Ernesto Villanueva

Michoacán: crimen de Estado

Hasta hoy pensaba que el crimen organizado y el narcotráfico eran el principal problema de seguridad e ingobernabilidad en Michoacán. Hoy, tras reunirme con víctimas de desaparición forzada en Morelia y verificar los documentos de los que tengo copia, me queda la convicción de que existe crimen de Estado, por orden u omisión del gobernador interino Jesús Reyna, como también pasó con Leonel Godoy, como una modalidad adicional, pero separada de los miembros del crimen organizado. Me quedé sin palabras al ver niños huérfanos, viudas, hijas que los une un lazo común: el agravio del Estado contra la integridad personal de ellas y de los suyos. ¿Qué decir cuando las fuerzas del orden a las que las sociedad les paga para asegurar la seguridad son los autores de los casos de torturas, muertes, desaparecidos, amenazas sin que pase nada? De la cúspide a la base la comisión de delitos está viva. Veamos sólo dos casos emblemáticos de lo que aquí afirmo.

Primero. Laura Orozco Medina, ahora una joven abogada, habitante de Nuevo Zirosto perteneciente al municipio de Uruapan, tenía hasta hace algunos años el sueño de ayudar a su padre en sus negocios. Hoy lo hace en circunstancias muy distintas. Al hablar con ella me sorprende su aplomo  y su deseo de seguir su cruzada para pedir justicia porque las fuerzas del orden, incluidos militares, policías ministeriales, municipales, agentes del ministerio público le quitaron de tajo todos sus sueños. El 20 de diciembre del 2007 un grupo de militares acompañados de policías ministeriales sin orden de cateo, ni de aprehensión, intentó extorsionar a su padre. Al no ceder robaron la casa, se llevaron un auto y se llevaron a su hermano José Iván Orozco Medina, a quien lo trasladaron al retén militar ubicado entre Peribán y Copetiro, le tomaron unas fotos y lo dejaron ir para regresar por él acusándolo de portación de armas exclusivas del Ejército y drogas. Cinco años después, el Lic. Marcelino Ángel Ramírez, juez octavo de distrito, le otorgó a José Iván la libertad absolutoria, de acuerdo con el oficio 2604 con expediente 32725/2007. Esto pone de manifiesto que le fueron “sembradas” las drogas y las armas, perdiendo, de entrada, cinco años de su vida. La insistencia en exigir justicia ante las autoridades competentes provocaron la desaparición forzada del padre de Laura, Leonel Orozco Ortiz, Leonel Orozco Medina y Moisés Orozco Medina, cuyo paradero aún se desconoce. La carta enviada al procurador del Estado, Plácido Torres Medina, y las solicitudes de audiencia jamás fueron respondidas. Hoy Laura, como abogada, ayuda para encontrar el paradero de su padre y sus hermanos. Para mayor desgracia, sus tierras que habían permanecido en custodia de sus tíos les fueron quitadas, aprovechando que en estas zonas no se acostumbra registrar las propiedades en el Registro Público de la Propiedad, sino que la compraventa se hace a través de contratos privados, lo que genera que muchas propiedades estén en la incertidumbre jurídica. La distinguida jurista Susana Thalía Pedroza de la Llave, entonces segunda visitadora de la CNDH, en la recomendación CNDH/2/-2008/217/Q dirigida al gobernador Leonel Godoy jamás tuvo respuesta, tampoco ha dicho nada Jesús Reyna. De esa misma recomendación la SEDENA abrió la averiguación previa 21ZM/35/2008/ESP ¿No son suficientes 5 años para que el procurador de justicia militar Gral. Brig. J.M. y Lic. Jesús Gabriel López Benítez haya tenido avances y hechos públicos para demostrar que la justicia militar actúa?

Segundo. Diana Yalith de la Sierra García es otro ejemplo muy claro de cómo las fuerzas del orden del gobierno del estado de Michoacán constituyen, en su mayoría, parte del crimen organizado que no está afuera, sino dentro y cobrando en la nómina con el dinero de usted y el mío. En efecto, el 25 de julio de 2012, David Silva García fue privado de su libertad sin ninguna orden de aprehensión, ni de presentación por los tripulantes de las patrullas de la PGJE 608, 547, 310, 315 y 025 del Grupo de Operaciones Especiales sin que hasta hoy se sepa de su paradero, constituyendo otro caso de desaparición forzada con la aparente aquiescencia del procurador Plácido Torres Pineda que se negó a recibir a Diana Yalith, acaso por formar parte de ese gran universo de personas anónimas que tienen derechos sólo de manera formal. Por el contrario, la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se han convertido en origen de amenazas, extorsión, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de cientos de personas, según la lista separada de los “levantones” del crimen organizado externo (por llamarlo de alguna manera) preparada por el COFADDEM – una asociación de víctimas de desaparición forzada de Michoacán- que así como a Diana Yalith quien quedó sola a cargo de sus tres hijos pequeños sin el apoyo del sustento paterno.

Tercero. La invisibilidad de estas personas de a pie y el silencio de la sociedad por temor a represalias generan un caldo de cultivo para que se reproduzca este infeliz fenómeno que erosiona la convivencia social. El arribo de Jesús Reyna como gobernador ha complicado las cosas al reproducir las zonas donde casi nadie está a salvo. Reyna fue subprocurador y procurador de justicia y conoce de primera mano estas fuentes de ingresos no auditables.  Si lo anterior no fuera poco, la PGJE y la SSP generan campañas de la existencia del “crimen organizado” que pone “narcomantas” como estrategia de generar un clima de pánico social. No es posible saber cuáles son efectivamente labor de los cárteles y cuántas de la propia PGJE y de la SPP para generar cortinas de humo para obtener recursos adicionales de la Federación “para combate al crimen”. En efecto, se trata del programa Subsemun (Subsidio para la Seguridad en los Municipios) que se maneja en la más absoluta opacidad “por seguridad”. Con ello se hace posible la lógica del más increíble absurdo: por cada oveja cuya integridad es cuidada por los coyotes, más dinero reciben del Subsemun. Este incentivo perverso debe desaparecer por el bien de todos.

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