El gobernador se conduce con “mentiras”, reprocha Rosalinda Vargas Barrera en su tercer día de ayuno

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La señora Rosalinda Vargas Barrera, que ayer cumplió tres días en huelga de hambre, lamentó que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, se siga conduciendo con “mentiras y engaños”, cuando se deslindó de su caso al manifestar que la única responsabilidad del gobierno del estado con respecto a las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la de realizar la investigación y que son las dos mujeres, ella y su hija Elizabeth Olguín Vargas, las que no han acudido a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a rendir su declaración.

Éste fue su tercer día en huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno. El ayuno lo comenzó ella a las 10 de la mañana del lunes; tres horas después, se sumó su hija Elizabeth Olguín Vargas y después de otras 3 horas se sumó su hijo Alejandro Olguín Vargas. Los tres, ayer, aún no habían sido visitados por ningún funcionario del gobierno estatal.

A las 2 de la tarde de ayer, llegó personal de la Unidad de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación para realizar un análisis de riesgo con el fin de que el gobierno federal determine si le otorga las medidas de seguridad. Pero Vicente García Esparza, responsable de realizar éste análisis, se negó a emitir declaraciones a los medios de comunicación, después de que se había reunido con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.

En respuesta a un boletín que fue emitido el martes por el gobierno del estado y en el que se informa que en una reunión del 22 de abril en la Secretaría de Gobernación sólo se acordó que “el gobierno del estado otorgará de manera excepcional la implementación de acompañamiento personalizado hasta el día 9 de mayo de 2013”, Vargas Barrera dijo que el deslinde del gobernador indica que quiere seguir manteniendo las “mafias y delincuentes” que hay en su gobierno y a quienes ella ha venido denunciando como los responsables de las amenazas y hostigamiento a ella y a sus hijos.

Con su huelga de hambre, doña Rosalinda y sus dos hijos piden el cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que envió al gobierno mexicano y que consiste, principalmente, en remover los factores de riesgo tanto humanos como materiales, para que ella y su hija Elizabeth puedan presentarse a declarar ante la Procuraduría de Justicia sobre el secuestro de Elizabeth, ocurrido en el 2009 y que no ha sido investigado.

Pero el gobierno del estado se deslindó de esta recomendación pues en su boletín informó que sólo le compete integrar la averiguación previa del caso pero que las dos mujeres no han querido presentarse a declarar hasta que les garanticen la seguridad de la Policía Federal. Además, dijo que el compromiso es que “la Secretaría de Gobernación realizará una evaluación de riesgos a las beneficiarias y convocará a una nueva reunión de seguimiento a más tardar en la segunda semana del mes de mayo” y que será la Policía Federal la que “mantendrá contacto directo con las beneficiarias para garantizar su integridad física”.

Sin embargo, ayer Vargas Barrera respondió que esos fueron los acuerdos a los que llegaron en la reunión del 18 de marzo entre el gobierno federal y estatal, pero que el gobernador omitió los acuerdos de la reunión del 30 de octubre del 2012 en la que estuvieron representantes de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos en Casa Guerrero.

Recordó que fue en esa reunión donde el gobernador Aguirre se comprometió a remover los factores de riesgo, para que ella se pudiera presentar a declarar sin temor por el secuestro de su hija. Uno de estos factores de riesgo que según Rosalinda se comprometió a remover el gobernador es la directora de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, de la dirección general de Atención a Procesos Jurídicos del gobierno del estado, América Beatriz Román Irubide.

Según doña Rosalinda esta funcionaria fue la responsable de integrar mal la averiguación previa del secuestro de su hija Elizabeth Olguín, y motivo de que todavía no se haya esclarecido el crimen y detenido a los responsables.

Agregó que en esa misma reunión el gobernador se comprometió a sancionar a otros funcionarios que manipularon el expediente que se integró por el caso del secuestro de su hija. Además de cumplir con otros factores de riesgo como el reforzamiento de su casa, pero dijo que esto último se cumplió a medias.

En cuanto al deslinde de su seguridad, al manifestar que le corresponde al gobierno federal, Vargas Barrera respondió que es obligación del gobierno estatal dar garantías de seguridad a todos los ciudadanos, y más aún cuando hay de por medio una recomendación de la CIDH.

De los acuerdos del 18 de marzo entre la secretaría de Gobernación y el gobierno del estado, denunció que tampoco se han cumplido, pues el compromiso fue realizar un análisis de riesgo por la Secretaría de Gobernación del 22 de abril al 5 de mayo, que no se cumplió pues fue hasta ayer que llegó personal de la Unidad de Derechos Humanos de esa dependencia federal a levantar el análisis de riesgo.

Otro compromiso, agregó, fue que el gobierno estatal le brindaría seguridad hasta el 9 de mayo, cuando hubiera un resultado del análisis de riesgo para saber si requería seguridad de la Policía Federal. Denunció que el domingo cuando se trasladaba a esta capital para comenzar su huelga de hambre, el lunes, los policías estatales que la acompañarían le dijeron que se trasladarían con ella sólo si les daba para la gasolina.

“Es lamentable que el gobernador se siga conduciendo con mentiras y engaños, el incumplimiento de su parte a los acuerdos de la reunión del 30 de octubre del 2012, no sólo lo digo yo, estuvieron representantes de organismos de derechos humanos que pueden atestiguarlo”.

Dijo que el deslinde que está haciendo de su gobierno con respecto a su caso, es porque no quiere que se castigue a sus funcionarios “mafiosos” que tiene en su gobierno, “y es un mensaje de que va a seguir apoyando a la delincuencia que hay dentro de su gobierno”, denunció.

Ayer, una asistente de Vicente García Esparza, de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, entrevistó durante más de dos horas a doña Rosalinda Vargas y a sus dos hijos que permanecen en huelga de hambre afuera del Palacio de Gobierno. Mientras, el responsable de la Unidad se entrevistó con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.

Al salir, el funcionario se negó a declarar a los medios de comunicación, pues dijo que todo lo que se tenga que decir del caso, es Rosalinda Vargas la que tiene que declarar, “yo no estoy autorizado”, dijo.

Al cumplir ayer tres días en ayuno, Vargas Barrera y sus hijos Elizabeth y Alejandro, fueron revisados por un médico de la Codehum, quien encontró a doña Rosalinda con la presión alta. Mientras que Alejandro Olguín tenía su presión arterial baja.

Extrañamente, a partir de ayer, a un costado de donde se encuentra el campamento de los tres ayunantes, se colocó una vendedora de quesos, chorizo y carne enchilada. La mujer expone su producto a un metro de donde se encuentran los huelguistas.