Salgado Gómez, un político de la vieja guardia, deja una estela de conflictos

Daniel Velázquez

El tres veces secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, tuvo una participación discreta en la resolución de los conflictos que ha enfrentado el gobernador Ángel Aguirre Rivero en los primeros dos años de su gobierno.

Salgado Gómez, originario de Tierra Caliente y priista del viejo régimen, fungió como secretario general de Gobierno en el periodo de Alejandro Cervantes Delgado entre 1981 y 1987, donde conoció a Aguirre Rivero, y después se integró al gabinete de Aguirre Rivero en el periodo interino de 1996 a 1999.

La tercera ocasión que despachó como titular de Gobierno empezó en abril de 2011, de nuevo con Aguirre Rivero.

Durante los dos años como secretario general de Gobierno el caso más emblemático fue su intervención en el desalojo violento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

De acuerdo con un libro publicado por el ex procurador Alberto López Rosas sobre los hechos ocurridos el 12 de diciembre, titulado Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades, fue Humberto Salgado quien dio la orden de que al desalojo de los normalistas acudieran los policías ministeriales, quienes luego fueron acusados de ser los responsables del doble asesinato y por esa razón fueron encarcelados los agentes Ismael Matadama Salinas y Rey David Cortés Flores, quienes fueron liberados el pasado 23 de abril después de permanecer 16 meses en prisión.

Por el desalojo violento de los normalistas fueron separados de sus cargos el procurador Alberto López Rosas y el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, quienes actualmente enfrentan un juicio político en el Congreso local por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su presunta responsabilidad en aquellos hechos.

El ex subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola Ibarria, y el director de la Policía Ministerial, Antonio Valenzuela Valdez, también dejaron sus cargos.

El informe final de la CNDH en su numeral 237 señala que en el desalojo violento de los normalistas no existió la “debida diligencia” entre el ex comisionado general de la Policía Federal y el gobernador Ángel Aguirre para atender la manifestación de los estudiantes, “en atención a que no estuvieron informados de manera adecuada y oportuna acerca del desarrollo que el operativo estaba generando; lo anterior con el objetivo de mantener el control del mismo y estar en posibilidades de coordinarse institucionalmente para que la manifestación no se tornara violenta, se garantizara la seguridad de las personas, inmuebles y muebles que estaban en el lugar, e incluso para preservarlo una vez que ocurrieron los mismos”.

El informe de la CNDH reportó que en la represión a los estudiantes normalistas participaron 168 servidores públicos y pidió que se deslindaran responsabilidades, “no sólo de los que participaron directamente, sino también de los que ordenaron y toleraron los abusos”.

Pero la CNDH en su informe público no identifica a los funcionarios, sólo se refiere a ellos como Autoridad Responsable (AR) y un número en orden ascendente.

Otra de las crisis del gobierno del estado surgió en agosto de 2011, como producto de la inseguridad que vive el estado debido al incremento de las ejecuciones que se registraban en Acapulco.

Unos 600 maestros de 140 escuelas de nivel básico de la zona conurbada de Acapulco pararon labores debido a que se sentían intimidados por casos de extorsión y secuestros por grupos del crimen organizado.

En este conflicto el secretario general de Gobierno fue el interlocutor que estableció el gobernador con los maestros, quienes en varias ocasiones rechazaron a Salgado Gómez como intermediario, pues pedían reuniones directas con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien finalmente los atendió y supervisó las medidas de seguridad dispuestas en las escuelas pero Salgado Gómez se mantuvo como interlocutor constante entre los maestros y el gobierno estatal.

Otra de los casos en los que intervino el secretario general de Gobierno fue la desaparición forzada de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, el 7 de diciembre de 2011.

Del caso de la desaparición forzada de los campesinos ecologistas fue acusado de participar un comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Cesáreo Espinoza Palma, alias El Ganso, y a más de un año el caso sigue sin resolverse.

Por este caso el secretario general de Gobierno tuvo reuniones con los familiares de los desaparecidos y organizaciones que exigieron al gobierno estatal su intervención para encontrar con vida a los campesinos ecologistas.

El 2 junio de 2012 el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán se levantó en armas contra la delincuencia organizada; para esa fecha los vecinos mencionaban que tenían registro de al menos 18 secuestros entre los que estaban una joven menor de edad la que estuvo encerrada en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Del conflicto se dijo que fue por diferencias políticas entre grupos inconformes por la designación del alcalde interino Juan Carlos Merino González, quien fue sustituido el 6 de junio por un concejo municipal hasta el 2 de agosto, cuando el Congreso local designó a Arquímedes Nabor Gil Ibáñez como alcalde interino, quien estuvo a cargo de la administración municipal hasta la llegada del nuevo alcalde Johnny Saucedo Romero, elegido el 1 de julio.

A finales de octubre de 2012 habitantes de Olinalá tomaron las armas y el control del municipio ante la indiferencia de las autoridades municipales que liberaron a un presunto secuestrador y homicida de un taxista a quienes los vecinos del municipio habían detenido y entregado a la policía municipal.

Durante casi un mes, vecinos de ese municipio instalaron retenes en las entradas de la cabecera municipal, construyeron barricadas y estuvieron atrincherados hasta que el Ejército y la Marina se hicieron cargo de la seguridad.

El 6 de enero de 2013 en Ayutla surgió el grupo de autodefensa que incluyó a vecinos de Tacoanapa y San Marcos y después fueron incorporándose otras cabeceras municipales como  Florencio Villarreal, Copala, Cuatepec, Marquelia y Juan R. Escudero.

Encabezados por el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, las autodefensas surgidas en Ayutla en un mes detuvieron a 54 personas acusadas de tener vínculos con la delincuencia organizada quienes fueron entregados al gobierno del estado en febrero y fueron liberados en marzo por el gobierno del estado.

El movimiento de autodefensa tomo rápidamente interés nacional y en ese momento empezaron las críticas al gobernador por la ingobernabilidad, por la debilidad de no aplicar la ley para desarmar a los grupos de autodefensa mientras el conflicto se prolongó hasta que intervino la Secretaría de Gobernación federal.

Surgieron intentos por crear grupos de autodefensa en los municipios de Coyuca de Benítez, Cuetzala, Teloloapan e Iguala, casos que fueron atendidos por el gobierno del estado para evitar que tomaran las mismas proporciones que en Costa Chica.

El pasado 24 de abril el grupo de autodefensa firmó un convenio con el gobernador Angel Aguirre, mediante el cual aceptan dejar la autodefensa y constituirse como el Sistema de Seguridad Ciudadana y está en análisis su integración como “apéndice” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado; a cambio recibirán un sueldo de parte del gobierno del estado.