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La ley no limita el libre tránsito de la Comunitaria, dice la CRAC a Aguirre

Zacarías Cervantes

 

San Luis Acatlán

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dijo ayer al gobernador Ángel Aguirre Rivero que ni la Ley 701 ni los convenios internacionales limitan el libre tránsito a la Policía Comunitaria (PC) en el territorio guerrerense, por lo que le pidió que respete tanto a esa organización indígena como a las leyes y reglamentos en los que se sustenta.

Durante el acto realizado ayer aquí, en el que el gobernador colocó la primera piedra para la construcción de la Casa de Justicia de la CRAC en esta localidad, las autoridades comunitarias exigieron respeto a las autoridades estatales y federales.

El gobernador Aguirre Rivero anunció la construcción también de las casas de justicia de Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso. Además, entregó tres ambulancias para la CRAC y 100 equipos de radio comunicación y anunció un incremento de 500 mil a un millón de pesos mensuales para el funcionamiento de la CRAC y su Policía Comunitaria.

Pidió a la organización indígena que no se involucre en política, “porque la CRAC nació hace 17 años con propósitos más nobles”, dijo, y sugirió que quien quiera hacer política que mejor se vaya a los partidos políticos.

Los apoyos oficiales se dieron luego de la confrontación ocurrida entre el gobernador y la CRAC, después de que las autoridades de la organización participaron en las acciones de protesta del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en contra de la reforma educativa, y también después de que la semana pasada militares, marinos y policías federales detuvieron a dos coordinadores, a un comandante y a tres policías comunitarios en Acapulco.

La detención de las autoridades de la CRAC provocó la reacción de la CRAC, que tomó presos a un secretario de acuerdos del Juzgado de esta cabecera municipal, a un comandante de la Policía Ministerial y a 4 de sus agentes. También detuvo al director de Seguridad Pública municipal y a 7 policías de este municipio, y desarmó a 10 policías municipales de Malinaltepec y a 6 de San Luis Acatlán.

Ayer en su intervención el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, leyó un pronunciamiento en el que dijo que el actuar de la CRAC como institución social, en todo momento lo hacemos bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad y nos amparamos como pueblos originarios, en los fundamentos jurídicos plasmados en las leyes,  convenios y declaraciones nacionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Señaló que las leyes locales e internacionales “nos reconocen el carácter de autoridad para todos los efectos legales, por lo que demandamos respeto a la legalidad que nos ampara y nos oponemos a ser arrinconados a jurisdicciones que de manera unilateral  el gobierno ha determinado”.

Dijo que desde hace mas de 17 años “nuestra propuesta como institución comunitaria ha sido la de establecer una coordinación institucional al lado de las instituciones de gobierno, y nunca hemos planteado la salida de las instituciones gubernamentales de nuestro territorio, sabemos perfectamente que los pueblos originarios no estamos obligados a someternos a leyes, decretos y reglamentos donde no se nos tome en cuenta con mecanismos reales de consulta, y demandamos ser sujetos participativos en la construcción de relación de corresponsabilidad”.

Demandó, asimismo, una clara relación de trabajo entre el gobierno estatal y federal con la CRAC, a través de los canales legales y por medio de los representantes formales con facultad de toma de decisiones.

Demandó, además, dar seguimiento y continuidad a los compromisos establecidos con el gobierno del estado, y agregó que hay varias reuniones de trabajo “que han sido de carácter importante con el sistema comunitario y ha habido compromisos que no se han cumplido, necesitamos fortalecer nuestro sistema de seguridad, justicia y reeducación, de lo contrario nos opondremos en todo momento a los intentos de cooptar o manipular a nuestros representantes, autoridades o pueblos con motivo de promesas de apoyos  en obras o proyectos productivos”.

