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Por oposición de los pueblos o falta de recursos, se explotan sólo seis de 713 concesiones mineras

Zacarías Cervantes

 

Chilpancingo

 

A pesar de que Guerrero es una de las entidades con más potencial minero en el país y existen 713 concesiones otorgadas por el gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía (SE) para la explotación de yacimientos minerales, existe una sub explotación de los recursos, pues sólo son seis las concesiones que están trabajando.

La mayoría de las concesiones, se encuentran suspendidas por situaciones sociales debido a la oposición de los pueblos, como ocurre en las regiones de la Montaña y Costa Chica con tres concesiones, y en la región de la Costa Grande con 98.

Otra de las causas es el factor económico, puesto que la mayoría de los concesionarios son pequeños mineros sin recursos para la exploración y posterior explotación de los yacimientos.

Debido a ello, la administración de Ángel Aguirre Rivero ha pedido al gobierno federal la información necesaria y una participación más directa, a fin de que el gobierno del estado pueda dar el acompañamiento a las empresas y los proyectos puedan prosperar, pues en el  decreto que reforma las leyes Minera y de Coordinación Fiscal, aprobado el mes pasado, se establece que las firmas mineras pagarán anualmente a los estados un derecho del 5 por ciento sobre sus ingresos acumulables netos, lo que implica ingresos en el caso de Guerrero de aproximadamente 35 millones de dólares.

Consultado al respecto, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, Enrique José Castro Soto, informó que, aunque las concesiones son autorizadas directamente por el gobierno federal, mediante la secretaría de Economía, la dependencia a su cargo tiene conocimiento de que han sido otorgadas 713 concesiones para la exploración de yacimientos minerales, de los cuales sólo seis están en su etapa de explotación, “obviamente la mayoría de las concesiones no están siendo operadas por factores sociales, pero sobre todo por factores económicos”, dijo el funcionario.

Explicó que la minería en Guerrero en su mayoría son pequeños mineros gambusinos los que trabajan diferentes minerales como el mármol en la región Norte del estado, arcilla en diferentes regiones “y este es el bloque más importante de las 713 concesiones mineras que la Secretaría de Economía ha emitido”, dijo.

Sin embargo, dentro de las seis concesiones que ya se están trabajando se encuentra la mina considerada la más grande de América Latina, que es Los Filos/Bermejal, ubicada en el ejido de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en donde trabaja la minera canadiense Goldcorp.

Las seis concesiones que se encuentran trabajando están en Los Filos y Mezcala, municipio de Eduardo Neri, por Goldcorp. Así como en Campo Morado, municipio de Arcelia, donde trabaja la Minera Farallón México; en Cocula donde trabaja la empresa Media Luna y Mochitlán del grupo Peñoles, todas se enfocan en la explotación del hierro, plata, zinc y oro.

En el gobierno del estado no existe información detallada del estado que guardan las otras 707 concesiones que no están siendo trabajadas, según Castro Soto porque las solicitudes no se hacen al gobierno del estado, y que, por eso, “el gobernador hizo esa solicitud de manera respetuosa” al secretario de Economía del gobierno federal, Idelfonso Guajardo Villarreal, porque las solicitudes de las concesiones las otorga el gobierno federal”.

Explicó que el hecho de entregar una solicitud para concesión no necesariamente implica que se vaya a desarrollar un proyecto, “por eso es el interés del gobernador de participar, para garantizar que los proyectos se puedan llevar a cabo y para vigilar que estos proyectos sean congruentes con el cuidado de la comunidad, con el desarrollo social y económico, y con el cuidado al medio ambiente de las comunidades, pero también respetar las costumbres y la ideología de los ejidos y las comunidades”, dijo el funcionario.

Agregó que el objetivo es, “cuidar la inversión, pero también cuidar a nuestra gente y los temas de interés que tienen estos”.

 

El interés por los ingresos

 

El gobierno del estado promovió la creación del Consejo Estatal de Minería, en el que participan los principales proyectos mineros que hay en Guerrero, autoridades del gobierno federal, como la Profepa, Semarnat, la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fonaes y la Procuraduría Agraria. Mientras que del gobierno estatal participan la secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los gobiernos municipales.

“En este Consejo vamos direccionando la política conveniente para el estado en materia de minería y hablamos desde el cuidado del medio ambiente, que es fundamental, la seguridad e higiene para los trabajadores y hacemos mucho enfoque en el aprovechamiento para las comunidades, que no solamente se de empleo a las comunidades, sino que haya desarrollo”, dijo Castro Soto.

