No está obligado el gobierno del estado a dar seguridad a Rosalinda Vargas, dice un boletín

El gobierno del estado respondió a Rosalinda Vargas y a Elizabeth Olguín, quienes ayer cumplieron dos días de huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno, que su única responsabilidad en las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la de realizar la investigación y que son las dos mujeres las que no han acudido a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a rendir su declaración.

En un comunicado de prensa, el gobierno del estado señala que en la reunión del 22 de abril en la Secretaría de Gobernación se establece que “el gobierno del estado otorgará de manera excepcional la implementación de acompañamiento personalizado hasta el día 9 de mayo de 2013”.

Dice que el compromiso es que “la Secretaría de Gobernación realizará una evaluación de riesgos a las beneficiarias y convocará a una nueva reunión de seguimiento a más tardar en la segunda semana del mes de mayo” y que será la Policía Federal la que “mantendrá contacto directo con las beneficiarias para garantizar su integridad física”.

Indica que las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 3 de marzo de 2010 a favor de Rosalinda Vargas y a su hija establecen que las medidas de seguridad consistirá en rondines y teléfonos de emergencia a cargo de la Policía Federal, “medidas de investigación, impulso y determinación de la Averiguación Previa radicada con motivo de los hechos de referencia, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, medidas de atención psicológica brindada por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal”.

“En la implementación de las citadas medidas, el Gobierno del Estado de Guerrero solamente tiene el compromiso, a través de la Procuraduría de Justicia del estado, de integrar y determinar conforme a derecho la indagatoria correspondiente”, agrega.

“Se destaca que en reiteradas ocasiones las interesadas han manifestado que no comparecerán ante el Ministerio Público, hasta que cuenten con la seguridad que en su momento les proporcione la Policía Federal”.

El lunes Rosalinda Vargas y su hija empezaron una huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno en Chilpancingo porque el gobernador, Ángel Aguirre no ha cumplido con las recomendaciones de la CIDH.

El caso de Rosalinda Vargas se remonta a 1989 cuando demandó pensión alimenticia a José Rubén Robles Catalán y desde entonces ha sufrido encarcelamientos, hostigamiento y el secuestro de su hija en 2009, en el que estuvieron involucrados policías ministeriales que fueron liberados y por eso solicitó medidas cautelares por el temor de ser víctima de una nueva agresión.

También ha denunciado que otra de las medidas que recomendó la CIDH fue que se removiera a una funcionaria de la PGJE que la ha amenazado y por eso no ha ido a rendir su declaración, porque la funcionaria sigue ahí. (Redacción).