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Se reestructura la autodefensa de la UPOEG para “que no digan que somos paramilitares”, dice un comandante

Mariana Labastida

 

Ayutla

 

Comunidades de cuatro municipios de la Costa Chica solicitaron su incorporación al Sistema de Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), informó el comandante regional, Ernesto Gallardo Grande.

Agregó que el SSC está fortaleciendo su estructura en las comunidades, con comisarios y comisariados ejidales para que no se les acuse de ser grupos paramilitares y su restructuración incluye los acuerdos que han tenido con el gobierno del estado.

El comandante confirmó que esa organización, que nació como un grupo de autodefensa en Ayutla el 6 de enero, ya tiene presencia en Acapulco por el lado de Tierra Colorada y San Marcos y precisó que la respuesta a todas las comunidades que solicitan integrarse es que se organicen y hagan sus asambleas y luego recibirán el respaldo de la organización.

Los documentos oficiales de la organización son firmados como Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario.

El domingo, los integrantes de esa organización se reunieron en privado en un salón de fiestas en Ayutla, en entrevista, el comandante regional informó que recibió solicitudes de comunidades de los municipios de Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Juchitán, y Azoyú para integrase a ese sistema. Los municipios con influencia del grupo de seguridad de la UPOEG son Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, San Marcos, Copala, Cuautepec, Marquelia y Juan R. Escudero (Tierra Colorada).

Gallardo Grande dijo que analizará la incorporación de las comunidades que lo están solicitando, de ser aceptadas se les dará capacitación de cómo trabajan en el sistema que no sólo es de seguridad, sino también del proyecto de desarrollo de las comunidades.

Luego de la denuncia del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui del ingreso de grupos de autodefensa en comunidades de Cacahuatepec, el comandante regional admitió que “sí hay gente” en Acapulco, pero aseguró que a petición de los habitantes que solicitaron incorporarse.

Agregó que en Xaltianguis como en comunidades de Cacahuatepec les han pedido unirse al sistema, a lo que ellos han dicho que son los pueblos los que tienen que conformarse, formar sus policías y pedir la integración formal, que de ser aceptada “nosotros daríamos el respaldo”.

Aseguró que sus grupos se están estructurando para “que no digan que somos grupos paramilitares”, por ello recordó se firmó un convenio con el gobierno del estado “para que las cosas no se salgan fuera de lo normal, sino que sea la estructura la encargada”.

De lo dicho por el sociólogo y sacerdote colombiano, Leonel Narváez Gómez, de que con el narcotráfico y las autodefensas las cosas en México van a empeorar, el comandante regional dijo que tal vez el problema en Colombia fue que no concentraron a las comunidades como en Guerrero, para que los grupos no se salgan de control.

“Aquí el freno que tenemos es de las comunidades, no somos grupos, somos puestos por el pueblo, es el pueblo el que nos va llamando la atención, corrigiendo y si la riegas en reuniones grandes también son destituciones que se van haciendo, porque aquí las autoridades: comisarios y comisariados tienen el control” y agregó que el movimiento es “pacífico, limpio y de los pueblos”.

 

No a cualquiera puede darle el gobierno el poder, dice de la CRAC

 

De las acciones de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y policía comunitaria, que desarmaron a los policías municipales de San Luis Acatlán y a los de Malinaltepec y detuvieron a policías ministeriales y preventivos estatales luego de la detención de dos coordinadores, un comandante y tres policías comunitarios, Gallardo Grande dijo que es una forma de presión para que les regresaran los vehículos que les decomisó el Ejército y la Marina en Acapulco.

Enfatizó que la CRAC debe de respetar los acuerdos y avisar cuando se tiene que trasladar fuera de sus comunidades, porque deben de respetarse las leyes en lo que se refiere al uso de armas exclusivas del Ejército.

El comandante regional, Ernesto Gallardo enfatizó que “ahorita” la CRAC ya no tiene armas no permitidas como se acordó, y que “están en diálogo para destrabar el asunto del armamento, porque no a cualquiera puede darle el gobierno el poder”.

Ayer por la tarde, en Tecoanapa, el promotor de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez informó de los avances que tienen en las peticiones que han hecho para el desarrollo de las comunidades.

De los cobros de energía eléctrica dijo que esa organización analiza que a los usuarios de la tarifa comercial se les apoye con el pago del 20 por ciento de la deuda que tengan, aunque dijo desconocer cuánto representa.

García Rodríguez dijo que también se analiza la iniciativa de ley que presentaran los diputados en cuanto a los proyectos sustentables y que esperarán 15 días a que los presidentes municipales de los municipios donde tienen presencia el SSC les informen qué proyectos de obra y productivos se realizarán.

De lo dicho por el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, de incorporar las policías ciudadanas a las rurales, Crisóforo García dijo que ellos escuchan todas las propuestas, que hay respeto entre las policías ciudadanas y el gobierno y que en su momento serán las asambleas de las comunidades las que aprueben o desaprueben dicha incorporación. Agregó que mientras eso suceda seguirán capacitando a las estructuras para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

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