Un premio a la impunidad, el nuevo cargo a López Rosas, acusan los normalistas

Lourdes Chávez / Chilpancingo

La reincorporación del ex procurador Alberto López Rosas al gabinete del gobernador Ángel Aguirre Rivero es un mensaje de impunidad en los asesinatos de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de que continuará la represión contra normalistas y movimientos sociales, denunció el comité estudiantil de la escuela,

Mediante un comunicado, la comunidad estudiantil cuestionó el nombramiento de López Rosas como secretario del Trabajo y Previsión Social, porque fue nombrado mientras se desarrolla el juicio político en su contra por el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Los estudiantes recordaron que el ex procurador se deslindó de la orden del desalojo policíaco y a través de su libro Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades,  responsabilizó de la instrucción al entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, aunque el ex procurador sí intentó — mediante tortura— acusar a un alumno de la muerte de sus dos compañeros.

Sin abordar el caso de Ayotzinapa, el viernes pasado el gobernador argumentó que el nombramiento de López Rosas fue para reivindicarlo, porque él siempre dijo que la Policía Federal fue la que cometió los homicidios, aunque los procesados por este delito fueron dos policías ministeriales, que mediante un amparo recuperaron su libertad.

En consulta telefónica el líder estudiantil José Solano Ramírez habló sobre las últimas declaraciones de la ex procuradora Martha Elva Garzón Bernal, de que tienen plenamente identificado al responsable del incendio de la gasolinera, que provocó la muerte del trabajador Gonzalo Rivas Cámara durante el desalojo policiaco.

Ahora se sabe que la funcionaria renunció por instrucciones del gobernador.

El joven consideró que la ex funcionaria buscó intimidar a los estudiantes con esa afirmación, sin embargo reiteró que los alumnos no tienen nada que temer porque no son responsables.

Señaló que en el momento en que ocurrió el incendio que alcanzó al trabajador, los que estaban alrededor de la estación de gasolina eran los policías federales, no los estudiantes que desde el principio se deslindaron de ese hecho.

Asimismo, el joven se refirió a los señalamientos del gobernador Angel Aguirre contra los estudiantes de Ayotzinapa en un programa de Televisa la semana pasada, donde dijo que en esa escuela había “trasnochados de la guerrilla” que dan adoctrinamiento a los estudiantes, generan “rencor social” y por eso tienen tendencia hacia los movimientos armados como el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, además del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

El joven recordó que Aguirre no dijo lo mismo cuando estuvo de visita en la escuela, al inicio de su gestión, pues entonces les ofreció su apoyo, y “hoy vemos su rostro verdadero”.

José Solano aseguró que las puertas de la escuela están abiertas a las organizaciones sociales y a la sociedad, pero no son bien recibidos los ricos ni los políticos, porque esta es una institución del pueblo para alumnos de escasos recursos.

En el boletín, los normalistas indican que la renuncia del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, hace nueve días, y de la ex procuradora el jueves pasado, indica que no ha habido una investigación del homicidio de los dos estudiantes a balazos en el desalojo policiaco.

Consideraron que el nombramiento de López Rosas también implica un mensaje de autoritarismo y de amenazas en contra de los movimientos sociales, “porque se puede asesinar y encarcelar a los que luchan sin que haya justicia para ellos y a los asesinos se les premia con cargos públicos”.

Señalaron que el juicio político contra López Rosas es por haber permitido que se alterara y manipulara la escena del crimen, y señalaron que el mismo día del desalojo, el entonces procurador acusó al estudiante Gerardo Torres de portar un arma de alto calibre, con lo cual pretendió culparlo de ser el asesino de los dos compañeros caídos.

Indicaron que en la recomendación 1 VG/2012 de la CNDH, pide que se giren instrucciones para que, a partir de la publicación de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, las autoridades estatales “colaboren en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del ex procurador general de Justicia y del ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011”.

Denunciaron que Aguirre Rivero continuó reprimiendo al normalismo rural en lugar de implementar un programa que garantice la seguridad de los estudiantes, como lo especifica la recomendación del organismo de derechos humanos.

Aseguraron que las detenciones de normalistas el 10 de noviembre de 2012 y el 7 de mayo de 2013 en el crucero de Casa Verde, en la carretera Chilpancingo-Iguala, son muestra de la persecución de estudiantes por las corporaciones policiacas.

Advirtieron que vendrá otra escalada represiva contra la normal y los movimientos sociales, y convocaron a las fuerzas progresistas a estar alerta ante cualquier agresión.

Ratificaron sus demandas de juicio político contra el gobernador, que se investigue a Salgado Gómez por el homicidio de los estudiantes, el pleno cumplimiento de la recomendación de la CNHD, y que se detenga el hostigamiento al Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero.

Asimismo, el desistimiento de la acción penal en contra del Movimiento Popular Guerrerense y atención a sus planteamientos.