Asegura el encargado que pondrá en marcha la transformación de la PGJE

Jesús Saavedra

Chilpancingo

La Procuraduría General de Jus-ticia del Estado (PGJE) debe pasar a un proceso de renovación, dijo el encargado de la dependencia, Juan Manuel Herrera Campos, quien confirmó que se ha iniciado la aplicación de exámenes de control de confianza a todos sus funcionarios.
Herrera Campos firmó a nombre de la PGJE un convenio de colaboración con la escuela de Derecho de la UAG, en un acto protocolario en el auditorio de esa institución, donde el encargado sostuvo un diálogo con estudiantes y profesores.
En su intervención inicial, el también  subprocurador se refirió al problema de la violencia y de inseguridad que se vive en el país y en el estado, que dijo tienen un origen socioeconómico, y advirtió que en este fenómeno “no se puede combatir el fuego con fuego”.
La violencia, dijo, “no sólo debe considerarse desde el enfoque de la prevención del delito, sino desde atacar las desigualdades sociales,  la falta de oportunidades”.
Calificó de “inédita” esta escalada de violencia, pero afirmó que “así no es México, y debemos todos procurar que sea una situación pasajera. Nadie está en la posición de justificar que la violencia que se vive en el país sea una cuestión cotidiana, o lo debamos considerar como parte de nuestras propias vidas”.
En su intervención,  un maestro dijo a Herrera Campos que la “cruzada” contra la delincuencia organizada que emprendió el presidente Felipe Calderón, “ha costado 50 mil asesinatos, la historia nos da la razón, ninguna cruzada se ganó y esto va por el mismo camino, la solución debe ir en otro barco de referencia”, y otro criticó la falta de eficiencia en la PGJE.
El encargado de despacho indicó que se necesita “una transformación del modelo de procuración de justicia, no sólo lo necesitamos, estamos obligados legalmente a hacerlo, como es de su conocimiento tenemos un plazo para que las entidades que a más tardar del 18 de junio del 2016 ya haber establecido el nuevo sistema penal oral”.
“Esto va más allá de un mero cambio procesal como algunos lo han calificado, va precisamente al cambio de mentalidad de todos los que somos actores en el proceso penal, y la instrucción del gobernador es montarnos en ese proceso de transformación, que nos permita antes que se venza el plazo constitucional estar listos para el nuevo sistema. La PGJE se tendrá que transformar, tendremos que hacer los cambios, las modificaciones orgánicas, estructurales que se requieran, hacer un plan muy agresivo, faltan cuatro años, estamos en ello, es la instrucción del gobernador, de la restructuración orgánica”, añadió.
Subrayó que se necesita “recuperar la confianza de la sociedad, sobre todo a la muy golpeada institución del Ministerio Público”.
Respecto a las fiscalías, criticadas por un maestro, dijo que “hay temas que requieren de un nivel de especialización por la gravedad de los ilícitos que atienden; creo que sí debe haber una fiscalía para el combate al secuestro con alto grado de especialización, de grado de confianza de quienes realicen sus actividades, de especialización constante y permanente de sus elementos y hacia allá vamos”.
Adelantó que hay “planes de capacitación, de establecer un programa ambicioso en la materia incluyendo cursos iniciales, de actualización, este año se pretende iniciar dos maestrías enfocadas al nuevo sistema y estamos buscando con los proveedores de servicios quién nos puede impartir una licenciatura en criminalística para elementos de servicios periciales”.
También reconoció que debe “haber una subprocuraduría de atención en delitos relacionados con las mujeres, para allá vamos, en su momento se anunciará con el detalle, tendrá que atender temas como feminicidios, como la violencia que se genera al interior de las familias, que englobe temas de trata de personas. Tenemos que tener fiscalías especializadas en homicidios, no podemos tener todos los temas ocupados a través de fiscalías, pero estamos tratando de definir cuáles son los temas que requieren ese acotamiento, ese trabajo no nos puede permitir descuidar la atención a la ciudadanía, de ahí que pretendemos fortalecer las fiscalías regionales y tener una mejor atención, que fiscales regionales sean los responsables directos de atender los diferentes eventos que se dan”.
Un estudiante intervino y denunció que cuando acudió al Ministerio Público tardaron seis horas en atenderlo, y planteó que debería haber una depuración de la policía, porque sirven de “halcones” (informadores de la delincuencia organizada) y que la Policía Ministerial “no tiene una buena capacitación, no respetan los derechos humanos de nadie, independientemente si es o no delincuente, se sienten dioses, golpean, torturan, hacen de todo”.
Herrera dijo que se buscará “mecanismos de control para determinar cuál es el nivel de compromiso y la productividad de los elementos, que se haga un registro en la cual la gente que vaya a la PGJE y registre el tiempo y la forma de atención, eso será controlado por la visitaduría y en casos se turnará a la Contraloría”.
Dijo que como ciudadanos “si vemos que cualquier policía está cometiendo delito, hay métodos para denunciarlos, hay denuncias anónimas, no tienen idea de cuántos asuntos se resuelven a través de la denuncia anónima”.
Además dijo que no va a “tapar el sol con un dedo” respecto de la Policía Ministerial. Dijo que esta corporación será depurada y que ya se iniciaron controles de confianza. “Se están efectuando en una primera etapa a todo el personal exámenes toxicológicos, y a todos se les harán estudios en cuanto a su entorno social, que vivan conforme a lo que gana, porque no podemos decir que un comandante gane 10 mil o 15 mil pesos al mes y traiga un camionetón de medio millón de pesos”.
Además dijo que todos los servidores de la PGJE “se tendrán que someter a la prueba del polígrafo, el gobernador dio a conocer que los centros de control de confianza ya fueron certificados, ya tienen validez esos exámenes, ya sea para confirmar en su cargo a un funcionario o policía o cesarlo” si no es apto para el servicio.
“Esta depuración se inició, la otra, y es una instrucción directa y puntual del gobernador, tenemos que actuar con estricto apego a los derechos humanos, así deberá de ser, es uno de los temas principales, de ahí en la creación de una estructura diversa en la PGJE, para vigilar la actuación de todos los funcionarios y servidores en la protección de los derechos humanos de la ciudadanía”, añadió.
Y dio a conocer que “hay 70 mil expedientes en el limbo, que prescribieron, ya iniciamos un programa serio de abatimiento de rezagos, que es un tema bien difícil, pero que consideramos que se puede lograr”.