Aguirre es responsable de la detención de los 25 estudiantes, dicen dirigentes de Ayotzinapa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron que el gobierno del estado hace un uso faccioso del aparato de justicia para criminalizarlos y reprimirlos, porque no van a desistir de su demanda de justicia por el asesinato de dos normalistas el 12 de diciembre de 2011, en una conferencia de prensa donde presentaron a algunos de sus compañeros detenidos el martes por la Policía del Estado cuando hacían boteo en la carretera Chilpancingo-Iguala y liberados por la madrugada.

El comité directivo estudiantil responsabilizó de la represión al gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque después del desalojo donde fueron asesinados dos de sus compañeros, los estudiantes han sido detenidos dos veces en el paraje conocido como Casa Verde, en el entronque que conduce a Filo de Caballos, y traslados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), primero por policías federales el 10 de noviembre de 2012, y el martes por policías estatales.

En las dos ocasiones fueron liberados sin cargos, pero en la PGJE les tomaron fotografías y recopilaron sus datos personales.

Los estudiantes recordaron que el 27 de abril fueron amenazados por policías estatales, cuando realizaban una actividad de difusión en el punto conocido como la Y Griega en Ayotac de Álvarez, incluso el abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que los estudiantes han presentado seis demandas por agresiones, pero la Procuraduría sólo resuelve aquellas que son contra los alumnos.

Indicó que del 12 de diciembre de 2011 a la fecha, ya suman 12 las denuncias penales por daños a varios empresarios del servicio público contra los estudiantes, pues una de las estrategias de lucha de los normalistas de Ayotzinapa es la retención de autobuses para sus traslados a actividades culturales, para participar en protestas o hacer colectas en la vía pública.

En la conferencia, el vocero del comité estudiantil, José Solano Ramírez, ratificó el respaldo de la Normal Rural a los integrantes Policía Comunitaria, que también fueron detenidos en Acapulco, en una diligencia propia de sus funciones y liberados el mismo día; así como al Movimiento Popular Guerrerense que mantiene su jornada de lucha en la ciudad de México contra la reforma educativa.

Entre los estudiantes detenidos el martes, sólo uno de ellos tenía la marca de un golpe cerca del ojo izquierdo, y se supo que otro tenía ámpulas de quemaduras en el brazo y hombro, pero se reservaron de hablar sobre los detalles.

Sobe la detención en Casa Verde denunciaron que a las 5:30 de la tarde 25 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente, torturados y maltratados, en un operativo de más de 100 policías estatales, sólo dos alumnos que participaban en esta actividad regresaron por sus medios a la escuela al día siguiente.

Dijeron que antes de someterlos hubo disparos al aire, y en el traslado al Instituto de Formación Policial (Infocap) los jóvenes fueron víctimas de golpes, así como de tratos crueles y degradantes. Una vez turnados a la PGJE continuó el maltrato antes de su liberación, “porque no había elementos para procesarlos”.

Detallaron que los policías se quedaron con su dinero personal, con el fondo que reunieron en tres horas de boteo, y sus mochilas, memorias USB y celulares.

Informaron que desde el 11 de noviembre del año pasado han sido perseguidos permanente en las carreteras federales por soldados y marinos, policías ministeriales, federales y el martes por la policía estatal, que los obligan a desalojar las vías federales.

Reconocieron que la Secretaría de Educación Guerrero ha buscado condicionar la publicación de la convocatoria y los recursos de la escuela, para que dejen sus estrategias de lucha, sin embargo, insistieron que desde marzo no les han entregado el presupuesto de la ración alimenticia, ni las becas para estudiantes, detenidas porque se sumaron al movimiento contra la reforma educativa.

Dijeron que con estas acciones se confirma la intención deliberada de las autoridades estatales y federales para criminalizar, reprimir y perseguir a los estudiantes de la Normal Rural que ha tenido una voz crítica ante gobiernos que favorecen a los ricos.

Reclamaron que en vez de procesar a los asesinos materiales e intelectuales de dos estudiantes muertos en un desalojo policiaco, hacen uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones estudiantiles, así como continúan reprimiendo y estigmatizando al normalismo rural.

El abogado Rosales Sierra denunció que existe una estigmatización y una represión sistemática contra la Normal que no corresponde a una sociedad democrática. Señaló que existe una estrategia de descalificación abierta en la mayoría de los medios de comunicación, que favorece su criminalización.

“Los llaman ayotzinapos, estudiantes vándalos y eso genera un ambiente propicio para que la represión del Estado sea legítima, por eso es algo cotidiano que los detengan”, pero aclaró que se está violentando el derecho a la manifestación pública como mecanismo de expresión política, de transparencia y de rendición de cuentas.

Insistió en que detener a los estudiantes y someterlos a un proceso judicial es parte de una cadena represiva que va desde la estigmatización a la descalificación, y la represión, donde todo el aparato de justicia se pone al servicio del gobierno del estado, y en contra de los estudiantes.

Aclaró que van a consensar con los estudiantes la posibilidad de presentar otra demanda, porque hubo un uso excesivo de la fuerza. Los estudiantes anunciaron la creación de una nueva cartera en el comité directivo, de derechos humanos, para que se dé seguimiento a los casos impunes de los estudiantes.