Tlachinollan

Cambios en el gabinete; ¿quién gana y quién pierde?

Los cambios realizados este fin de semana por el gobernador son un mal presagio para la sociedad guerrerense, pero sobre todo, para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Un gobierno verdaderamente democrático tendría como punto de referencia y como asunto medular, los reclamos y exigencias de una sociedad agraviada que ha luchado con ahínco para romper el muro de la impunidad acorazado por militares, policías federales, policías estatales, procuradores, secretarios de seguridad pública, secretarios de gobierno y gobernadores.

Desde la década de los setenta hasta la fecha, los ciudadanos y ciudadanas se han organizado más allá de los partidos políticos para empujar desde las trincheras civiles por cambios estructurales que combatan de raíz la impunidad y desbaraten las redes de la corrupción y la criminalidad que se han urdido dentro de los sótanos del poder, por parte de los grupos caciquiles y las mafias de los partidos que se parapetan en estos para seguir medrando con los procesos electorales y los cargos públicos.

Varios gobernadores de Guerrero son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y ninguno de ellos ha sido investigado, por el contrario, el mismo sistema político y jurídico los protege y los exonera, porque así conviene a los intereses de las cúpulas partidistas y a la misma oligarquía. En este sistema democrático está probado que la ley que hicieron y aprobaron  los legisladores es para someter y castigar a los ciudadanos y ciudadanas que se rebelan. No está pensada para enjuiciar y castigar penalmente a las autoridades. Más bien, gozan de fuero, son inmunes ante la ley, y es imposible  entablarles un  juicio político o un interponer algún recurso legal para la revocación de su mandato.

Son los reyes de un sistema presidencialista de corte imperial. Por eso se mofan de los ciudadanos que demandan juicio político contra una autoridad que ha cometido crímenes contra la humanidad, porque saben que los que representan el poder legislativo nunca tomarían en serio esta demanda, ya que dejaría un mal precedente, socavaría la sacralidad del poder y representaría para todos los que viven del voto del pueblo y de la chamba pública, un suicidio colectivo. Se extinguiría su especie y se colapsaría el sistema sostenido por la demagogia, la simulación y la traición.

Para los partidos políticos, la lucha por la democracia dista mucho de los temas y de los casos que abanderan los verdaderos protagonistas del cambio democrático,  quienes pelean denodadamente contra la pobreza; que demandan empleos, que exigen educación digna para los excluidos del mercado, que reclaman justicia y se organizan para acabar con un sistema impune y corrupto. Son ciudadanos y ciudadanas que han emplazado en todo momento a las autoridades para que investiguen y castiguen a los responsables de los centenares de  desaparecidos de la guerra sucia; a los autores intelectuales y materiales de la matanza de los campesinos de Aguas Blancas, de la masacre de los indígenas na savi de El Charco. A los responsables de las ejecuciones de los defensores del pueblo na savi Raúl Lucas, Manuel Ponce y el de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández y perteneciente al pueblo me’ phaa. Son familiares que demandan investigación y castigo a los autores de los crímenes políticos como el del diputado Armando Chavarría. Son compañeros y compañeras del gremio periodístico que en todo momento han exigido a las autoridades que se investigue a los responsable de los crímenes contra periodistas. A pesar de los riesgos y amenazas, los familiares de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologista de la sierra de Petatlán siguen demandando su presentación con vida. Las ejecuciones de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría es un caso que el gobierno de Ángel Aguirre no ha investigado ni ha querido cumplir a cabalidad con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Esta media centuria de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos son las señales funestas de un régimen antidemocrático que vulnera y socava el Estado de derecho porque no protege los derechos humanos de la población que ejerce a plenitud su ciudadanía. La lucha por la justicia y los derechos humanos ha sido una lucha de las víctimas y de sus familiares, de las organizaciones civiles y de las organizaciones sociales, de las comunidades indígenas y campesinas. No es en esencia una lucha de los partidos políticos, ni de los que han ocupado algún cargo público, abanderando estas causas. Por esto mismo, la burocracia gubernamental se organiza para desacreditar esta lucha ciudadana. Crean instancias supuestamente para atender estos casos, pero en realidad funcionan para proteger a los que violan los derechos humanos.

