Es falso el informe de Garzón, pues el caso de Lucas y Ponce lo tiene la PGR, dice la OPIM

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, aseguró que la ex procuradora Martha Elva Garzón Bernal miente sobre el esclarecimiento del homicidio de los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, porque el caso fue turnado desde el comienzo de la investigación a la Procuraduría General de la República (PGR), y no hay nada que indique que el expedientes se haya remitido a Guerrero.

Consultado vía telefónica sobre las declaraciones de la funcionaria el día de su renuncia, de que deja resueltos ese y otros casos de “impacto”, Ramírez Rodríguez recordó que el expediente del asesinato de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en febrero de 2006, fue atraído por la PGR por exigencia de las organizaciones sociales.

Del caso recordó que desde un principio la OPIM denunció a gente del narcotráfico ligado con el gobierno del estado en los homicidios de los líderes sociales, y en particular a una persona que en ese momento se encontraba encargada de la plaza, que apodaban El Pichi, “pero hasta donde sabemos era teniente activo y supuestamente lo mataron un año después”.

Subrayó que en 2010 y 2011 el caso seguía en el ámbito federal, y si se hubiera regresado a Guerrero, al menos habrían notificado a los abogados del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan.

Pero también denunció que la investigación en la PGR está igual que todos los casos de agravios a movimientos y dirigentes sociales, estancada. “No hay nada significativo, cuando hay algo de importancia, nos avisan y estamos al tanto”, aseguró.

Añadió que no hay un señalado como responsable de los homicidios, ni órdenes de aprehensión, aunque la ex funcionaria tampoco dio detalles de los casos de impacto, presuntamente resueltos en su paso por la PGJE.

Incluso denunció que en el proceso judicial se presentaron pruebas de llamadas grabadas a la hermana de uno de los dirigentes, del periodo en que estaban secuestrados, preguntando dónde estaba el dinero y las armas, antes de que aparecieran muertos, pero las grabaciones desaparecieron de la PGR.

Reiteró que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo hizo un acuerdo con los narcotraficantes para que golpearan a las organizaciones indígenas de Ayutla, y a la fecha la OPIM sigue siendo agredida; la hostilidad continúa en la región, pero  ahora a través de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que insistió, opera con “paramilitares” que la organización indígena identificó desde 2004.

También reveló que hace tres años, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, llevó a los hermanos Remigio Cantú a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y la OPIM advirtió con preocupación que la institución de seguridad y justicia no podía arropar a paramilitares, y los coordinadores rechazaron su pretensión de formar parte como Policía Comunitaria.

De las declaraciones de Garzón Bernal, señaló que es costumbre que las autoridades estatales mientan para mantener sus privilegios y la impunidad de los grupos delictivos, pues muchos de ellos están a su  servicio.