Por su despido, presenta una queja en la CNDH la ex delegada de Profeco

La ex delegada de Profeco, Nidia Valdez Sánchez, informó ayer en Acapulco que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el hostigamiento del procurador federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, y seis funcionarios de la dependencia para despedirla.
En conferencia de prensa en el restaurante del hotel María Eugenia, dijo que ella manifestó por escrito su disposición a renunciar el 21 de enero mediante un oficio dirigido a Benítez Treviño, pero que se le diera su liquidación “conforme a derecho”.
En respuesta, dijo que los nuevos funcionarios empezaron a hostigarla, a acusarla de corrupción y malos manejos.
Valdez estuvo en la delegación Guerrero de Profeco de agosto de 2011 hasta enero de 2013, cuando el encargado de despacho de la Dirección General de Delegaciones, Carlos Alberto Esparza Vázquez, “de forma déspota e intimidatoria” le pidió su renuncia
Como no accedió a las pretensiones del recién llegado funcionario, en enero la enviaron a Tamaulipas, donde fue delegada del 15 de enero al 30 de marzo, y después a Nayarit, donde sólo estuvo 17 días porque ahí fue despedida acusada de malos manejos y corrupción en la delegación Guerrero.
Valdez dijo que los señalamientos son falsos, porque la acusaron de que faltaban 470 expedientes, pero al revisar la documentación encontraron que sí estaban y que quien hizo la auditoría omitió revisarlos.
La queja ante la CNDH es contra siete funcionarios de la Profeco, incluido el procurador Benítez; el director general de delegaciones, Silvio Lagos Galindo; el titular del Órgano Interno de Control, Rafael León Barrios; el titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control, Manuel Eduardo Tirado Becerril; el titular de la unidad de Comunicación Social, el subprocurador jurídico y el titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos.
Nidia Valdez espera que la CNDH emita una recomendación a la Profeco para que se apegue a la ley, porque se violó su derecho a la presunción de inocencia y mediante boletines la acusaron de corrupción, mala administración e irregularidades.
Agregó que el proceso para exigir su liquidación por despido están en proceso por otra vía. (Daniel Velázquez)