No cumplió Aguirre con nada, como dijo en su informe, reclaman normalistas de Ayotzinapa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dirigentes del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desmintieron que  se haya cumplido con la recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relativa a su caso, como lo dijo el gobernador Ángel Aguirre Rivero en su segundo informe de labores.
En conferencia de prensa ayer en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una comisión de dirigentes estudiantiles denunció que el caso del desalojo violento del 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías estatales y federales, sigue en la completa impunidad.
Los normalistas aseguraron que a partir de la liberación de los dos policías ministeriales: Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, acusados por el asesinato de los dos estudiantes, reinició el hostigamiento y las amenazas en contra de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa.
José Solano Ramírez, Guillermo Hernández Castro y Marcos Andrés de la Cruz, integrantes de la comisión estudiantil, expresaron su inconformidad porque en su segundo informe de gobierno, Aguirre dijo que ha cumplido con la recomendación de la CNDH sobre  Ayotzinapa.
Recordaron que Aguirre dijo ese día que ha impulsado el desarrollo académico en la Normal de Ayotzinapa, con una inversión de 56 millones de pesos, con el pago oportuno de becas, la dotación de material didáctico y el fortalecimiento de su infraestructura.
Sin embargo, José Solano Ramírez dijo que, en el primer caso, “los familiares de los compañeros caídos aún esperan justicia”.
Agregó que en su informe, el gobernador hizo un desglose de la recomendación de CNDH, sobre el desalojo violento del 12 de diciembre, “pero guardó silencio sobre la libertad de los agentes judiciales acusados de disparar”.
Por eso, añadió que el comité estudiantil Ricardo Flores Magón “desmiente categóricamente los datos del gobernador Ángel Aguirre sobre el caso que enlutó a la comunidad estudiantil, y mantiene en la zozobra a compañeros que fueron heridos y torturados por la policía ministerial, estatal y federal”.
Los dirigentes denunciaron que aún no hay justicia, porque fueron liberados los únicos señalados de haber disparado contra los normalistas en el desalojo  donde fueron ejecutados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
La integración de la averiguación previa se hizo con deficiencias,  “por falta de ética y línea desde la esfera del poder, como resultado el amparo que los dejó en libertad, dejando en los familiares un sentimiento de indefensión y frustración”, expresó Hernández Castro.
Denunciaron que Édgar Espíritu Olmedo, quien resultó herido en el desalojo, no ha recibido la indemnización que se estableció en la recomendación, que sus familiares y la comunidad estudiantil siguen sufragando los gastos para su atención médica, debido a que él tiene dañada la mitad de un pulmón.
De la tortura del estudiante Gerardo Torres, quien además fue acusado de portar un arma y el procurador pretendió culparlo de  la muerte de los dos estudiantes, “hasta ahora no se ha investigado y no hay detenidos”, dijo Marcos Andrés de la Cruz.
El gobierno estatal no ha cumplido con las demandas estudiantiles por las que se movilizaron ese 12 de diciembre, “no se han entregado los materiales didácticos, las becas, el pago de raciones y no se ha cumplido con la construcción de las nuevas instalaciones”, dijo Andrés de la Cruz.
En el caso de las demandas recientes, denunciaron que desde marzo el gobierno estatal no ha pagado las raciones y como consecuencia, los proveedores amenazan con suspender el suministro de insumos alimenticios.
Dijeron que en la misma situación se encuentra el pago de becas, lo que repercute en las actividades académicas y traslado a los lugares de sus prácticas. Informaron que no les han pagado 140 becas de mil 800 pesos.
En cuanto a la infraestructura, el compromiso era la remodelación de tres edificios, de los cuales sólo se ha terminado uno, y los estudiantes demandaron una auditoría para saber en dónde se invirtieron los 56 millones de pesos que según el gobernador se ejercieron en esta obra.
A raíz de la liberación de los dos policías ministeriales, reinició el hostigamiento hacia la comunidad estudiantil, denunciaron.
Dijeron que el 27 de abril, dos días después de una protesta en esta capital por la liberación de los dos policías, 20 estudiantes que realizaban labor de boteo en Atoyac, fueron sometidos a punta de pistola por un agente federal uniformado y dos civiles.
Explicaron que los estudiantes fueron tirados al suelo, y les apuntaban con armas largas. Les preguntaron sobre qué estaban haciendo y después les exigieron que suspendieran su actividad, mientras se llevaron sus pertenencias personales y el dinero que habían recolectado en el boteo.
“Por todo lo anterior, seguiremos exigiendo juicio político contra Ángel Heladio Aguirre Rivero y Humberto Salgado Gómez, secretario de Gobierno; cumplimiento pleno de la recomendación 1VG/2012 de la CNDH; alto al hostigamiento en contra de los integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero; solución a las demandas del Movimiento Popular Guerrerense, desistimiento de la acción penal en contra de los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense”, expusieron en un documento.