La CRAC amplía sus demandas y dirige a Peña Nieto y Aguirre un pliego petitorio de diez puntos

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) emplazó ayer en un pronunciamiento al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a responder un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que se encuentra la devolución de sus vehículos y el armamento que les fue recogido a los dos coordinadores, al comandante y a tres policías comunitarios la tarde del lunes, así como el derecho al uso de armamento de alto calibre y el libre tránsito en todo el territorio estatal y nacional.
La CRAC rechaza, asimismo, “enérgicamente toda actitud arbitraria mostrada por el gobierno estatal y federal, ante nuestras garantías individuales y colectivas como pueblos originarios”.
El documento fue aprobado en asamblea en la Casa de Justicia de esta población, la mañana de ayer, a la que asistieron los integrantes del sistema comunitario de las cuatro casas de justicia, ubicadas en esta cabecera municipal, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso.
El pronunciamiento, firmado por los 13 coordinadores de las cuatro casas de justicia, manifiesta que los pueblos que integran la CRAC “se encuentran indignados por las acciones de hostigamiento, represión y privación ilegal de la libertad y la violación a nuestras garantías individuales y colectivas que hemos enfrentado en estos últimos días”.
Reprochan al presidente y al gobernador que estas acciones de hostigamiento se han venido dando a pesar de que el sistema comunitario de justicia ha demostrado en los últimos 18 años que ha bajado los índices de delincuencia en el territorio comunitario.
“La CRAC ha demostrado su capacidad a través de un sistema normativo propio identificado como usos y costumbres, el alto interés de contribuir directamente a la construcción de una democracia participativa en la aplicación de la justicia y seguridad en nuestro territorio, ya que durante muchos años el derecho positivo implementado y aplicado a través de los ministerios públicos del fuero común, así como de los juzgados de primera instancia que pertenecen al sistema oficial, han demostrado alto grado de insensibilidad y corrupción hacia los ciudadanos indígenas y no indígenas de nuestro estado de Guerrero”, expresa el pronunciamiento.
Y agrega que ante la crítica situación “en la que hemos sido objeto de humillación, arbitrariedad y negligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, una vez más exigimos respeto hacia nuestras autoridades, coordinadores, comandantes y todos los elementos de la Policía Comunitaria, tomando en cuenta los tratados y convenios nacionales e internacionales que estipulan los derechos de los pueblos indígenas, así como nuestro reglamento interno, con el afán de construir a la solución del conflicto que nos ocupa”.
Y en este contexto la CRAC reclama al presidente Peña Nieto y al gobernador Aguirre Rivero, reconocimiento y respeto a la Ley 701 sobre los derechos y cultura de los pueblos originarios de Guerrero; derecho al uso de armamento de alto calibre; libre tránsito de la Policía Comunitaria dentro del territorio estatal y nacional; la devolución de dos patrullas, ocho armas cortas y 10 armas largas decomisadas por los militares y la Marina el lunes 6 de mayo, además de las pertenencias personales de nuestros compañeros”.
En el punto 5 piden la devolución de una pistola Pietro Beretta 9 milímetros que fue decomisada al segundo comandante de El Troncón, municipio de Tixtla, Nahúm Santos Bartolo, el 7 de abril pasado.
Otras de sus demandas es la cancelación de las averiguaciones previas integradas en la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Acapulco en contra de los coordinadores Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, así como el comandante Leonel Vázquez Leal y los policías comunitarios Iván López González, Israel Reyes Cruz y Fermín Raymundo Martínez.
Además demandan la cancelación de la causa penal 21/2013 integrada en la mesa 1 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, a nombre del policía comunitario Marga-rito Oropeza Ignacio, y la devolución de la fianza de 13 mil pesos más 12 mil de honorarios del abogado que llevó el caso. En este mismo caso piden la devolución del arma que le decomisaron al policía, una 38 súper.
En el punto 8 piden la cancelación de la averiguación previa MON/55 2011 del Ministerio Público de Malinaltepec, integrada en contra del coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Nicasio Castro Agustín.
En el punto 9 demandan la exoneración del integrante de la CRAC, Raúl Manzanares Navarrete, recluido en el penal de esta población por el delito de homicidio, y en el punto 10 demandan la intervención del gobierno del estado ante la Secretaría de la Defensa Nacional para la autorización de la licencia colectiva 110 a la CRAC-PC.
El pronunciamiento fue firmado por los coordinadores regionales Eliseo Villar Castillo, Tiburcio Lorenzo Regino, Ade-laida Hernández Nava, Raúl de Jesús Cabrera, Nicasio Castro Agustín, Amador Cesáreo Rosa-les, Camerino Méndez Galindo, Cirilo Vázquez Cayetano, Adol-fo Francisco Lorenzo, Leonardo Evaristo Ortiz, Carlos Morales Chávez, Bernardino García Francisco y Margarito Ramírez Micaela.