Proponen mujeres al Congreso reformas a la Constitución para garantizar igualdad de género

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses presentó a la Comisión de Equidad y Género del Congreso local su agenda legislativa para la igualdad sustantiva en la representación política de las mujeres y hombres del estado, que plantea modificaciones a la Constitución del estado, a la ley de instituciones y procedimientos electorales, a la ley orgánica del municipio libre y al Tribunal Electoral del Estado (TEE).

En la organización convergen mujeres de los diferentes partidos políticos, principalmente PRI, PRD y PAN, y se creó a partir de la exclusión de varias de ellas a las candidaturas en 2010 para la elección de 2011.

De la Comisión de Equidad y Género del Congreso estuvieron la presidenta, la perredista Ana Lilia Jiménez Rumbo, Verónica Muñoz Parra del PRI y la panista Delfina Concepción Oliva Hernández, y entre las integrantes de la red estuvo la coordinadora estatal, Muriel Salinas Díaz, la priista Pilar Vadillo Ruiz, Emperatriz Basilio Goitia del PRD y la ex magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, que afirmaron tener una organización de ya 200 integrantes.

Ahí recordaron a las diputadas que la legislación local no está adecuada o no garantiza sus derechos consagrados en la Convención contra Toda Forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Alma Delia Eugenio recordó que en los espacios de representación popular hay una sub representación de mujeres con sólo cuatro de los 81 municipios del estado, siete de las 86 sindicaturas que existen y nueve de 46 diputaciones.

Propusieron una agenda legislativa para reformar y derogar disposiciones de la Constitución, entre los que está la modificación al artículo 25, en el que se establecerá que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), integrado actualmente sólo por hombres, se deberá constituir atendiendo y garantizando la paridad de género.

Ese principio también lo deberá respetar el Congreso del estado para la designación de magistrados en el TEE, y en ambos casos los suplentes deberá ser del mismo género.

Y plantea que los partidos tienen la obligación de asegurar la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular de mayoría relativa y de representación proporcional y en la integración de los órganos directivos de los institutos políticos.

En el artículo 97 se plantea que sigan existiendo las regidurías de representación proporcional, pues argumentaron es donde las mujeres encuentran la oportunidad de obtener espacios.

Para eso se propone que en las elecciones las planillas se integren por presidente y síndico o síndicos y se registre una lista de candidatos a regidores de representación proporcional.

También llevaron la propuesta de reformar y adicionar la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado; en su artículo cinco se establecería que es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos garantizar la paridad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para su acceso a cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Otra reforma es la del artículo 14  en su fracción 22, en la que se prevén sanciones para quien denigre o discrimine a las mujeres candidatas, que puede ser distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar su ejercicio político.

También se instituye como violencia política por causa de género, todas las acciones o conductas agresivas que causen daño físico, psicológico, económico, patrimonial, moral o sexual, para impedir, limitar o restringir sus derechos políticos, entre otro tipo de agresiones, que serán sancionados con la inhabilitación del causante directo así como de terceros beneficiados por las agresiones, además de que tendrá que pedir una disculpa pública.

En el artículo 59 se plantea establecer que los partidos políticos aumenten del dos al 10 por ciento de sus prerrogativas para la capacitación, promoción y desarrollo del “liderazgo político de las mujeres”.

De las propuestas, las diputadas se limitaron a felicitar a la red y se comprometieron a programar mesas de trabajo e incluirlas en la reforma integral a la Constitución del estado.

PGJE priva el derecho de interrupción de embarazo

Después, la ex diputada local e integrante del Colectivo Nosotras, María Luisa Garfías Marín, en una segunda e inmediata reunión con las diputadas locales, recordó que en 2011 consiguieron que se elaboraran los lineamientos en la Secretaría de Salud (Ssa), en los que se establece que cuando hay un embarazo por violación, inseminación forzada, o los médicos diagnostiquen malformación, pueden iniciar un procedimiento legal para la práctica del aborto.

Lo que no se lleva a la práctica porque las agencias especializadas en delitos sexuales, incluso sus titulares, no informan de sus derechos a las mujeres que denuncian violación.

Comentó que en los casos en los que las víctimas de violación conocen su derecho de abortar, los servidores públicos “les han dado largas”.

La también consejera de la junta local del Instituto Federal Electoral (IFE) comentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le entregó estadísticas en las que de 2011 a la fecha registraron 880 casos de mujeres que denunciaron violación y pidieron interrumpir su embarazo.

De las 880 mujeres, sólo a tres se les practicó la interrupción del embarazo en un plazo no mayor de cinco días a partir de la presentación de la denuncia, lo que consideró una omisión de las autoridades, y recordó también que en Guerrero la cuarta causa de mortalidad materna es el aborto, ya que muchas mujeres deciden interrumpir el embarazo de manera clandestina.