Estancado en la PGJE un proceso contra defraudadores desde 2012, denuncian en Copalillo

Luis Blancas

Chilpancingo

Habitantes de municipio de Copalillo acudieron ayer a la capital, donde denunciaron que el proceso legal por fraude contra la empresa de envío de dinero Orlandi Valuta, propiedad de Oscar Nájera Lavín, se encuentra estancado.

En conferencia de prensa, Cesar Asunción de la Cruz explicó a nombre de los afectados que la empresa se estableció en el municipio hace tres años, que invitaba a sus clientes a que invirtieran su dinero, les enseñaban un tabulador y les hacían creer que si depositaban 10 mil pesos, les regresaban 15 mil en seis meses, por ejemplo.

Familias enteras depositaron hasta 200 mil pesos en el programa, incluso remesas de migrantes que viven en Estados Unidos, por lo que la empresa acumuló una deuda de 20 millones de pesos a 400 pobladores.

Asunción de la Cruz dijo que hay una averiguación previa en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con el numero HID/SC/01/0198/2012 por fraude contra Oscar Nájera Lavín, Javier Nájera Tavira, Blanca Elvia Lavín García, Rogelio Nájera Lavín, Guadalupe Nájera Benítez y María Nájera Benítez, pero no ha habido avances.

Dijo que los dueños de la empresa se fueron del lugar y ahora se encuentra operando de manera irregular en el puerto de Acapulco, por lo que alertó a la ciudadanía para no dejarse embaucar con este servicio.

Comentó que Oscar Nájera Lavín ha informado en los medios que el dinero fue utilizado por razones de seguridad de su familia, sin embargo no les informan cuándo se los regresarán, afectando a familias de Copalillo, Atenango del Río y Huitzuco.

En la conferencia de prensa mostró los pagarés de las cuentas en las que han depositado a la empresa, pero desconocen dónde se invirtieron los 20 millones de pesos.

Dijo que la empresa tiene más de 10 años operando en el municipio, que los habitantes que se encontraban en Estados Unidos mandaban dinero para sus familiares y ellos la utilizaban como caja de ahorro, pero no les devolvían el dinero.

La abogada del caso, Deni Guzmán Toledo se quejó de que la ex titular de la PGJE Martha Elva Garzón Bernal firmó un convenio con los inculpados en agosto del 2012 para negociar los proceso legales de la averiguación previa de Oscar Nájera Lavín y sus familiares, “ahí se ve que la funcionaria se va al lado de los delincuentes y no de los agraviados”.

Hizo un llamado al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a los diputados locales que intervengan para que la empresa devuelva el dinero a los pobladores, además que realice una ley para regular estos “negocios patito” que afectan a los habitantes de bajos recursos económicos.