Se reúnen con Rosalinda Vargas funcionarios de bajo perfil que no conocen el caso, se queja la activista

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos informó ayer que ya se dieron los primeros acuerdos entre Rosalinda Vargas Barrera con la Secretaría de Gobernación para que se cumplan las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque se quejó de que tomó el mismo cauce que las anteriores porque los servidores públicos, por su bajo perfil, dijeron desconocer el estado de las investigaciones.

El 11 de mayo la maestra Rosalinda Vargas Barrera y sus hijos Elizabeth y Alejandro Olguín Barrera levantaron su huelga de hambre de cinco días tras acordar con el representante de la Secretaría de Gobernación que se cumpliría con el punto relacionado a la remoción de un factor de riesgo representado por América Beatriz Román Iturbide, incluida dentro de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a la remoción de factores de riesgo humanos que atentan contra la seguridad de los beneficiarios de dichas medidas cautelares.

En seguimiento de dicho acuerdo ayer se efectuó una reunión en las oficinas de Protur en Acapulco Diamante con Vicente García Esparza de la Secretaría de Gobernación, Víctor Hugo Méndez Salgado de la Secretaría de Gobierno de Guerrero, Alejandro Victoriano Pintos Romero encargado de la Fiscalía para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia del Estado, Hugo Damián Ocampo Pérez, director de Evaluación de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan José Gatica Martínez coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, Ramón Navarrete Magdaleno, coordinador de la Región Acapulco de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos.

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández dijo que dicha reunión “desafortunadamente tomó el mismo cauce que muchas otras porque los servidores públicos por su bajo perfil dijeron desconocer el estado de las investigaciones, de los procesos administrativos y fueron enfáticos en decir que no podían comprometerse a cumplir con las peticiones de la señora Rosalinda, olvidando que no son peticiones sino que son las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Rosalinda y su familia tengan acceso a la justicia de manera segura, sin riesgos para su vida y su integridad física”.

Dijo que por ello ante la imposibilidad de que los servidores públicos se pudieran comprometer a tomar medidas efectivas y eficaces y “ante la alternativa de quedarnos a firmar una minuta que avale la nula voluntad política del gobierno del estado para cumplir con sus compromisos, la señora Rosalinda, sus hijos, y los representantes de organizaciones de derechos humanos que la acompañábamos decidimos retirarnos, haciendo patente al representante de la Segob nuestra inconformidad”.

El 30 de octubre de 2012 el gobernador Aguirre se comprometió a despedir a América Beatriz Ramos Iturbide y resolver el problema laboral que no les permite solicitar un cambio de adscripción para disminuir los riesgos.

Pero ayer el representante de la Secretaría de Gobierno acudió a la reunión diciendo no conocer el caso y sus distintas implicaciones administrativas, penales y civiles, cuando se le pidió que en la siguiente reunión estuviera el titular de la Secretaría de Gobierno, se disculpó diciendo que no sabía quién será, ignorando que las relaciones de derecho entre la CIDH y el gobierno mexicano son de tipo institucional y no personal, no importa quien sea, sino lo que importa es el cargo que desempeña con sus atribuciones y responsabilidades.

“Entendemos perfectamente que ayer nos reunimos con representantes de un gobierno del estado de Guerrero con graves problemas y que las principales instituciones que deben resolver la implementación de las medidas cautelares (Secretaría de Gobierno, Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública) están virtualmente acéfalas y que eso dificulta la toma de decisiones. Pero nos preocupa mucho más que se repitan casos como los de Javier Torres Cruz, quien denunció amenazas y aún con medidas cautelares de la Codehum fue asesinado en abril de 2010, o el de Rubén Santana Alonso quien también denunció hostigamientos y amenazas y fue asesinado en febrero de 2011, o el asesinato de Juventina Villa Mojica quien incansablemente denunció las amenazas, los asesinatos de familiares y paisanos y a pesar de tener medidas cautelares de la Codehum y acompañamiento policiaco fue asesinada en noviembre del año pasado”, dijeron.

El 3 de Noviembre de 2010 la CIDH otorgó las medidas cautelares a Rosalinda Vargas y su hija Elizabeth. Están dirigidas al gobierno mexicano cuyo representante es Enrique Peña Nieto titular del poder ejecutivo federal y al gobernador del estado Ángel Heladio Aguirre Rivero, titular del poder ejecutivo estatal, quien a falta de los titulares de sus secretarías y procuraduría, es el único y directamente responsable de la acción u omisión de las instituciones del ejecutivo estatal.

El comunicado manifiesta que “en sus manos está resolver. En su voluntad política está la decisión y el costo político”.