Ni partidos ni grupos financian su lucha, responde el Movimiento Popular

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Movimiento Popular Guerrerense aceptó que hay un acercamiento con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para dar garantías a los maestros que regresaron a sus centros de trabajo, pero subrayó que el único interlocutor de su lucha es el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

Esto luego de que la noche del jueves entregaron las oficinas centrales de la SEG, tras 74 días que estuvieron cerradas, para resolver “asuntos secundarios” como la retención de salarios, trámites de incidencias (que se refiere a la distribución de horas libres por retiro o permiso) y jubilaciones, a los que se les tienen que dar salida.

El vocero Jerónimo Maurilio Morales anunció que las retenciones de salarios que aplicó la secretaría la primera quincena de mayo, por el paro de labores, se liberaron el jueves y viernes, y lo relativo a las órdenes de aprehensión y autos de formal prisión a maestros movilizados sigue en proceso y en manos del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y de Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz).

Reiteró que el diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero está agotado, pero a nivel estatal se dio un primer acercamiento que no los distrae de su objetivo principal: transitar a la lucha nacional en contra de las reformas estructurales.

En la ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde participa el magisterio disidente de Guerrero, ya instaló un plantón para exigir que sus planteamientos sean considerados en las leyes secundarias de la reforma educativa.

Por otro lado, Maurilio Morales deslindó al Movimiento Popular Guerrerense de los señalamientos del gobernador Ángel Aguirre Rivero en una entrevista de televisión, donde dejó ver que la guerrilla, el narcotráfico y grupos políticos (sin precisar nombres) financiaron el movimiento magisterial en Chilpancingo durante más de dos meses.

El gobernador también señaló en un programa de Televisa la madrugada de ayer, que es muy costoso mantener un plantón tanto tiempo.

Maurilio Morales puntualizó que el Movimiento Popular es limpio, está luchando en contra de la reforma educativa y otras reformas que representan atropellos para todos, y que viene implementando el gobierno contra la población.

Consideró que el gobernador puede decir muchas cosas, “pero los que estamos aquí somos maestros dignos que luchamos sin financiamiento de partidos, ni de los grupos que menciona el gobernador, sólo con nuestro salario y con el apoyo de la sociedad”.

En una conferencia de prensa afuera del plantón representativo que aún mantienen en Chilpancingo, también declaró que el Movimiento Popular (que encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero) repudia las acciones del gobierno estatal contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y de dos comandantes y cuatro policías comunitarios de San Luis Acatlán.

En Chilpancingo, 25 alumnos normalistas fueron detenidos y llevados a la PGJE, y los integrantes de la Policía Comunitaria, en Acapulco, por el Ejército y la Marina, pero los dos grupos fueron liberados después unas horas.

El vocero del movimiento ratificó el respaldo total a la organización estudiantil y de seguridad y justicia comunitaria, y anunció que se está realizando en las comunidades una consulta popular para definir si se solicita la desaparición de poderes en el estado, cuyos resultados serían presentados cuando lo defina la asamblea estatal.

Al insistirle sobre las órdenes de aprehensión contra maestros por los destrozos a edificios públicos y sedes de partidos, que ratificó el gobernador, así como en el proceso judicial a cuatro maestros a quienes este jueves el juez primero del ramo penal, Leoncio Molina Delgado, dictó auto de formal prisión, aclaró que no confía en la justicia del estado para resolver el proceso judicial.

“Sabemos de antemano quién es el gobierno estatal, no confiamos en él, pero las organizaciones sociales (Tlachinollan y Serapaz) están dando seguimiento a este proceso legal, y como decimos en las consignas, ni retención ni salarios podrán detenernos”, dijo.

Los trabajadores de la educación, Genaro Guevara Hernández, Césareo Rosendo Feliciano, José Lucas Juárez y Mauro Lázaro García, fueron detenidos después de la marcha del primero de mayo que se realizó en Chilpancingo, encerrados en cárceles federales por 12 horas, y liberados al siguiente día en el marco de una mesa de trabajo nacional con el subsecretario de gobernación en la ciudad de México.

Reconoció que en el expediente de la PGJE un defensor de oficio de la PGJE es el responsable de la defensa de sus compañeros, pero reiteró que Serapaz y Tlachinollan están dando seguimiento, no sólo a estos casos, sino a todos los que tienen órdenes de aprehensión.

Señaló que no saben con precisión cuántos son, porque el gobernador ha manejado 39, pero de manera extraoficial se habla hasta de 70.

Del deslinde de una organización del Movimiento Popular, y de la publicación de una fotografía del gobernador con líderes sindicales que participaron en la lucha contra las reformas estructurales, reconoció que la organización se va depurando, “los que van a estar a favor de la sociedad y los que están con el gobierno”.

Confió en que el movimiento, que se encuentra en una etapa de reorganización, regrese con mayor fuerza y contundencia en las acciones que convoque la CNTE a nivel nacional.

“Seguimos sosteniendo que el movimiento es fuerte, aunque el plantón es representativo siguen las reuniones con los padres de familia, de por sí el magisterio tenemos compromiso con ellos para sacar el ciclo escolar, y recuperar clases en función de los acuerdos con los padres de familia”, expresó.