Acordó la CRAC no pagar la fianza porque sus detenidos “no cometieron ningún delito”

Luego de que las autoridades judiciales federales resolvieron la mañana de ayer que de los seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detenidos el lunes en Acapulco, cuatro alcanzaban libertad bajo fianza y dos no, en asamblea en San Luis Acatlán el sistema comunitario acordó no pagar y movilizarse para exigir la libertad incondicional de todos, “porque no cometieron ningún delito”.

La mañana de ayer, en esta capital, el ex coordinador y actual consejero regional de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández informó que ya gestionaba los recursos para pagar de entre 60 a 70 mil pesos para la fianza, y aunque no precisó ante quién o con quién, dijo que se había comunicado con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del gobierno federal, Jaime Martínez Veloz.

Sin embargo, cuando realizaba estas gestiones el ex coordinador recibió dos llamadas que lo desautorizaron para realizar la gestión; la coordinadora de la Casa de Justicia de San Luis, Adelaida Hernández Nava y el asesor Valentín Hernández Chapa.

La primera, incluso lo habría reconvenido porque pensó que estaba gestionando los recursos con el gobierno del estado, puesto que Guzmán Hernández, un tanto alterado, le contestó al teléfono, “con el gobernador Aguirre no estoy pidiendo nada, no he tenido comunicación con él”.

Minutos después, Pablo recibió una segunda llamada, ésta de Valentín Hernández quien le comunicó lo que la asamblea acababa de acordar en ese momento (11 de la mañana): movilizarse en Marquelia, Tixtla, Ayutla y Tlapa, aunque finalmente la gente de Ayutla se trasladó a San Luis y Marquelia.

Asimismo, en la medida de que no fueran liberados los miembros de la CRAC se trasladarían a Acapulco para protestar allá.

Los consejeros acordaron no pagar ninguna fianza y exigir a las autoridades la libertad de los seis de manera incondicional y la entrega de sus armas, “porque no cometieron ningún delito”, puesto que sus actuaciones están sustentadas por la Ley 701 misma que reconoce a la CRAC como un sistema de seguridad y justicia, comentó Pablo Guzmán.

Antes el consejero regional y ex coordinador de la CRAC, dijo que la detención de las autoridades comunitarias fue una actitud “inadmisible” porque ocurrió cuando estaban desempeñando su función como autoridades. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).