Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Caso Chavarría: turbiedad gubernamental

Es impensable que la procuradora Martha Elva Garzón Bernal haya declarado resuelto el asesinato de Armando Chavarría Barrera y otros siete casos “de impacto”, sin tener el consentimiento del gobernador Ángel Aguirre. Como el propio gobernador ha dicho, en su gobierno no hay acontecimiento que no tenga su autorización. Lo confirma además el hecho de que ni Aguirre ni el gobierno consideraran necesario desmentir, aclarar o matizar el reporte que la procuradora Garzón Bernal dio a conocer el jueves pasado al mismo tiempo que su renuncia. Subrayemos que Garzón Bernal proporcionó esa versión cuando aún era procuradora, así fuera por una diferencia de minutos, y en consecuencia se trató de un acto oficial, acaso el último servicio brindado por la funcionaria al gobierno de Aguirre. Por esa razón, y en ausencia de cualquier precisión, debemos asumir que la procuradora reprodujo la postura oficial y que habló en nombre del gobierno.

Como su actitud y sus palabras fueron concluyentes, entonces debe ser cierto que deja investigaciones concluidas y listas para ser sometidas a un juez. Pero abre paso a la suspicacia el hecho de que en el corto plazo de un año haya logrado terminar el trabajo que no pudieron concluir cinco procuradores en varios años, así como el exasperante hermetismo legalista que la ex procuradora mantuvo sobre esos ocho casos a lo largo de su gestión, que no rompió sino hasta el último instante. Eso y otros factores provocaron, con razón, que nadie le crea a Garzón Bernal, es decir, al gobierno y en última instancia al gobernador.

La esposa de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázares, vio en la revelación de la ex procuradora una maniobra del gobierno de Aguirre para intentar cerrar las investigaciones mediante la detención de “chivos expiatorios”, sin llegar a esclarecer el origen político del homicidio y sin castigar a los autores intelectuales. En rigor la ex procuradora Garzón Bernal fue muy precisa cuando informó que sólo falta consignar el expediente y solicitar al juez las órdenes de aprehensión contra los responsables. Esa habría sido la noticia del año si fuera cierta. Pero por la forma en que presentó las cosas se percibe la pretensión del gobierno de Aguirre de imponer una versión fabricada, como intentó hacerlo el ex gobernador Zeferino Torreblanca en marzo de 2011, unos días antes de entregar el poder. En aquella ocasión Torreblanca trató de inculpar del crimen a la guerrilla, y la Procuraduría del estado llegó al extremo de pedir la captura y detener a cinco personas supuestamente vinculadas al EPR, a lo que con gran sentido común el juez se opuso. Ahora no se consumó la solicitud de las órdenes de aprehensión contra quién sabe quién, y se ignora la dirección que el gobierno le dio al caso. Pero aun desconociendo la línea que haya seguido la Procuraduría y las bases para considerar resuelto el caso, la versión oficial carece de toda credibilidad porque parece diseñada para darle carpetazo como alertó Martha Obeso.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, desde hace dos años la Procuraduría ha estado en posesión de testimonios y pruebas determinantes para el esclarecimiento y castigo del asesinato de Armando Chavarría. Esta columna presentó el 14 de mayo de 2012 algunos de los datos obtenidos por los investigadores del caso, y el 20 de agosto, en el tercer aniversario del homicidio, ofreció a la Procuraduría a cargo de la señora Garzón Bernal reproducir cualquier desmentido o aclaración que estimara oportuno hacer en relación con esa información. No hubo ningún desmentido, ni aclaración. Como resulta de interés para los lectores y se explica por sí sola, a continuación se reproduce la columna de hace un año.

 

“Caso Chavarría: órdenes superiores, la clave”

 

El asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera fue cometido por un grupo de agentes de la Policía Ministerial del estado al amparo de “órdenes superiores”. Al menos tres de los participantes en el crimen han sido identificados: uno se encuentra preso en una cárcel del estado de Guanajuato, otro de nombre “Jacinto” está en libertad pero sometido a proceso también en ese estado –en ambos casos por otros delitos–, y el tercero está muerto. Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del estado tiene en su poder una de las dos pistolas utilizadas en el homicidio y cuenta con una declaración ministerial en la que se ofrecen detalles de la organización del crimen y se revela la identidad de quienes dieron esas “órdenes superiores”.

La información anterior procede de fuentes fidedignas e incuestionables, y se halla registrada en el expediente del caso bajo custodia de la Procuraduría. Pese a lo anterior, en su comparecencia ante el Congreso local el pasado 24 de abril, el encargado de la Procuraduría, Juan Manuel Herrera Campos, dijo que “varios” de los homicidas de Chavarría “ya están muertos”, sugiriendo con ello la inutilidad de continuar o ahondar en la investigación del caso.

Se ignora si los diputados locales preguntaron a Herrera Campos el origen y los pormenores de su afirmación, pues si el funcionario sabe que los homicidas están “muertos” es porque se ha establecido quiénes son, lo que no habría podido decir si no hubiera entonces un avance decisivo en el esclarecimiento del asesinato. Sin embargo, no es esto lo que Herrera Campos transmitió a los legisladores, según informó el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Faustino Soto, quien reprodujo para los medios las palabras del funcionario: “Efectivamente, de manera vaga se nos dijo que varios de los que se consideran involucrados en este hecho, que de alguna manera fueron señalados en su momento, varios ya están muertos”. (El Sur, 25 de abril de 2012).