El funcionario explicó que entre las mineras que ya están trabajando tanto en la explotación como en la exploración generan aproximadamente 13 mil empleos, “pero mas allá del empleo también podemos hablar del beneficio social en infraestructura que se genera en las comunidades, vigilamos que se construyan los caminos adecuados para estas comunidades y que se lleven servicios de salud, educación y desarrollo integral en muchas localidades, y también estamos solicitando el desarrollo de proyectos productivos, para que la principal actividad económica no solamente sea la minería, sino que también se generen actividades económicas alternas a la cuestión minera”, manifestó.

Dijo que por eso el gobernador también ha pedido a los proyectos mineros que se domicilien fiscalmente en el estado. Y agregó que como resultado de estas gestiones una de ellas, Torex Gold ya se domicilió en el municipio de Eduardo Neri y que hay tres más que están en proceso de lograrlo y esto dejará beneficios fiscales.

“Este tipo de políticas se están llevando a cabo fuertemente en la administración actual para que no sólo se dé empleo y que la riqueza se traslade a capitales privados, sino que también se dé un beneficio económico y social a las comunidades”, expresó.

El interés del gobierno es por los ingresos estatales pues el decreto que reforma las leyes Minera y de Coordinación Fiscal, aprobado el mes pasado, establece que las firmas mineras pagarán a los estados anualmente un derecho del 5 por ciento sobre sus ingresos acumulables netos, lo que, según el funcionario, implica ingresos en el caso de Guerrero por aproximadamente 35 millones de dólares.

El secretario de Desarrollo Económico declaró que ese recurso sería enfocado a los rubros de salud, educación e infraestructura.

El funcionario se explayó en los beneficios que traen las empresas mineras para la región, “si hacemos una visita a Mezcala podemos comprobar que el nivel de vida ha cambiado, ese es el principal beneficio, más allá de los ingresos a los estados y los municipios el desarrollo es el principal beneficio a sus comunidades”.

Aunque luego admitió, “obviamente es importante el recursos que obtendremos a partir del próximo año por la reforma a esta ley que se emitió este año, pues también hablamos del 2 por ciento sobre nómina y hay un aproximado de 13 mil empleos”.

Añadió que con esta reforma también se benefician los municipios, pues cobrarán el impuesto predial y la licencia de funcionamiento. Mientras que a la federación le pagarán el IETU, IVA y el ISR, que es la carga impositiva más fuerte.

Por su parte, el director general de Promoción Industrial Agroindustrial y Minera, Héctor Zurita Brito, precisó que la derrama de recursos que dejan las mineras es importante, y citó como ejemplo que sólo en la etapa de exploración la minera Torex Gold, que trabaja en la mina de Cocula, ejerció una inversión directa de 400 millones de dólares, mientras que en su etapa de explotación que empieza, se prevé una inversión de 700 millones de dólares.

No se logró obtener información con respecto a cuántas minas se encuentran en su etapa de exploración en Guerrero, debido a que las concesiones se otorgan directamente por la Secretaría de Economía federal.

“No olvidemos que el tema minero es meramente federal, la información del padrón lo tiene la federación, además, la supervisión y vigilancia corresponde también al gobierno federal”, aclaró Zurita Brito.

“El gobierno del estado actúa simplemente como un promotor. No estamos en condiciones de decir en qué situaciones están operando (las minas) y quienes las están operando”, dijo.

Sin embargo, de acuerdo a datos extraoficiales, se logró conocer que en el municipio de Mochitlán, cerca de la comunidad de Cuatomatitlán en la zona Centro del estado,  la Minera Explo Sierra ha comenzado a realizar labores de exploración, mientras que la minera Media Luna hace lo mismo en las cercanías de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente.

 

Conflictos por las mineras

 

En noviembre del 2010, en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y Zapotitlán Tablas, ubicados en la región de la Montaña y de la Costa Chica, la minera inglesa Hochschild México y la canadiense Camsim Minas, comenzaron trabajos de exploración de yacimientos de oro, plata y zinc en un área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados.

La empresa inglesa y la canadiense realizaron sus trabajos sin el permiso de las comunidades indígenas de la región lo que desencadenó una inconformidad social y un movimiento de oposición a la instalación de las mineras que persiste a la fecha.

Según la página Web de las empresas, fueron tres las concesiones expedidas por la Secretaría de Economía a estas mineras; en los municipios de Malinaltepec, Zapotitlán Tablas,

Tlacoapa y San Luis Acatlán, se pretende explotar la mina Corazón de Tinieblas en una extensión de 3 mil 394 hectáreas.

La concesión fue autorizada a la empresa inglesa Hoschchild Mining en el 2009 y el término de la concesión vence en el 2055.

La misma empresa obtuvo otra concesión para explotar la mina del mismo nombre (Corazón de Tinieblas)  en los municipios de Tlacoapa, San Luis Acatlán, Malinaltepec y  Zapotitlán Tablas, con una extensión de 2 mil 833 hectáreas, dicha concesión fue autorizada en el 2009 y vence en el 2055.

