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Tlachinollan: debe el gobierno respetar acuerdos y no detener a más de la CRAC

Zacarías Cervantes

 

Chilpancingo

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que espera que el gobierno del estado y federal cumplan con su compromiso de no ejercer más detenciones en contra de las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), sobre todo el 17 de mayo, cuando se trasladarán a la ciudad de México a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Entrevistado vía telefónica, el abogado, quien fue el intermediario para la instalación de una mesa de diálogo entre funcionarios del gobierno estatal y federal y las autoridades de la CRAC, después de que la organización indígena tenía detenidos al secretario de acuerdos del juzgado, José Luis Bernabé Fernández; al comandante de la Policía Ministerial, José Juán Ortíz Piza y a cuatro de sus agentes, informó que en la reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación se instalarán tres mesas: una de seguridad, otra de justicia y una tercera de territorio.

Agregó que espera que las autoridades federales y estatales cumplan con su parte, porque en la mesa de diálogo que comenzó el viernes por la tarde y terminó el sábado con la entrega de los detenidos, la devolución de las dos camionetas y las pertenencias de los coordinadores Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, así como del comandante Leonel Vázquez Leal y tres policías comunitarios que habían sido detenidas en Acapulco el lunes 6 de mayo, por militares, elementos de la Marina y policías federales, se puso fin al conflicto.

“Y entendemos que en ese sentido están las condiciones para que los compañeros se trasladen a la ciudad de México, sin temor a las represalias”, manifestó el abogado.

Agregó que por su parte, la CRAC ya cumplió con la entrega de los detenidos –incluidos el director de Seguridad Pública de San Luis Acatlán, Javier de la Paz Castillo, y sus siete policías– y que ahora esperan ver que las autoridades federales y estatales cumplan también con su parte y den apertura al diálogo, pero sobre todo que resuelvan las demandas pendientes de la organización.

El abogado informó que en la reunión con las autoridades de Gobernación se darán prioridad a tres temas: el de seguridad, en la que se establecerán los mecanismos de coordinación entre la CRAC y las autoridades estatales y federales, así como la autorización de una licencia colectiva por parte de los elementos de la Policía Comunitaria para la portación de armas de alto calibre.

La segunda mesa será la de justicia, en la que se tratará el caso de todos los procesos penales abiertos, averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de la CRAC. El abogado informó que de 2001 a la fecha, suman 56 procesos penales en contra de autoridades de la CRAC.

El tercer tema informó que será el de territorio, que tiene que ver con la petición de la CRAC para que se cancelen las concesiones que se han autorizado a mineras extranjeras para la explotación de minerales en La Montaña y Costa Chica. Así como la cancelación del proyecto de la reserva de la biósfera. En esta mesa, las autoridades de la CRAC van a exponer la solicitud de proyectos productivos, informó finalmente, Rosales Sierra.

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