Aplica el gobierno una guerra de baja intensidad contra el movimiento, dice Manuel Olivares

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Con una estrategia de guerra de baja intensidad y la aplicación de órdenes de aprehensión, los gobiernos estatal y federal buscan sembrar terror y zozobra entre los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, en lugar de dar solución a sus demandas, dijo el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
En consulta telefónica sobre las detenciones y liberación de cuatro maestros y el hostigamiento al plantón que mantienen en la capital, Olivares Hernández insistió en que las autoridades están utilizando esta estrategia para aplicar las reformas estructurales que tienden a privatizar los derechos ciudadanos, que ya están en marcha y que no se van a detener.
Por ejemplo, señaló que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, señaló que existen 180 procesos judiciales abiertos, y fuentes de la Procuraduría de Justicia del estado hablan de 40 órdenes de aprehensión contra integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, donde también participa el Frente de Normales Públicas del Estado (FUNPEG).
Consideró que los datos van saliendo a la luz pública en la medida que se ejecuta alguna orden de aprehensión y en el periodo que transcurre la negociación nacional en la Subsecretaría de Gobernación, por la inconformidad de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca ante la reforma educativa.
Añadió que es preocupante que se inhiba la protesta social mediante órdenes de aprehensión y averiguaciones previas, porque el Estado prefiere judicializar las demandas populares en lugar de dar una solución a las peticiones.
Asimismo, aseguró que el hostigamiento al plantón del Movimiento Popular, que ha sido merodeado por patrullas y sobrevolado por helicópteros, es una estrategia de guerra de baja intensidad que tiene que ver con sembrar terror y zozobra, para inhibir sus movilizaciones.
El plantón continúa frente a las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, con una presencia reducida de maestros, que es difícil estimar por su dispersión.
Sobre la aprehensión de cuatro trabajadores de la educación el miércoles y jueves, acusados de terrorismo, motín, sedición y daños, pero liberados el viernes, opinó que el gobierno hizo sus propias valoraciones, “creo que de alguna manera entienden que con eso sólo va a lograr la nacionalización del movimiento, y los dejaron en libertad por temor de lo que pudiera desatarse en Guerrero”.
Del hecho de que no ha habido una explicación legal sobre el acuerdo político de la CNTE con el Secretaría de Gobernación, que derivó en la liberación de los cuatro detenidos, reconoció que el cumplimiento del Estado de derecho que tanto pregonaron partidos políticos para exigir castigo para los maestros “no existe en Guerrero ni en México”.
Aseguró que si así fuera no se habrían aprobado las reformas laboral y educativa, pues pasaron por alto el artículo primero constitucional, “eso quiere decir que no existe, si existiera, se aplicarían sanciones a quienes simulan y roban en las administraciones públicas. Insistió en que los políticos y funcionarios manipulan conceptualmente las leyes.