Sin quórum, diputados locales aprueban dictámenes y realizan sesión extraordinaria

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer, sin quórum, los diputados aprobaron las reincorporaciones y licencias de diputados y alcaldes, y realizaron un segundo periodo extraordinario de sesiones para aprobar la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado.
Con la asistencia de solamente 19 diputados de un total de 46, por unanimidad, aprobaron los dictámenes presentados por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación que preside el diputado aguirrista Jorge Salgado Parra, la reincorporación a sus curules de los diputados Ricardo Moreno Arcos, Aceadeth Rocha Ramírez y Héctor Vicario Castrejón, quienes ya cobran su dietas a pesar de que apenas este miércoles les aprobaron su regreso.
Igualmente aprobaron la licencia de los diputados Gisela Ortega Moreno y Napoleón Astudillo Martínez, para separarse del cargo a partir del 16 de febrero, aunque desde esa fecha ya no asisten a sesiones.
También aprobaron las solicitudes de licencias para separarse del cargo de los alcaldes Soledad Romero Espinal y Adolfo Juanchi Quiñones, de Huamuxtitlán y Pungarabato, respectivamente.
Y aprobaron el dictamen por el cual Jorge García Hernández solicita asumir el cargo de presidente municipal de Juan R. Escudero.
Reforma a Ley de Justicia para Adolescentes

El objetivo de la iniciativa es prorrogar la vigencia de la Ley número 762 de Justicia para Adolescentes y de la Ley número 848 de Defensa Pública, ambas del estado de Guerrero, para el 30 de agosto del 2012.
En las argumentación expuesta por el diputado Rubén Valenzo Cantor –integrante de la Comisión de Justicia- destaca que se han presentado una serie de imprevistos que obstaculizan la aplicación de dichas leyes, como son el de que a la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado ha tenido al menos un procurador y tres encargados de despacho.
Además de que para la ejecución y aplicación del sistema penal acusatorio, las dependencias y servidores públicos involucrados, además de capacitación y especialización en la materia, deben entre otros aspectos obtener la certificación respectiva, de igual forma para que la aplicación de una ley tenga uniformidad en la población, debe gozar de una amplia difusión para el efecto del conocimiento de la sociedad donde se aplicará.
De ahí que se requiera que existan las condiciones necesarias para que los operadores del nuevo sistema de justicia para adolescentes puedan afrontar las nuevas etapas que se van a presentar para garantizar la exacta aplicación de ambas leyes.
Es por eso, leyó Rubén Valenzo, que es importante que se les otorgue un plazo mayor a los poderes Ejecutivo y Judicial a fin de que, en tiempo y forma, culminen con las acciones encaminadas a la implementación de este nuevo sistema de justicia para menores.
Por lo anterior, la Comisión de Justicia pidió a los 22 diputados presentes –ya perdido el quórum a las cuatro y media de la tarde de éste miércoles— aprobar el dictamen, porque a la fecha no se ha terminando en su totalidad la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Defensa Pública, considerando necesario prorrogar su vigencia hasta el 30 de agosto del año 2012, a fin de que existan las condiciones que se requieren para que entre en vigor.
En este tema, el diputado Carlos Alvarez, del PRD, intervino para proponer una adición a la ley, argumentando que a pesar del mandato constitucional de crear la ley, se pasó por alto la insuficiencia presupuestal.
Adujo que se requiere mayor presupuesto para las tareas que debe emprender el Poder Judicial en la aplicación de la justicia para adolescentes.
Agregó que está ahogado el Poder Judicial y requieren recursos para las ciudades judiciales que aún no se culminan.
Aunque recordó que el Poder Judicial sólo requiere 9 millones de pesos para echar a andar esta ley y el presente dictamen no contempla nada al respecto.
Criticó además que se prorrogue su entrada en vigencia hasta el 30 de agosto próximo, cuando eso debió ocurrir el 2 de enero del presente año.
Por eso propuso adicionar un segundo artículo transitorio para pedir al gobierno del estado proceda a informar al Congreso local en un plazo de 15 días, las adecuaciones presupuestales para dotar de la infraestructura física presupuestal y financiera, para garantizar la entrada en vigor de esta ley.
Luego, al someterse a votación la adición del diputado Carlos Alvarez,  y una vez que el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Efraín Ramos Ramírez, declaró rechazada la adición, provocó la molestia del diputado perredista.
Y es que Efraín Ramos fue informado por el Oficial Mayor, Benjamín Gallegos, que declarara rechazada la adición, pero Carlos Alvarez se levantó de su curul para inconformarse por la decisión y dijo que fueron diez votos a favor y ocho en contra, por lo cual debería declararse aprobada su adición.
Como el diputado Efraín Ramos no le hizo caso, Carlos Álvarez pidió revisar el quórum, porque en el recinto deberían estar mínimo 24 diputados de un total de 46, pero sólo estaban 18.
Se hizo el pase de lista, pero sólo estaban 23 diputados, hacía falta uno, y era precisamente el integrante de la comisión dictaminadora, el diputado priista Rubén Valenzo, quien apenas terminó de leer la fundamentación y motivación salió corriendo del recinto provocando que se rompiera el quórum. Y ya no regresó.
Si lo hizo el diputado del PRD, Rutilio Vitervo, y se completó el quórum; eran las cinco de la tarde.
Así que nuevamente se puso a votación la adición del diputado Carlos Álvarez y los 24 diputados presentes la aprobaron por unanimidad.