Salvo que de entonces a la fecha hayan sido abatidos más implicados en la muerte de Chavarría, hacia finales de 2011 “Jacinto” y el ex agente ministerial preso en Guanajuato estaban vivos. El tercero fue acribillado precisamente después de rendir su declaración ministerial, en la que con toda claridad dijo que la muerte de Chavarría se debió a “órdenes superiores”. Aunque la identidad de ese tercer involucrado no fue precisada a esta columna, su descripción coincide con el perfil del comandante Trinidad Zamora Rojo, cuyo cadáver desmembrado fue abandonado en un puente vehicular de Chilpancingo el 17 de junio de 2011.

Como es del conocimiento público, Zamora Rojo había sido levantado un día antes a punta de pistola en la comandancia de la Policía Ministerial de Chilapa, y apareció descuartizado, con la cara desollada y con unos dedos dentro de su boca, en la carretera federal Chilpancingo-Petaquillas. Junto a su cuerpo había un mensaje: “sea quien sea… a todos los chaqueteros dedos y chapulines esto va para todos ustedes del color más fuerte los rojos”. (El Sur, 18 de junio de 2011).

De acuerdo con la versión citada, Zamora Rojo reconoció su participación en el asesinato de Chavarría y ofreció su confesión presionado por el temor de ser eliminado por el grupo que perpetró el homicidio, como al final seguramente ocurrió. Se ignora por qué o en qué términos seguía en libertad cuando fue ejecutado.

Su testimonio, de tan alto valor que le fue cobrado con la vida, fue presentado probablemente en mayo de 2011, mientras se desarrollaba aquella controversia pública suscitada por la desaparición temporal del expediente oficial del caso, denunciada por el entonces procurador Alberto López Rosas.

La declaración ministerial de Zamora Rojo habría puesto fin a la estrategia desplegada por el gobierno de Zeferino Torreblanca para mantener un cerco de impunidad y complicidad en torno del homicidio –estrategia de la que son responsables también los tres procuradores que estuvieron en funciones entre agosto de 2009 y marzo de 2011–, y habría facilitado la localización e identificación de los demás implicados en la ejecución del líder del Congreso.

Aunque suene aventurado, por todo lo anterior es admisible sugerir que el caso Chavarría estaría a punto de ser resuelto, si no es que ya está prácticamente resuelto. Sólo la creencia inducida de que nunca sería esclarecido por los intereses políticos involucrados, aporta una pizca de inverosimilitud a la información aquí transcrita. Pero el hecho es que técnica y ministerialmente la identidad de los homicidas está resuelta y existen indicios fiables sobre el móvil del crimen y el origen de las “órdenes superiores” por las que el atentado fue consumado. Lo prueba no sólo la información recogida en estas notas, sino también las declaraciones del procurador Herrera Campos en el Congreso, a quien los legisladores debieron preguntarle cómo llegó a esa conclusión.

Es probable que la crisis en la que se sumergieron la Procuraduría y el gobierno del estado después del asesinato de los dos estudiantes normalistas el pasado 12 de diciembre haya impuesto una pausa en las investigaciones del caso, pero es preciso insistir en que para esa fecha la Procuraduría había interrogado ya en Guanajuato a los dos acusados de matar a Chavarría, y había avanzado en las pruebas periciales de una de las armas homicidas. Por tal razón, el hecho de que el procurador encargado haya replanteado ahora el caso Chavarría diciendo que los criminales están “muertos”, parece tener la pretensión de justificar el posible abandono de la investigación, lo que supondría la existencia de una decisión política del gobierno de Ángel Aguirre Rivero de no continuar las pesquisas, de dar marcha atrás quizás por el temor de estar muy cerca de la verdad y de los responsables intelectuales del crimen.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero no se ha distinguido por cumplir el compromiso que hizo en su campaña, de procurar justicia y castigar a los responsables del asesinato de Chavarría. Hace un año accedió a recibir a la viuda de Chavarría, la señora Martha Obeso Cázares, pero la dejó plantada en la antesala de su despacho en el Palacio de Gobierno, y el segundo aniversario del homicidio transcurrió en medio de un manifiesto desdén del gobierno. Pero a la luz de estos datos el equipo que en la gestión de López Rosas se hizo cargo del caso produjo resultados cruciales que durante meses han permanecido inaccesibles a la sociedad y sin generar las consecuencias jurídicas lógicas. Y si la conducta del responsable de la Procuraduría es representativa de la voluntad del gobierno, podemos decir que las autoridades se muestran arrepentidas de haber logrado los hallazgos que hemos reportado.

Sin embargo, la secrecía de las investigaciones no puede ser pretexto para someter el asesinato de Chavarría a un segundo ciclo de manipulación y cálculo político, riesgo que se desprende de la postura de Herrera Campos. A tres meses de llegar al tercer aniversario del homicidio, es momento de preguntarle nuevamente a los que saben: el ex procurador López Rosas y el gobernador Aguirre Rivero.

Hasta ahí la cita.

Un año más tarde y cerca del cuarto aniversario, es más larga la lista de preguntas y también la lista de los que pueden contestar esas preguntas, incluido el nuevo procurador Iñaki Blanco. No se sabe si la ex procuradora Garzón Bernal se refirió a “Jacinto” y al otro ex agente ministerial cuando habló de las órdenes de aprehensión, si mantuvo la línea de investigación de las “órdenes superiores”, y si acaso dio con el autor de esas órdenes superiores. O si cuando habló de dejar “resuelto” el caso, en realidad se refería a que dejó sembrada una versión destinada a enturbiar más la investigación para proteger a los responsables, que es lo que sugiere su extraño comportamiento. En tal caso estaríamos frente al segundo intento de Ángel Aguirre de proteger a quien ordenó el crimen. Una postura incomprensible e inaceptable en un gobierno que se dice democrático y progresista.

 

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