Vence el plazo para que el gobierno dé seguridad a Rosalinda Vargas; cumplen cuatro días de ayuno

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

La profesora Rosalinda Vargas Barrera informó que ayer fue el último día en el que ella y su hija tendrían resguardo policiaco del gobierno del estado, justo cuando cumplió cuatro días de ayuno en las puertas del Palacio de Gobierno para exigir que se cumplan las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Desde el lunes, Rosalinda Vargas y dos de sus hijos, Alejandro y Elizabeth Olguín Vargas están en huelga de hambre para exigir al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que elimine entre seis y ocho factores de riesgo que ponen en peligro la seguridad de su familia y no le han permitido acudir a la Procuraduría del estado a declarar.
El resguardo con el que contaban, que era esporádico, se les otorgó debido a que en el 2009 fue secuestrada Elizabeth y recibieron amenazas de policías ministeriales y personal de la Procuraduría del Justicia.
En entrevista, Rosalinda Vargas recordó que ella y su familia cuentan con medidas cautelares que les otorgó la CIDH, así como protección personal luego del secuestro de su hija, en el que dijo que participaron funcionarios que laboran en esta administración.
Agregó que en octubre del 2012 se reunió con el gobernador y la procuradora, Martha Elva Garzón Bernal y acordaron que en cumplimiento con las medidas cautelares sería resguardada por agentes de la Policía Estatal Acreditable.
Denunció que el gobierno del estado retiró el resguardo que le habían asignado por haber participado en una de las marchas que realizó el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en contra de la reforma educativa, en Acapulco.
Mencionó que la fecha límite para ser resguardada era ayer, sin embargo, desde el inicio su situación era irregular porque los agentes de seguridad no estaban todo el tiempo custodiándola.
Por su parte, el gobierno del estado dijo en un comunicado que las medidas de seguridad para Rosalinda Vargas y su hija consistían en rondines y teléfonos de emergencia a cargo de la Policía Federal.
Que su compromiso era el de realizar la investigación sobre el secuestro de Elizabeth, mediante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Y que las medidas de atención psicológica serían brindadas por la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal. Por lo que el gobierno del estado “solamente tiene el compromiso, a través de la representación social de la entidad, de integrar y determinar conforme a derecho la indagatoria correspondiente”.
En el comunicado se dice que en reiteradas ocasiones las interesadas han manifestado que no comparecerán ante el Ministerio Público hasta que cuenten con medidas de seguridad.
Agrega que el 22 de abril se llevó a cabo una reunión en la que participaron autoridades federales y estatales, así como las beneficiarias de las medidas cautelares y sus representantes y acordaron que la Secretaría de Gobernación realizará una evaluación de riesgos a las beneficiarias y convocará a una nueva reunión de seguimiento a más tardar en la segunda semana de mayo, mientras la Policía Federal mantendrá contacto directo con ellas para garantizar su integridad física. Y el gobierno del estado otorgará “de manera excepcional” el  acompañamiento personalizado hasta el 9 de mayo de 2013, que fue ayer.
La quejosa desmintió el comunicado del gobierno del estado y recriminó que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero se deslinde de los acuerdos que pactaron, por ello, dijo que continuará con la huelga de hambre y responsabilizó a las autoridades estatales del deterioro de su salud y la de sus hijos.