Injustificable, que hayan sido enviados a penales federales, sostiene especialista

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

De los cuatro delitos (sedición, motín, daños y terrorismo) de los que fueron acusados los cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), sólo el de terrorismo es grave y por el que no alcanzarían libertad bajo fianza, dijo ayer el abogado José Ramírez Villalva antes de que los profesores fueran liberados.

Asimismo, señaló que no se justifica que hayan sido enviados a penales federales de máxima seguridad de Veracruz y Nayarit.

Ramírez Villalva opinó que con su traslado no se utilizó un procedimiento normal, que se violaron los derechos humanos de los detenidos y que fue una medida seguramente para “inhibir y debilitar” el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

Genaro Guevara Hernández y José Lucas Juárez Tlatempa fueron detenidos la tarde del miércoles en Tixtla, mientras que Mauro Lázaro García y Cesáreo Rosendo Feliciano fueron aprehendidos la madrugada del jueves en esta capital.

Aunque la Procuraduría de Justicia del estado, en dos boletines de prensa informó que la detención corrió a cargo de policías ministeriales, los maestros fueron trasladados a penales federales de Nayarit, en el caso de Guevara Hernández y Juárez Tlatempa. Mientras que Lázaro García y Rosendo Feliciano fueron enviados al penal de Veracruz.

Las autoridades no han explicado por qué si los requirió un juez federal, la detención corrió a cargo de la Policía Ministerial del estado.

El abogado Ramírez Villalva opinó ayer que el que se utilizó en contra de los maestros detenidos “no es un procedimiento normal”.

Explicó que tres de los delitos de que se les acusa (sedición, motín y daños) son menores y que alcanzan la libertad bajo fianza, mientras que el de terrorismo es delito grave, por el que no alcanzarían la libertad bajo caución.

Sin embargo explicó que el nivel de terrorismo que habrían cometido no atenta contra la seguridad de la sociedad ni del Estado, por lo que no se justifica que hayan sido enviados a penales de máxima seguridad.

Explicó que los detenidos deben enfrentar el proceso judicial ante un juez donde se cometió el presunto delito, de lo contrario se están violando sus derechos humanos, pues prácticamente los incomunicaron de sus familiares por la imposibilidad de acudir a visitarlos hasta donde los enviaron.