El Ejército y la Marina solapan delitos de funcionarios municipales, denuncia el Concejo Social de Olinalá

Sergio Ferrer

Olinalá

El Concejo Social Olinalteco denunció que efectivos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México ocultan solapan actos delincuenciales de autoridades municipales y actúan en contra de la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO), por lo que exigieron un alto a estas acciones.

El Concejo Social señaló que las fuerzas militares no han detenido a nadie a pesar de que desde el 27 de octubre les fueron entregados celulares y computadoras en las que había pruebas de que pretendían secuestrar a varios ciudadanos, videos de adolescentes que se drogaban o pornográficos, entre otras evidencias.

En cambio, acusaron, sí hay irregularidades en la cabecera municipal como cuando el síndico procurador de Olinalá entró a una casa que fue rentada por la delincuencia organizada y se llevó objetos, licencias de conducir, además de preguntar por las armas y los chalecos antibalas.

Denunciaron el caso de una mujer identificada como vendedora de droga en la preparatoria del lugar, y que ahora trabaja en el Ayuntamiento. En otra ocasión que la PCO realizaba retenes de revisión, un teniente de la Marina dejó pasar al cuñado del alcalde de manera arbitraria, quitando a los comunitarios.

Acusaron a la corporación de que en lugar de detener delincuentes se dedican más a realizar acciones en contra de la Policía Comunitaria y su dirigencia, siempre en busca de algún pretexto para actuar en su contra, pues incluso siguen a los jóvenes voluntarios hasta la puerta de sus hogares para intimidarlos y con eso desarticular su sistema de protección ciudadana.

Cuestionaron si es el deber del personal de la Marina y Ejército proteger al presidente municipal, Eusebio González Rodríguez, como sucedió en una pelea de gallos a la cual llegó custodiado por soldados del Ejército, o si están para proteger a todo el pueblo.

El concejo informó que el coronel, jefe del 93 Batallón de Infantería, Luis Ernesto García Serrano es compadre del alcalde priista y consideró que por eso actúa en contra de la policía ciudadana.

Por su parte, la representante del Concejo Social Olinalteco, Nestora Salgado denunció que ha sufrido un trato déspota del marino al que identificó como el “teniente Sierra” y del “teniente Arellanes” del Ejército que la han amenazado incluso con detenerla por participar en la defensa de su territorio.

Informó que efectivos militares han ido a los encuentros de la PCO y cortan cartucho cuando los encuentran, a pesar de que esa organización cuenta con el respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que tiene el cobijo legal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley estatal 701.

“Existe respeto hacia ellos y no se han sacado las armas, pero lejos de ver este respeto quieren intimidarnos, pero esto no es una guerra, es injusto que nos quieran ver como delincuentes cuando sólo estamos patrullando y no estamos en contra del gobierno”, se quejó Salgado.

Reiteró que están dispuestos a dar la vida y que no darán marcha atrás en su labor comunitaria porque no aceptarán humillaciones ni hostigamiento en un clima en el que “parece que más que defendernos, los marinos parecen querer matarnos”.

Sobre los hechos en los que un policía ciudadano de Olinalá fue detenido por transportarse en un vehículo con reporte de robo, la PCO aclaró que el joven tiene papeles que acreditan la compra fidedigna del automóvil Tsuru, incluida una constancia de no reporte de robo bajada de Internet, la carta responsiva del dueño, la factura y tenencia pagada hasta 2013.

El problema, tras la detención del joven y del vehículo por elementos de la Marina, fue porque el vendedor, ocho horas después de que había sido vendido al nuevo dueño, levantó un acta de robo lo cual ya había hecho en otra ocasión a otra persona.

En la detención el “teniente Arellanes” no quiso revisar la documentación que le fue proporcionada y mintió al decir que encontró al muchacho en el carro y éste intentó correr.

La presidente del Concejo Social Olinalteco, Nestora Salgado pidió al gobernador contestar si dio automóviles al Ayuntamiento para que sean entregados a la PCO o diga si es mentira, porque el alcalde no les ha comunicado nada y “no queremos que sea chismoso o jueguen a las comadritas, al igual que Sofío que metió su nariz en el conflicto, que den la cara, digan qué pasa con lo que prometieron, los uniformes, los vehículos y el reconocimiento y respeto al concejo y a su policía”.

La jefa de la policía ciudadana llamó al Ejército y la Marina a que cesen su hostigamiento y pidió al gobernador, Ángel Aguirre Rivero que cumpla con reconocer al Concejo Social Olinalteco y a su policía.

Salgado indicó que está trabajando para proteger a la ciudadanía, realizando rondines de vigilancia después del toque de queda que tiene como límite las 11 de la noche para evitar ataques de la delincuencia organizada.

Aseguró que el lunes, martes y miércoles, el Ejército un día y la Marina otros dos abordaron a integrantes de la PCO y les decomisaron dos armas que después les fueron devueltas, no sin advertirles que no eran ninguna institución reconocida por ellos, aunque cuando nació el movimiento hubo cierta coordinación.

Ayer se supo que una joven alcoholizada pidió auxilio a la PCO, fue llevada por la fuerza por un hombre a una casa en la cual estaban varios jóvenes que han sido identificados como vendedores de droga, los policías ciudadanos rodearon la casa y esperaron a que la Marina actuara. Finalmente fue detenido un joven pero después salió libre sin ser investigado debidamente.