El Centro Tlachinollan y Serapaz serán sus defensores legales, anuncia la CETEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los procesos penales contra dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense serán retomados jurídicamente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz), que ya intervinieron en la liberación de cuatro trabajadores de la educación acusados de sedición y motín, pero ahora en una mesa de negociación con el gobierno federal.
Informó lo anterior el dirigente magisterial Manuel Rodríguez Gálvez, quien adelantó que en este momento el movimiento se encuentra en espera del seguimiento a los procesos penales y del cumplimiento de acuerdos pactados con autoridades del estado, que se alcanzaron a través de la mesa con la federación y la intermediación de organismos civiles y de derechos humanos.
Incluso señaló que el director de Serapaz, Miguel Álvarez Gándara, se encuentra en el estado para ver el conflicto de la Policía Comunitaria, y por separado el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, confirmó que estaba en puerta una reunión con el Movimiento Popular.
Sobre el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de rompimiento del diálogo con el gobierno federal por la falta de acuerdos en el punto de la evaluación de la reforma educativa, pidió no dejarse guiar por lo que dice la prensa y esperar noticias de sus compañeros.
En tanto, indicó que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) espera el cumplimiento de acuerdos con la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en un plazo de ocho días, como se acordó con la titular Silvia Romero Suárez en la reunión del jueves en el Palacio de Gobierno, y tras la cual liberaron las oficinas centrales de la dependencia, cerradas dos meses y medio.
También se supo que ese día estuvieron en el Palacio de Gobierno el delegado de Gobernación federal, Juan Salgado Brito, y el subdelegado Vicente García, previo al reencuentro de la CETEG con los funcionarios del gobierno del estado, luego que el magisterio disidente y el gobernador Ángel Aguirre Rivero declararon que no había interlocución posible.
Rodríguez Gálvez detalló que los acuerdos con la SEG consisten en la liberación de los salarios –que ya se concretó–, y dar salida a todos los asuntos pendientes de gestoría laboral, rezagados desde 2012, antes de la aprobación del nuevo modelo normativo para el reordenamiento de personal, que también generó conflictos durante su implementación.
Por otro lado, señaló que tienen registradas lagunas escuelas con maestros sustitutos, de los que Romero Suárez se deslindó en la reunión del jueves, y les explicó que fueron los ayuntamientos quienes los contrataron, porque la convocatoria fue abierta.
El dirigente advirtió que el conflicto podría complicarse, porque en las escuelas de la Montaña alta existe la consigna de encerrar a los maestros que intenten suplir a los docentes de las comunidades.
Entre los asuntos abordados con la SEG, también demandaron que dejen de aplicar sanciones administrativas con fines políticos y de corrientes ideológicas, para reprimir a los maestros movilizados. Confió que tras el acuerdo no se tengan problemas en este sentido.
Dijo que la gestoría laboral responde a un proyecto de recategorizaciones que se elaboró mucho antes con las autoridades educativas, para distribuir las horas remanentes que quedaron por jubilaciones, que se acumulan y distribuyen de acuerdo a las necesidades de cada área y de cada región, que las autoridades retrasan por política sindical y cuestiones ideológicas.