Añadió que la relación con esta organización debe ser clara y respetuosa, “no aquella por la que alguna de las partes se subordine a la otra, sino que se genere de una comunicación permanente en cada una de las partes y nosotros tenemos la libertad de manifestar y defender nuestra institución y estamos en las mejores condiciones de seguir planteando las propuestas necesarias para el desarrollo  de nuestro territorio sin confrontaciones con las instituciones gubernamentales”.

A nombre de la CRAC demandó un plan de seguridad, con el gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Novena Región Militar, “en donde se contemple el manejo de armamento y la obtención de la licencia colectiva 110, así como el libre tránsito de nuestras policías comunitarias en el estado de Guerrero, ya que nuestro sistema de seguridad, justicia y reeducación están reconocidos por la sociedad y para ello ha sido efectiva, por lo cual como institución pedimos que se nos permita ejercer el derecho a la libre determinación, en donde la seguridad también sea fortalecida por la CRAC”. Agregó que este sistema perdurará mientras en los hechos los tres niveles de gobierno no garanticen seguridad ni justicia en territorio comunitario.

El gobernador acudió acompañado de la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI), Nubia Mayorga Delgado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo; el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva; la secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, y el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, además del senador Sofío Ramírez Hernández y el secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve

El gobernador reconoció en su intervención el trabajo de la CRAC en el combate a la inseguridad y marcó la diferencia entre lo que es la CRAC y los movimientos de autodefensa que han surgido recientemente en el estado y el país, pues explicó que los integrantes de la CRAC son reconocidos porque son electos en asambleas y que el compromiso no solamente lo asumen los elementos sino sus familiares.

Resaltó que no son lo mismo los movimientos de autodefensa que acaban de surgir en  diferentes partes del país y la CRAC, “eso yo nunca lo voy a aceptar. Son dos fenómenos y dos condiciones totalmente distintas a las que se viven en una entidad como Guerrero. La CRAC, con esa larga trayectoria de  participación de las comunidades, dentro del ámbito de la seguridad”, explicó.

Recordó que la CRAC nació hace 17 años, y ahora ha seguido un procedimiento ejemplar, porque son las asambleas las que deciden, y “el tener la simpatía y el compromiso de un pueblo significa que cuando alguien se desvía y lo hace mal, no sólo recibe la descalificación, la crítica y el señalamiento a quien asume esas funciones sino también  a la esposa y a los hijos, es una responsabilidad familiar”.

A manera de reclamo a la CRAC, por su apoyo al MPG, al que no mencionó por su nombre, insistió: “el propósito por el que nació la CRAC fue para darle seguridad a su pueblo, ¿no es cierto?”, les preguntó.

“La CRAC ¿nació como un partido político?”, insistió, y  le respondieron que no. “¿La CRAC debe involucrarse en tareas políticas?, no verdad —se respondió él mismo—, para la CRAC sus razones de existencia son otras, porque cuando se mete el aspecto político en proyectos tan nobles como el que tiene la Policía Comunitaria, entonces se desvirtúa todo. Los que quieran hacer política, que se vayan a un partido político, pero que no contaminen a la CRAC, porque la CRAC nació con propósitos nobles”, expresó.

Al entregar las ambulancias dijo que “quiero que las utilicen para el traslado de sus enfermos, no para otra cosa”. Pero antes, a manera de advertencia, les dijo a los alrededor de 400 policías comunitarios, coordinadores y comandantes presentes en el acto, que la CRAC nació para defender a sus familias, no para participar en actos políticos, porque para eso están los partidos políticos.

En esta misma cabecera municipal el gobernador inauguró la primera etapa de la Unidad Deportiva, en la que anunció la instalación aquí de una extensión de la Universidad de Chapingo.

Después inauguró la cafetería de la organización cafetalera de la ARIC, donde también anunció la instalación de un restaurante de la organización y entregó un cheque de 5 millones de pesos para las actividades de la organización.

En ninguno de los actos el gobernador, quien se veía eufórico y bromista con los asistentes, aceptó las solicitudes de entrevista de los reporteros.

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