Desaloja la Profepa a comerciantes de seis enramadas que vendían comida en playa Linda, Zihuatanejo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

En la madrugada de este jueves, en una acción conjunta, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y de la dirección municipal de Reglamentos de Zihuatanejo, con policías preventivos municipales y bomberos, desalojaron una parte de la zona federal de playa Linda que estaba ocupada por seis enramadas en donde se ofrecían alimentos a los turistas.

Uno de los afectados denunció que el desalojo obedeció a que un inspector de Reglamentos, identificado como Octavio Reyes Maciel, les pedía una cooperación económica para darles permiso de poner su enramada en ese lugar.

El desalojo, de acuerdo a uno de los veladores de las enramadas, ocurrió a las tres de la madrugada y concluyó casi dos horas después, cuando llegaron al lugar los inspectores de la Profepa acompañados con unas 40 personas más, entre inspectores de Reglamentos, policías municipales, bomberos y trabajadores de Obras Públicas, que llegaron con una máquina retroexcavadora y cuatro camiones de volteo en los que transportaron los objetos que encontraron en el interior de las enramadas, tales como mesas, sillas, madera y artículos de cocina.

Por la mañana, llegó al lugar uno de los propietarios de las enramadas desalojadas, José Fernando Montaño Jiménez, quien no pudo contener el llanto al ver que sólo quedaban las palabras cubiertas con arena y morillos amontonados de lo que fue su enramada.

Dijo que igual que sus otros compañeros propietarios de las enramadas desalojadas, son personas de escasos recursos, que la mayor parte de su vida se han dedicado a trabajar para otras personas y que ahora que tuvieron la oportunidad de emprender su propio negocio, “vino el gobierno y nos lo tiró”.

Enseguida, acusó que un inspector de Reglamentos, Octavio Reyes Maciel, les pedía dinero para que otorgara el permiso para que pudieran trabajar, “es culpa de él, todo es su culpa”; al mismo tiempo, manifestó que en esa misma franja, hay más ocupantes de la zona federal que no son molestados porque son actuales trabajadores y ex trabajadores del Ayuntamiento, que además de esas enramadas, tienen otros negocios, no tienen tanta necesidad como nosotros”.

Luego dijo que, en su caso, ha hecho los trámites para solicitar una concesión o permiso temporal, sin embargo, en las dependencias correspondientes como la Semarnat, no le han querido recibir su documentación, “no nos dicen por qué”.

Respecto a este desalojo, el subdelegado de Impacto Ambiental de la Profepa, Carlos Hernández Albarrán, informó que se desalojó el área de zona federal conocida como zona ejidal en conjunto con las autoridades municipales.

Explicó que se trata de ocupantes irregulares que solicitaron un permiso al gobierno municipal para colocarse en esa zona y trabajar únicamente durante la temporada vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, “luego de eso, se les invitó a que de manera voluntaria desalojaran las enramadas del área, pero el Ayuntamiento nos informó que hasta la fecha no se habían retirado y que eso estaba dando pie a que fueran llegando más personas a construir enramadas y siguiera creciendo la invasión a la zona federal”.

El funcionario dio a conocer que fueron desalojadas tres casetas con enramada con permanencia fija, dos baños públicos con fosa séptica y seis enramadas en proceso de construcción y horcones de una nueva enramada que se estaba construyendo.

A pregunta expresa acerca del motivo por el que no fue desalojada una caseta a la que solamente la rodearon con cintas precautorias y que de acuerdo a los desalojados, pertenece a un trabajador del gobierno municipal, Hernández Albarrán indicó que no la tocaron porque el propietario de la misma tiene una solicitud de concesión ante la Semarnat y están por darle a conocer el resolutivo de su petición.

Por su parte, en una conferencia de prensa conjunta a la que la dirección municipal de Comunicación Social del Ayuntamiento convocó ayer a la una de la tarde, respecto al desalojo ocurrido en la madrugada, el encargado de despacho de la dirección de Reglamentos, Alberto García Blanco, declaró que “el operativo que se llevó hoy en el ocupamiento (sic) de la zona federal, es simplemente para aclarar la capacidad jurídica y la legalidad que tiene el municipio dentro de, que es únicamente regular el comercio y que nos rigen las leyes y el Bando de Policía y Buen Gobierno y el reglamento interior del municipio, ya lo que es la ocupación y los desalojos los realiza la Profepa por ser su competencia dentro del ámbito federal”.

Añadió que dentro de las atribuciones de la dependencia que encabeza no existe “ni hay una normativa jurídica que nos dé pie a desalojar y nosotros llegar a quitar o desmontar alguna ocupación, es simplemente regular el comercio y ordenarlo y es lo que estamos haciendo”.

García Blanco comentó que por instrucciones del alcalde Eric Fernández, “sin distinción alguna estamos requiriendo las licencias, que cumplan con normativas; somos un municipio que vive del turismo y nos estamos enfocando a que los restauranteros cumplan con los lineamientos que debe de ser, dar un buen trato y un buen servicio al turista, entonces, si los negocios fueron clausurados es porque no cumplían con la normativa que se exige para poder tener la licencia, la desocupación de lo que es la zona federal no nos compete, es única y exclusivamente del gobierno federal y en esta problemática es la Profepa quien liberó el operativo y quien está en sí responsable de, y quienes levantaron las actas y obviamente lo que se llevó a cabo se lo tienen que requerir a ellos, porque ni siquiera nosotros tenemos parte de lo que se llevó a cabo”.