Libera la PGR “bajo reserva” a los seis detenidos de la Policía Comunitaria

Mariana Labastida

Los dos dirigentes de la Coordina-dora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y cuatro policías comunitarios fueron liberados ayer después de 24 horas de su detención en la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Acapulco acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La PGR informó a los abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan que habían quedado en libertad bajo “las reservas de ley” y que no se había pagado ninguna fianza, aun cuando por la mañana se fijó una fianza de 62 mil pesos para cuatro de los seis detenidos, que eran los que dijeron inicialmente que podían quedar en libertad.

Por su parte, la coordinadora de la CRAC en San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava, informó que continuarán los bloqueos a la carretera en Marquelia mientras no les regresen las armas y vehículos que fueron decomisados  por el Ministerio Público federal.

Por la mañana, el abogado de Tlachinollan y defensor de los detenidos, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que ante el agente del MP se expusieron los argumentos legales que protegen el sistema comunitario y que la falta de reglamentación de la Ley 701 para determinar el uso de las armas es responsabilidad del gobierno, no de los comunitarios.

A las 5:30 de la tarde, a 24 horas de haber sido detenido, fue liberado el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, y el policía comunitario Israel Reyes Cruz; quienes según se había informado no tenían derecho a fianza por el tipo de arma que llevaban cuando fueron detenidos este lunes en el bulevar de Las Naciones.

Una hora y 20 minutos antes la PGR dejó en libertad al otro coordinador, Raúl de Jesús Cabrera, al comandante Leonel Vázquez, y a los policías comunitarios Fermín Raymundo Martínez e Iván López González, que fueron detenidos luego de la revisión al armamento que portaban y se les señaló de traer armas prohibidas.

El lunes, los coordinadores y policías comunitarios venían a bordo de dos camionetas rotuladas de la Casa de Justicia de la CRAC de San Luis Acatlán, en las cuales traían a dos menores de edad con un acompañante; se detuvieron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en el bulevar de las Naciones, a preguntarle a un taxista la ubicación de las oficinas de la PGR a la que llevarían a los menores a un examen antidoping.

Ahí fue donde los rodearon unos 40 marinos, militares y policías federales, que se encuentran generalmente afuera de las instalaciones del tribunal, quienes revisaron sus armas y detuvieron a los seis, explicó al salir de la PGR el coordinador Cabrera.

“El gobierno nos puso un cuatro”

En declaraciones a los reporteros, éste reiteró que avisaron  del traslado a Acapulco a la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, e incluso ejemplificó que pasaron el retén del Ejército en el crucero que va a Barra Vieja, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, donde los detuvieron y les permitieron continuar.

“Dimos nuestros datos, a qué veníamos, y nos dijeron pásele  y pedimos sugerencia de qué lugar podrían hacer el análisis (a los adolescentes)”, recordó Cabrera, y enfatizó que cuando fueron detenidos pidieron hablar por teléfono con el secretario de Go-bierno, Humberto Salgado, lo que se les negó y el Ejército desarmó “a nuestra gente”.

“Nos queda claro que el gobierno nos puso un cuatro, porque habíamos dado nuestros datos, a qué hora íbamos a entrar y cuando salimos”, dijo y agregó que entendía que se trata de presiones políticas. “Estamos cumpliendo, atendiendo a la sociedad que necesita el apoyo y nos detienen, que es un delito y nos tratan como si fuéramos delincuentes, a uno de nuestros elementos le cortaron cartucho cuando lo subieron a la patrulla”, denunció.

De Jesús Cabrera recordó que la policía comunitaria tiene 17 años de servicio, y que ahora les dicen que están fuera de la ley, cuando en “algunas declaraciones del mismo gobernador, donde reconoce el trabajo de la policía comunitaria, dónde está lo que reconoce él en este momento?”.

A su salida de las instalaciones de la subdelegación de la PGR, dijo que “un compañero” había promovido el pago de la fianza que les asignaron, 12 mil pesos a él, de 15 mil a Fermín Raymundo Martínez e Iván López González y de 20 mil al comandante Leonel Vázquez, quienes llevaban una pistola 380 que pasaron los militares por 9 milímetros, dos pistolas calibre 45 y una más calibre 9 milímetros, respectivamente.

También informó que “supuestamente” les dijeron que el otro coordinador, Eliseo Villar Castillo, y el policía comunitario Israel Reyes Cruz no alcanzaban fianza, por lo que habían quedado aún detenidos.

De las armas que traían de uso exclusivo del Ejército, el coordinador dijo que han sido decomisadas, que no las pueden vender y hacer negocio, por eso es que las están usando en el resguardo que hacen los integrantes del sistema comunitario.

Después de quedar en libertad,se les informó que estaban libres bajo las reservas de ley, que mientras se sigue el proceso jurídico no pueden salir del estado y que cuando lo requiera el MP federal tendrán que acudir.

De manera extraoficial una fuente de la Procuraduría manifestó que fueron liberados por no considerarlos un riesgo y ser parte de un sistema de seguridad, que el tiempo que estuvieron detenidos fue para asegurarse de que estaban diciendo la verdad.

Mientras que Adelaida Her-nández manifestó que las movilizaciones que empezaron este martes continuarán mientras no les regresen las armas decomisadas y las dos camionetas Ram 2013 en las que se trasladaron y que fueron aportadas una el gobierno del estado y la otra el ayuntamiento de San Luis Acatlán. Además piden la devolución de los teléfonos celulares de los dos coordinadores y de dos policías que no les entregaron con sus pertenencias.

Detención arbitraria

Por la mañana, Vidulfo Rosales denunció que en la subdelegación no les daban información de los delitos por los cuales habían sido detenidos, en una “franca violación a las garantías constitucionales de todo detenido”.

Dijo que desconocían su situación jurídica, e incluso calificó como “arbitraria” la detención; horas después informó que se les fijó fianza a cuatro y que dos no tenían derecho por el tipo de arma que potaban, una M1 recortada y un rifle calibre 9 milímetros.

Rosales Sierra expuso que la detención es una agresión al sistema normativo de los pueblos indígenas y a la Policía Comunitaria, por solidarizarse con las luchas justas, en referencia al respaldo que dieron al Movimiento Popular Guerrerense encabezado por los maestros de la CETEG.

El abogado enfatizó que la Policía Comunitaria es un ente legal respaldado en la Ley 701, por lo que exigió se respetara dicho marco normativo e invitó al gobierno federal y estatal a que asuman con responsabilidad esa ley que “en ningún momento prohíbe ni establece limitantes para saber en dónde puede operar la Policía Comunitaria y qué armas puede tener” y resaltó que no se puede imputar a la Policía Comunitaria la falta de reglamentación de la misma.

Rosales Sierra explicó que en la ley se establece que ellos están facultados para realizar tareas de seguridad pública y tomar provisiones necesarias para resguardar su seguridad durante las mismas, y en el caso del traslado a Acapulco estaban cumpliendo con una labor y no realizando otras funciones como vigilancia o rondines en el municipio.

Al medio día, Rosales indicó que la asamblea de la CRAC  acordó no pagar la fianza de los cuatro detenidos, por lo que estaban en espera de la consignación de los seis al reclusorio, y después se solicitaría una ampliación del plazo de 72 a 144 horas para demostrar su inocencia y argumentar con la Cons-titución, acuerdos internacionales y la ley estatal las funciones de los policías comunitarios y el porqué la portación de las armas.

Posteriormente dejaron en libertad a los primeros cuatro mientras seguían los comentarios de que a Villar y un policía serían trasladados al penal de Acapulco, lo que finalmente no sucedió y también fueron dejados libres.