Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Los chismes de Aguirre y Graco

Si fuera seria la acusación del gobernador Angel Aguirre Rivero, de que el movimiento magisterial de Guerrero está financiado por el narcotráfico y por la guerrilla, transformaría por completo el escenario estatal y desvirtuaría no solamente la movilización de los maestros de la CETEG, sino de todas las organizaciones que la apoyan. Asimismo, cabría esperar acciones gubernamentales contundentes, legítimas, contra los grupos del crimen organizado inmiscuidos en las protestas.

Pero nada de eso ocurrirá, porque la acusación del gobernador carece de toda seriedad y él sería el último en mostrar congruencia con sus palabras. Ese dardo venenoso, lanzado la medianoche del jueves pasado en una entrevista en el Canal 2 de Televisa, tuvo el único propósito de desacreditar una vez más –esta vez en la pantalla del canal de televisión más visto del país– el movimiento social encabezado por los maestros.

Algo parecido –y también de esa forma irresponsable, sin exhibir pruebas ni citar documentos– ha declarado reiteradamente el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, pero no sobre los maestros de su estado sino sobre los de Guerrero, contra quienes ha solicitado “aplicar” la ley. Quién sabe si la histeria de Graco Ramírez haya tenido alguna influencia en Aguirre, el caso es que lo que ambos hicieron fue propagar un chisme de baja estofa, una despreciable calumnia que no corresponde a la responsabilidad que ejercen. Al gobernador Ángel Aguirre esas tretas lo describen fatuo y vengativo frente a los grupos sociales que exhiben su incapacidad para reaccionar en el terreno de los conflictos, porque no había ninguna necesidad de que acentuara su animadversión hacia la CETEG después de que, como él mismo lo había declarado días atrás, el conflicto magisterial está agotado en lo que al estado se refiere. Es posible que su declaración haya tenido el objetivo de satisfacer a Televisa, pues fue notoria la insistencia de la conductora Adela Micha en sacarle esa postura. Por su parte, Aguirre estaría interesado en volver al lecho de la televisora después de la campaña de críticas emprendida el año pasado en los noticieros de esa empresa con motivo de los nombramientos que entregó a muchos de sus familiares. Si fue así, entonces es tantito peor.

Según todas las evidencias, en efecto el conflicto desatado por la CETEG terminó en Guerrero. Sin ser resuelto, y bajo un inexplicable hermetismo por parte de la organización magisterial, cuyos dos principales dirigentes ahora parecen desaparecidos después de la intensa presencia pública que sostuvieron a lo largo de dos meses. Ni los propios maestros saben dónde están y qué hacen desde hace diez días Gonzalo Juárez y Minervino Morán, pues ni siquiera han sido vistos en las negociaciones que la CNTE mantiene con la Secretaría de Gobernación. (Se equivocan, ellos o la dirigencia de la CETEG y del Movimiento Popular, si suponen razonable su repentino desplazamiento al anonimato o la clandestinidad, aun si fuera por motivos de seguridad o por el temor a que sean detenidos).

Ahora el conflicto está localizado en el plano nacional, por lo que las negociaciones de la CNTE se realizan en la Secretaría de Gobernación, con una participación menguada de los representantes de Guerrero. Sin embargo, no parece que allí los maestros que se oponen a la reforma educativa estén siendo tratados mejor que en Guerrero. A pesar de que el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, recibió las propuestas de la CNTE y las hizo llegar al Congreso para su presunta incorporación al proyecto de ley reglamentaria de la reforma educativa, nada garantiza ni se sabe que hayan sido incorporadas. Lo que sí se sabe es que, como sucedió con la reforma constitucional, existe ya un acuerdo entre los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) dentro del Pacto por México para aprobar con presteza esa reglamentación. Es muy probable, pues, que Gobernación esté aplicando a la CNTE la clásica receta de atole con el dedo, mientras se pone de acuerdo con los partidos para consumar en el Congreso la aprobación de una ley reglamentaria al gusto de Los Pinos. Lo mismo que sucedió aquí.

La Policía Comunitaria

En la entrevista con Televisa, Ángel Aguirre no reparó en elogios a la Policía Comunitaria y a los grupos de autodefensa. Al escucharlo, cualquier persona ignorante de la situación del estado no podía imaginarse que precisamente en ese momento estaba en curso un conflicto entre la Policía Comunitaria y el gobierno, que ponía en duda todo el palabrerío del gobernador. Menos podía saber que cuatro días antes ese mismo gobernador había dispuesto la detención de tres jefes y tres policías comunitarios, en un operativo militar y policiaco que tuvo toda la pinta de una celada. Es evidente que el gobierno de Aguirre empleó con muy mala fe, por decir lo menos, el aviso formal que la CRAC envió a la Secretaría de Gobierno para anticipar el traslado de una comisión de la Policía Comunitaria a Acapulco. Esa conducta, la utilización del Ejército y la Policía Federal, y la reclusión durante unas 24 horas de los representantes comunitarios en la PGR, con el pretexto de que llevaban armas de uso militar, por cierto nunca visibles, pues eran pistolas, refleja el interés de Aguirre por acabar con la Policía Comunitaria. A su vez, ese objetivo podría tener su origen en otras motivaciones.

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