Mientras tanto, la minera Camsim Minas S.A. de C.V., obtuvo una concesión para explotar la mina Diana, ubicada en los municipios de Iliatenco y Malinaltepec en una extensión de 14 mil 722 hectáreas. La concesión la obtuvo en el 2009 y termina en el 2059.

En noviembre del 2010, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que en los primeros días de ese mes, personal de la empresa Hochschild realizó sobrevuelos en helicóptero por los cerros de la zona a no más de 35 metros de altura, lo que provocó la alerta de las comunidades y organizaciones que tienen presencia en la región para impedir que continuaran los recorridos y los trabajos de exploración.

La inconformidad surgió debido a que en el otorgamiento de los títulos de concesión para la explotación de las minas en territorio indígena no se consultó a los pueblos, lo que consideraron como una violación flagrante de los derechos de los pueblos indígenas.

Consultado sobre este conflicto, el secretario Castro Soto, recordó que fue a principios de la actual administración cuando la minera Camsim (no Hoschchild) llegó al Zitlaltepec y comenzó a realizar sobrevuelos sin que se notificara al gobierno del estado, a la secretaría de Desarrollo Económico o a la secretaría general de Gobierno.

Dijo que, “obviamente este tipo de acciones generan desconfianza en las comunidades y en los guerrerenses”  y que son acciones de las que el gobernador está en contra, “por eso es el llamado al gobierno federal y a las compañías para que, en principio, se acerquen al gobierno del estado y les demos el acompañamiento”.

Explicó que después de este incidente, personal del gobierno del estado tuvo diálogos con los comuneros de Zitlaltepec, pero que ellos han mantenido su postura “y nosotros hemos sido respetuosos hasta el momento de no aceptar este tipo de inversión, nosotros como gobierno habremos de ser respetuosos de la ideología de los guerrerenses”, dijo.

Sin embargo aseguró que el caso es “de una negativa a un proyecto específico, ese es el único”.

Añadió que a diferencia de la Montaña, donde los indígenas se oponen a estos proyectos, “hay comunidades en donde nos piden al gobierno el apoyo”, citó como ejemplo el de Taxco en donde una mina lleva 6 años clausurada (por la huelga de los trabajadores), dijo que allí son los propios trabajadores quienes piden que se reactive el proyecto por el beneficio que conlleva.

En estas demandas es donde nosotros somos partícipes para buscarle soluciones. “Es contrastante cómo en La Montaña hay alguna resistencia a ellas, y en la zona Norte y en Tierra Caliente nos solicitan el apoyo para conservar, para mantener y para extender este tipo de proyectos.

Por su parte Zurita Brito, aseguró que en la zona de la Montaña actualmente no existe ninguna actividad minera y afirmó que la única oposición que se generó fue en contra de la empresa Camsim Minas.

“Pero no a habido ninguna otra empresa que esté interesada en explotar en la Montaña, hasta la fecha”, aseguró el director general de Promoción  Industrial Agroindustrial y Minera del gobierno del estado.

 

También en Costa Grande hay rechazo

 

El 5 de nombre del 2012, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció que en la región de la Costa Grande existen  98 concesiones otorgadas para la exploración de minas en los municipios de Atoyac, Coahuayutla, Zihuatanejo, La Unión, Petatlán y Tecpan.

Según esta agrupación, en 2010 se otorgaron 21 concesiones; en 2011, 65, y en 2012, 12 más. Informó que los permisos tienen una vigencia de 50 años y vencen en 2060, 2061 y 2062.

Las concesiones otorgadas fueron 45 para Zihuatanejo; 24 a La Unión; 17 a Petatlán; 5 a Coahuayutla; 4 a Tecpan y 3 a Atoyac, en donde las mineras de las que no se pudo conocer cuáles son, pretenden extraer oro, plata, zinc, cobre y plomo.

La organización informó que el total de las concesiones autorizadas para esa región, incluidas las de años anteriores son 134, pues existen títulos expedidos desde 1999, con vigencias de hasta 50 años para la explotación de minerales.

Tras la denuncia de Rema, el gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo en esa ocasión que el gobierno estatal desconocía la información del otorgamiento de las 98 concesiones autorizadas en su administración y criticó que la dependencia federal no informe al Estado y a los municipios sobre este tipo de proyectos.

El gobernador consideró que la falta de comunicación podría causar que varias comunidades se opongan a estas medidas y precisó que jamás se opondrá a las inversiones en Guerrero, sin embargo, aclaró que debe existir una comunicación constante, para evitar malos entendidos y un mal manejo de la información.

Gian Carlo Delgado, coordinador del libro Ecología política de la minería en América Latina, dice que el escenario que ésta deja “es de profundo saqueo, prácticamente nulos beneficios socioeconómicos a las comunidades y una devastación ambiental global creciente”.

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