En los hechos, restringen autoridades las plazas a egresados, acusan normalistas de Ayotzinapa

A pesar de que las autoridades insisten en que no está en riesgo la educación pública, en los hechos se restringen las plazas para los egresados normalistas que son los encargados de garantizar este derecho en las comunidades, denunció el dirigente de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Solano Ramírez.

Esto, en respuesta al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien anunció que los problemas serán más graves porque la federación le notificó que no habrá más presupuesto para plazas.

En entrevista telefónica, el joven confirmó que las autoridades los van a obligar a regresar a las calles, para exigir más plazas para los egresados, pues en los últimos años fueron insuficientes.

En la convocatoria nacional de asignación de plazas, en 2012, se concursaron 205 plazas, y en etapas posteriores se entregaron otras 120, pero el gobernador adelantó que en esta ocasión no habrá plazas adicionales. Y eso profundizará el conflicto, reconoció el estudiante.

El ejecutivo estatal agregó que son 700 los egresados que demandarán plazas, pero sólo se refirió a los aspirantes de las nueve escuelas normales públicas del estado, que están organizados y que participan en el concurso nacional, y no contabilizó a los egresados de planteles de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de escuelas privadas.

Solano Ramírez cuestionó que las acciones de gobierno están alejadas de sus discursos, porque dicen que no están privatizando la educación, y se deslindan de su responsabilidad para emplear a los normalistas egresados.

El estudiante denunció que por la corrupción de los gobernantes y el pago de favores a personas allegadas al poder, no todos los trabajadores de la educación están frente al aula, pero aseguró que los verdaderos maestros están dispuestos a defender a la educación pública.

Por otro lado, informó que van a trabajar para fortalecer al Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) y exigir más plazas para sus egresados, porque es una organización que costó mucho construir y no van a permitir que sea dividida.

El estudiante reiteró que como normal rural, insistirán en la demanda de justicia por el esclarecimiento del homicidio de dos estudiantes en un desalojo en diciembre de 2011, y por el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre las recomendaciones, dijo que debería haber mejoras en la normal, pero la única construcción fue un dormitorio, donde presuntamente se invirtieron 50 millones de pesos, pero sigue abandonada. Agregó que no les han entregado el dinero para comprar alimentos desde marzo, ni para material didáctico.

Indicó que la alimentación la han cubierto con aportaciones de los profesores y están reuniendo fondos para la alimentación por boteos y para ir pagando a algunos proveedores.

Para terminar, el estudiante indicó que no hay plazos para instalar una mesa con la SEG, porque ya concluyó el plazo de la calendarización para las nueve normales públicas suspendidas y las autoridades se negaron a recibir a la comisión del FUNPEG. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).