Rubén Aguilar Valenzuela

Una nueva Guatemala

La condena de 80 años de cárcel al dictador guatemalteco, general Efraín Ríos Montt (1926), no devolverá la vida a miles de indígenas, comunidades enteras, que fueron masacrados sistemáticamente entre marzo de 1982 y agosto de 1983, los 18 meses que él gobernó su país, pero sí marca un antes y un después en la aplicación de la justicia en Guatemala.

El militar en retiro, que ahora tiene 86 años, fue declarado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad, el pasado viernes 10 de mayo, en un juicio y un fallo que no tiene antecedentes en el sistema judicial guatemalteco. De manera específica se le declaró responsable del asesinato de mil 771 indígenas de la etnia Ixil, en el Departamento del Quiché, entre los que había muchos niños.

En esos años, la estrategia contrainsurgente implementada por Ríos Montt y el Ejército guatemalteco contemplaba, entre otros elementos, “quitar”, se debe entender como aniquilar, a la “base social” que pudiera apoyar a la guerrilla. En 1982, el general se hizo del poder con un golpe de Estado y lo perdió en una acción similar perpetrada por sus compañeros militares, en 1983.

El Tribunal que lo juzgó, argumentó, entre otras cosas, que lo realizado por el dictador “rebasa todo nivel de entendimiento humano”. El genocida, a pesar de la contundencia de las pruebas, en un juicio que se hace 30 años después de los hechos, lo descalificó diciendo que se trataba de un “show político internacional” y que se declaraba inocente porque él “nunca manchó sus manos con sangre”.

La condena leída por la presidenta del Tribunal, Jazmín Barrio, sostiene que Ríos Montt siempre estuvo informado de la estrategia contrainsurgente, de las masacres de los indígenas, del acoso contra las culturas originarias y el “ensañamiento”, “perversión brutal” y “trato inhumano” en contra de los indígenas. El Tribunal argumenta que el dictador pudo haber puesto freno a la estrategia de exterminio de la población indígena.

Los crímenes ordenados por Ríos Montt no son los únicos. El antropólogo jesuita, Ricardo Falla, ha documentado las matanzas cometidas por el Ejército contra los indígenas, con un extenso y detallado trabajo de campo en las distintas zonas de Guatemala, durante los años de la guerra que van desde finales de los años setenta hasta 1996 cuando se firma de la paz entre el gobierno del presidente Álvaro Arzú y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que agrupaba a las organizaciones guerrilleras.

Los años de la guerra dejaron en Guatemala más de 250 mil muertos y desaparecidos, la gran mayoría indígenas de diferentes etnias. Los activistas de derechos humanos y los organismos protectores de los mismos a nivel nacional e internacional celebran que el Estado guatemalteco con este acto haya reconocido, por fin y de manera oficial, la existencia del “genocidio” perpetrado contra los indígenas.

El presidente de la República, el general retirado Otto Pérez, que en sus años de juventud, ya como oficial, participó en la guerra contrainsurgente desde que inició el proceso contra el ahora declarado “genocida” se comprometió a respetar la resolución del Tribunal cualquiera que fuera. Al conocer la sentencia dijo que “Guatemala avanza dentro del respeto de los valores democráticos. Hace 20 años, un proyecto de esta naturaleza era, sencillamente impensable”.

La defensa de Ríos Montt ya “recurrió la sentencia”, lo que hará que el llamado “juicio del siglo” se prolongue todavía algunas semanas más. Quienes siguen de cerca el caso piensan que ya no habrá marcha atrás, pero que si es posible que el genocida, por su avanzada edad, pase los años que le quedan en arresto domiciliario y no en la cárcel.

Twitter: @RubenAguilar