momento presentó la Procuraduría guerrerense.
Cuestionaron que la liberación de los dos agentes ministeriales se dio a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la recomendación especial 1 VG/2012, concluyó con base en su propio trabajo pericial que la evidencia apuntó a que los proyectiles de arma de fuego que privaron de la vida a los estudiantes fueron disparados por elementos de la Policía Ministerial del estado.
Los representantes de las organizaciones expresaron que, como lo reconoció el propio gobernador Ángel Aguirre Rivero en su segundo informe de labores, esos hechos “nunca debieron haber sucedido” y cuestionaron que el del 12 de diciembre del 2011 “es un episodio que contradice los principios éticos, morales y políticos” de cualquier gobierno democrático.
Le dijeron en su carta que “es inadmisible que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en ese contexto hoy permanezcan impunes”.
Además, le manifestaron que actualmente ningún servidor público se encuentra sujeto a proceso penal por la muerte de los dos estudiantes, por lo que le pidieron que gire sus  instrucciones para que las autoridades competentes se aboquen a investigar e identificar debidamente a los autores de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes y en particular por la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes.
“La obligación de investigar diligentemente este tipo de hechos deriva no sólo del marco legal guerrerense, sino de la propia Constitución política y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, le dijeron.
Y añadieron que al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “en casos de muerte violenta, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones”.
Y ante ello lo emplazaron para que “en un plazo razonable informe públicamente respecto de las acciones que se llevarán a cabo para brindar acceso a la justicia a las familias de Jorge Alexis y Gabriel”.
Finalizaron: “confiamos en que cumplirá con su palabra y que responderá en breve, de manera pública, respetuosa y comprometida a los familiares de Jorge Alexis y Gabriel, evitando que continúen siendo revictimizados por falta de coordinación e ineficacia de las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia en la entidad”.
Las organizaciones internacionales que firmaron el documento son: Amnistía Internacional; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Misereor; Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y Organización Mundial contra la Tortura.
Mientras tanto, las organizaciones nacionales son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos; Asociación Mundial de Radios Comunitarias: Casa del Migrante de Saltillo; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y Centro Nacional de Comunicación Social.
Asimismo: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Comité Cerezo; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México;  Iniciativas para la Identidad y la Inclusión; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica;  Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos,  que está conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República.