Los ejemplos abundan: desde los casos más emblemáticos como los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera que han llegado hasta la Corte Interamericana y que han sentenciado al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos (sin que hasta la fecha cumplan con todas las resoluciones), hasta los casos de índole nacional como la diversidad de recomendaciones de derechos humanos emitidas por la CNDH y la misma Codehum, contra las autoridades estatales y municipales. Nadie ha atendido estas recomendaciones, por el contrario, se han burlado y trivializado su trabajo en favor de las víctimas, manteniendo en el cargo a los responsables de estas violaciones.

La decisión del gobernador de nombrar a Alberto López Rosas como secretario del Trabajo y Previsión Social responde a esta práctica consuetudinaria de un sistema político que funciona con el engranaje de la impunidad. Al Ejecutivo del estado no le significa nada política ni jurídicamente que dos estudiantes normalistas hayan sido asesinados por policías federales y estatales, cuando se manifestaban en la Autopista del Sol. No sólo ha descalificado e ignorado la recomendación emitida por la CNDH, que fue el primer caso especial que atendió como parte de las nuevas facultades que le otorgó la reforma constitucional sobre derechos humanos, sino que no ha realizado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de estos crímenes. Este manto de impunidad contra los perpetradores ha dejado en total indefensión a los familiares de las víctimas, y no contento con esta infamia, ha emprendido una embestida contra los estudiantes, tratándolos como vándalos, resentidos sociales, guerrilleros, que atentan contra el Estado de derecho y que son una carga onerosa para el gobierno, porque supuestamente son los estudiantes más caros del país.

A pesar de que no hay algún responsable de las ejecuciones extrajudiciales de los dos estudiantes, al gobernador nada le impide que pueda tomar decisiones políticas, que resultan ser ofensivas para las víctimas, porque  de facto exonera al ex procurador de Justicia, cuando aún existe un proceso de investigación abierto por graves violaciones a los derechos humanos, tanto por la vía jurídica como por la vía política. El mismo gobernador ha declarado que hay una apelación en curso, por la reciente liberación de los policías ministeriales. Por lo mismo, el proceso de investigación continúa, porque aún no se han agotado los recursos jurídicos internos, mucho menos se ha apelado a las instancias internacionales. El trecho de la justicia y la verdad aún es distante y desconocido, máxime cuando no hay una sentencia absolutoria.

Por encima de lo que pueda determinar el Ministerio Público y de la decisión que llegue a tomar el Congreso del estado, en torno a la responsabilidad del ex procurador Alberto López Rosas en los fatídicos acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, el poder del gobernador se ha impuesto a la usanza de los regímenes autoritarios, donde la ley la dictan los déspotas. No se puede argüir dentro de un sistema verdaderamente democrático que un caso grave de violaciones de derechos humanos, donde el mismo gobierno es responsable de hacer las investigaciones y de castigar a sus funcionarios, haga mutis o diga que es pequeña minucia, y que esto no le impide ejercer su autoridad para habilitar a su ex procurador como su secretario del Trabajo. Es política y éticamente incorrecto nombrar a un ex funcionario que se vio involucrado en los graves hechos de los estudiantes normalistas asesinados, torturados y detenidos arbitrariamente, cuando aún no hay ningún resultado de las investigaciones y cuando aún está pendiente que los familiares  y la misma sociedad conozcan la verdad y se logre la justicia.

Con estos cambios en el gabinete es claro que ganan las corrientes afines al gobernador, los que quieren cobijarse bajo su manto para recibir protección e inmunidad y para los que desean meterse de lleno a la próxima contienda electoral, que ya empieza a configurarse en corrientes y precandidaturas para gobernador. Ganarán como siempre las cúpulas partidistas, las que desde arriba tejan las mejores alianzas, los que sin ningún rubor saben  negociar, canjear o hacer cambalaches de candidaturas o cargos para seguir dentro del círculo virtuoso de los que deciden quién es el bueno. Los que pierden en esta coyuntura no es la alta clase política, ellos están más allá del bien y del mal. Están en otra órbita. Pierden las y los que luchan por un cambio de régimen, los maestros y maestras, los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios, los estudiantes normalistas, las y los trabajadores del campo y la ciudad, las mujeres que defienden sus derechos, los policías comunitarios, las y los defensores de derechos humanos, las y los periodistas, las y los jóvenes y la niñez guerrerense. Todos y todas que forjan el cambio desde las periferias de la ciudad, de las montañas y las costas.