Jueces locales sólo emitieron cuatro órdenes de aprehensión, precisa Martínez Garnelo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado informaron ayer que la dependencia ha obtenido 40 órdenes de aprehensión en contra de integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y que existen cuando menos 180 procesos judiciales abiertos.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, informó que  los jueces locales han liberado solamente entre 4 y 5 órdenes de aprehensión.

Antes de que se diera a conocer la liberación de los maestros detenidos, Martínez Garnelo dijo que desconocía la situación jurídica de los integrantes de la CETEG, que fueron trasladados a penales de Nayarit y Veracruz, porque “seguramente” fueron requeridos por jueces federales.

Las autoridades estatales mantuvieron su hermetismo en cuanto a la situación jurídica de los profesores Genaro Guevara Hernández y José Lucas Juárez, detenidos la tarde del miércoles, así como de Mauro Lázaro García y Cesáreo Rosendo Crescenciano, detenidos la madrugada del jueves.

Según datos de la Procuraduría de Justicia estatal son 40 las órdenes de aprehensión tanto de jueces locales como federales en contra de integrantes del MPG, principalmente de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y estudiantes de las nueve normales públicas del estado.

Asimismo, se informó que en total suman180 los procesos judiciales que se encuentran abiertos en contra de los maestros disidentes, por lo que en las próximas horas se podrían liberar más órdenes de aprehensión.

Sin embargo, oficialmente, la Procuraduría estatal se ha negado a proporcionar más detalles con el argumento de la “secrecía y responsabilidad” y por los nuevos “protocolos” que se deben seguir en materia del manejo de la información de los procesos judiciales.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, aseguró que las órdenes de aprehensión que se han girado por parte de los jueces locales son con “estricto apego a la legalidad” y que se están dando “todos los beneficios y derechos que la propia Constitución marca para aquellos que con la probabilidad de su participación (en los delitos) quedan sujetos a un proceso”.

Dijo que tiene entendido que, efectivamente, hay órdenes de aprehensión “y no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito federal”.

Sin embargo dijo que las autoridades deben ser respetuosas, “porque hoy las herramientas internacionales y la propia reforma constitucional al sistema acusatorio del 2008 impera por sobre toda la presunción de inocencia y al respeto del debido proceso”.

Después, a pesar de que el gobernador ha confirmado que hay 39 órdenes de aprehensión y la Procuradora ha informado que son 40, el presidente del TSJ informó que él tiene conocimiento de que solamente en los juzgados Primero y Segundo han girado cuatro órdenes de aprehensión contra cinco personas.

Aunque reconoció que hay muchos más probables inculpados, “que, además, si se trata de los hechos que hemos observado en el ámbito local y nacional, son cientos, pero no puede establecerse un acto de imputación”.

Concretamente en el caso de los cuatro maestros que ya fueron detenidos, dijo que si fueron trasladados a penales de otros estados, “es posible que hayan sido reclamados o solicitados técnicamente por parte de alguna dependencia federal, porque acuérdense que hay investigaciones de corte federal”.

Informó que pudieron haber sido requeridos por una autoridad federal, a pesar de que estén siendo acusados por delitos leves como sedición, motin y daños, como lo informó la Procuraduría estatal. El magistrado adelantó que por estos delitos, incluso, los detenidos alcanzarían fianza.

Añadió que los jueces deberán de dar un resultado en 72 horas o en 144 horas, a partir del momento de su detención, porque tienen que tomarles su declaración preparatoria y tienen que resolver su situación jurídica en el término constitucional. Explicó que la Procuraduría tiene 48 horas para las consignaciones y el Poder Judicial tres días y una ampliación hasta por tres más, si lo solicita la defensa.

De acuerdo con información de la Procuraduría de Justicia, los cuatro profesores detenidos también enfrentan la acusación de terrorismo, delito que sí se considera como grave y por el que no alcanzarían el beneficio de la libertad bajo caución, pero el presidente del TSJ, a pregunta de un reportero, dijo que el Estado puede desistirse de la acusación, “porque el bien jurídico a proteger es la estructura del Estado, y en este caso el delito es contra el Estado”.