Propone Evencio Romero ley que autoriza el uso de armas contra manifestantes

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

El diputado aguirrista de Movimiento Ciudadano, Evencio Romero Sotelo, presentó una iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas del Estado de Guerrero, en la que legaliza la represión y autoriza el uso de las armas por parte de las fuerzas policiacas, con el argumento de que los derechos civiles no “son absolutos”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictamen, por el presidente de la Mesa Directiva, el también diputado aguirrista Antonio Gaspar Beltrán.

“En aras de proteger los derechos de terceros y promover el bienestar de la sociedad en general, esta ley pretende eliminar los abusos que se presentan en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, como los casos en que tan sólo una docena de personas bloquean las vías públicas, o bien, casos en que las demandas de los ciudadanos no pueden ser satisfechas de manera inmediata pero que, indefectiblemente, afectan las actividades cotidianas de millones de guerrerenses, sin dejar de observar y regular la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo Romero en tribuna.

“Mediante marchas, plantones y bloqueos, los ciudadanos han visto afectados sus bienes, derechos y libertades en innumerables ocasiones, debido a que la falta de regulación en esta materia conlleva consecuencias tan variadas como pérdidas económicas en los comercios formales, afectación en las actividades cotidianas de los ciudadanos, retrasos en la entrada de los trabajadores a sus centros laborales, daño en propiedades públicas y privadas, imposibilidad  de  acceso  a  los  servicios  de  salud,  afectación  medioambiental  al  dispararse  los  índices  de contaminación por el aforo vehicular y, en ocasiones, alteración del orden público. Todo lo cual redunda en una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos”, agregó.

Luego añadió que “la problemática esbozada evidencia la necesidad de reglamentar las manifestaciones públicas con la finalidad de evitar una afectación en la calidad de vida de los guerrerenses”.

Aunque acota que lo anterior debe hacerse “sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, considerando como obligación de los manifestantes darle paso a las ambulancias o bomberos que atiendan situaciones de riesgo o gravedad, según sea el caso, y también prohibir a los manifestantes la utilización de caretas, pasamontañas o cualquier objeto que tape el rostro, de tal forma que no se pudieran filtrar reventadores o provocadores en la marcha”.

Enseguida afloró el sentido represor de su iniciativa: “La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes”.

Ya de plano el diputado del MC se lanzó contra los ciudadanos: “Por otra parte, la sociedad debe comprender que ningún derecho es absoluto y que su accionar se limita hasta donde empieza el derecho de las demás personas”.

El diputado del MC, Evencio Romero, explica que en su iniciativa, en el capítulo primero, sobre disposiciones generales, establece “la importancia de regular en caso de ser necesario, el uso de la fuerza que ejercen los cuerpos de seguridad pública de la entidad, en cumplimiento de sus funciones para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, así como mantener la paz pública, a fin de fomentar y preservar el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

En el capítulo segundo “se hace referencia a las autoridades que intervienen en la presente ley de manifestaciones públicas de nuestra entidad”.

En el capítulo tercero se señalan los derechos y obligaciones de los manifestantes.

En el capítulo cuarto “se establece que los responsables de los cuerpos de seguridad pública asignarán armas conforme a la función a desempeñar, solamente a los elementos que aprueben la capacitación establecida para su uso y sólo podrá usar las que les hayan sido asignadas”.

El capítulo quinto refiere que “cuando se encuentre en riesgo la protección a los derechos humanos de las personas,  las instituciones o la paz pública, los elementos podrán utilizar la fuerza, bajo los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, inmediatez y proporcionalidad”.

Menciona también los distintos niveles en el uso de la fuerza: “persuasión o disuasión verbal, a través de la utilización de palabras o gesticulaciones, que sean catalogadas como órdenes, y que con razones permitan a la persona facilitar a los elementos cumplir con sus funciones; reducción física de movimientos, mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se someta a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que el elemento cumpla con sus funciones; la utilización de armas será el último recurso a fin de someter la resistencia violenta extrema de una persona que se encuentre armada”.

En el capítulo sexto dice que “la capacitación que reciban los elementos de los cuerpos de seguridad pública, deberá ser constante, buscando su profesionalización y se basará en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Los programas de formación, capacitación y actualización de los mencionados elementos, comprenderán técnicas de solución pacífica de conflictos, entre ellas la negociación, conciliación y la mediación, y otros medios lícitos que limiten al máximo el uso de la fuerza”.

Pero contrario al capítulo quinto, en el capítulo séptimo, sobre las manifestaciones públicas, “establece que en ningún caso los elementos de los cuerpos de seguridad pública podrán dispersarlas haciendo uso de armas de fuego”.

El capítulo decimo, menciona que “las personas afectadas con motivo del uso ilícito de la fuerza por parte de los elementos, cuando así haya sido determinado por la autoridad competente, tendrán derecho a que se les pague la indemnización correspondiente, previo procedimiento que exijan las leyes de la materia”.

Piden al gobernador crear el Instituto de Defensa Pública

Luego, en la aprobación de los puntos de acuerdos, de trámite, sin discusión y por unanimidad, los diputados aprobaron todos: primero el de la diputada Luisa Ayala Mondragón, quien propuso exhortar al Ejecutivo estatal para que cumpla con lo estipulado en la Ley de Defensa Pública del Estado y cree el Instituto de Defensa Pública e integre el Consejo Consultivo con dos representantes de las facultades de derecho; uno de los colegios de abogados; uno de organizaciones civiles dedicadas a la asesoría y patrocinio legal gratuito; uno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; uno del Tribunal Superior de Justicia, y uno más del Poder Ejecutivo.

La diputada explicó que a la fecha el gobernador no ha publicado esta disposición de la ley desde agosto del 2012.

Sesiones solemnes por el bicentenario

Asimismo, los diputados aprobaron que para conmemorar el Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, Los Sentimientos de la Nación y la Declaración de Independencia de la América Septentrional, realizarán sesiones solemnes en los municipios donde se desarrollaron las principales campañas militares de José María Morelos en territorio guerrerense.

Esto es en Ometepec, Tecpan, Tixtla, Tlalchapa, Tlacotepec, Chilapa, Acapulco, Tepecoacuilco, Atenango y Taxco, antes y después de llegar a Chilpancingo para llevar a cabo la Primera Asamblea Legislativa Nacional y dar a conocer los Sentimientos de la Nación.

El presidente de la Comisión para los festejos, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, dio a conocer que las sesiones solemnes se realizarían el próximo 26 de mayo en Tixtla, e 15 de junio en Tlalchapa, el 10 de julio en Tlacotepec, el 16 de agosto en Chilapa, el 20 en Acapulco, el 11 de septiembre en Iguala, el 5 de octubre en Tepecoacuilco, el 5 de noviembre en Atenango del Rio y el 6 de diciembre en Taxco.

Luego, a propuesta de la diputada Julieta Fernández Márquez, del PRI, se exhortó al gobienro del estado a que constituya formalmente el Consejo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, para cumplir con lo estipulado en la Ley número 817 para las personas  con discapacidad del estado y que en las zonas urbanas se realicen obras para favorecer a estos sectores.

Pero no corrió la misma suerte el diputado Rodolfo Escobar Ávila, del PRI, a quien no le permitieron que su exhorto pasara al pleno como un asunto urgente y fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

El diputado Rodolfo Escobar proponía exhortar a las comisiones Federal de Electricidad  y Nacional del Agua para que ajusten las tarifas  del servicio de energía eléctrica para apoyar  la economía de las familias guerrerenses.