Tiene la Procuraduría local ocho averiguaciones más por caso Ayotzinapa

Unos 80 policías municipales de Petatlán dejaron de trabajar durante cinco horas en protesta porque no les pagaron a tiempo su quincena y en demanda de aumento salarial retroactivo a enero, dotación de uniformes y botas y el pago de un seguro de vida. En la gráfica, comandantes les llaman la atención porque informaron de su movimiento a los reporteros. La zona que abarca a este municipio y Tecpan la controlan bandas que actúan en la impunidad, advirtió el activista por la paz Javier Morlet, en la víspera del foro del sábado en Zihuatanejo en el que se tratará, entre otros, el caso de la desaparición de los campesinos ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista * Foto: Brenda Escobar

Jesús Saavedra / Chilpancingo

El encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Manuel Herrera Campos, dio a conocer que se iniciaron otras ocho averiguaciones previas por diversos delitos del fuero común relacionadas con el caso Ayotzinapa, y aunque no quiso precisar contra quien están dirigidas aceptó que son las que enumeró el titular de la SIEDO, Cuitláhuac Salinas, en su conferencia de prensa del lunes.
Afirmó que en “su momento” la Procuraduría solicitará a un juez que emita las órdenes de aprehensión correspondientes para proceder a la detención de los acusados.
El lunes pasado, el subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, ofreció una conferencia en la ciudad de México donde afirmó que desde la PGJE se trató de “desviar” las investigaciones por el desalojo del 12 de diciembre, para proteger a los responsables de los asesinatos de los dos normalistas. Y por eso acusa del delito d encubrimiento al ex procurador Alberto López Rosas.
Salinas también emplazó a la PGJE a investigar los delitos del fuero común como el homicidio en agravio de un empleado de una gasolinera, ya que “como probable responsable se estima a un civil que incendió el establecimiento referido y con ello, provocó la muerte de la víctima”.
También el de “homicidio en grado de tentativa, en agravio de un estudiante que se encontraba en la zona donde perdieron la vida dos de sus compañeros, como probable responsable es un policía ministerial del estado de Guerrero”.
Además del “encubrimiento por favorecimiento, derivado de la alteración de la escena del crimen, delito que podría ser atribuible a policías ministeriales, estatales, peritos y agentes del ministerio público del estado de Guerrero, así como civiles, quienes favorecieron el ocultamiento de pruebas e indicios y con ello se impidió avanzar en la investigación”.
Salinas indicó que también deben investigarse localmente los delitos de “falsedad de declaraciones ante una autoridad, privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro de por lo menos tres personas, robo de vehículos y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad contra quien o quienes resulten responsables”.
Este jueves, Herrera Campos informó lo anterior al concluir una firma de convenio con la escuela de Derecho de la UAG, en un acto donde dijo que reconoce “la importancia de los medios de comunicación, pero les digo que soy de los que habla poco, en ocasiones hay que actuar de prudencia, sobre todo en temas delicados”, justificó.
En declaraciones a reporteros, se le preguntó respecto a las conclusiones de la PGR sobre el desalojo violento del pasado 12 de diciembre.
El encargado dijo a los reporteros: “Una vez más les pido paciencia, para que los datos puedan ser revelados en el sentido que tenemos varias averiguaciones previas que se están desahogando en estos momentos, no sólo es la averiguación previa por medio de la cual el 26 de enero la PGJE consignó a dos elementos de la Policía Ministerial por considerarlos probables responsables de los delitos de homicidio calificado y de homicidio en grado de tentativa de los muchachos de Ayotzinapa”.
Aseveró que en la PGJE “también tenemos en este momento en trámite ocho averiguaciones previas por diversos delitos más y en su momento procesal oportuno serán consignadas a un juez y daremos a conocer precisamente a los responsables de los mismos y los delitos por los que se está consignando”.
Le preguntó otro reportero si en esas investigaciones de la PGJE hay funcionarios de la fiscalía involucrados, y dijo: “insisto que no podemos dar a conocer datos relacionados con la integración de las mismas”.
–¿Son los delitos de los que habló el subprocurador?
–Sí, por supuesto, a ese catálogo de delitos que de alguna manera establece en sus comunicados de prensa la PGR, son delitos en los cuales ya se han estado trabajando las averiguaciones e inclusive en días pasados se turnó por parte del gobierno del estado un informe complementario a lo que se había enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se establece cuáles son esas averiguaciones previas que se están trabajando, por qué delitos y los avances de las mismas, están en integración y unas más avanzadas que otras y esto es por la facilidad o no que se han tenido para amarrar las probanzas respectivas.
Se le insistió si estuvo mal elaborada la averiguación previa a propósito, y señaló que “sin embargo recuerden que algunas averiguaciones se han iniciado después de esa época”.
Inclusive presumió que “los resultados de la PGR coinciden plenamente con el anuncio que nosotros hicimos el 15 de diciembre en el sentido de identificar a las personas responsables del delito de homicidio cometido en agravio de dos estudiantes de Ayotzinapa; posteriormente el 26 consignamos los hechos ante el juez competente, el cual libró las órdenes de aprehensión y el 30 de enero les dictó un auto de formal prisión a estas personas”.
Aceptó que la PGR “evidentemente nos auxilió con la parte técnica de varias de las pruebas periciales que se efectuaron y coincidimos plenamente en los resultados; plenamente coincidimos con esos resultados, porque varias de las pruebas periciales que utilizamos fue la PGR quien las desahogó, nos corrió el desglose correspondiente en su momento y fueron integradas a nuestra averiguación”.
Se le dijo que el abogado de los dos policías ministeriales acusados del asesinato de los normalistas ha puntualizado que ambos salieron negativos en las pruebas de rodizonato para detectar si habían disparados armas de fuego, y señaló que “a ver, no vamos a controvertir cuestiones que se deben dirimir en lo juzgados, somos respetuosos de las opiniones de todo mundo, nuestras versiones están vertidas en la consignación, en el expediente, ahí se encuentran”.
Otro reportero le preguntó si están investigando a policías federales, y reiteró que “les insisto, respetuosamente, la respuesta será la misma en cuestiones técnicas de las averiguaciones, pero les puedo decir que el tema de la Policía Federal es competencia de la PGR”.
Acerca de si hay medidas cautelares para los normalistas de Ayotzinapa el funcionario respondió que “no estoy autorizado para contestar temas respecto a las reuniones que se han efectuado con la comisión de interlocución, no debo contestar esas preguntas, no vaya a mal informar”.
En ese mismo tema se le dijo que hay órdenes de aprehensión y presentación contra funcionarios y trabajadores de la PGJE y si hay apoyo o se han emprendido acciones para sancionarlos internamente porque no se han presentado a trabajar.
Dijo que “desde días anteriores a que sucediese esta noticia de las órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal, el personal en activo de la PGJE ha recibido el apoyo en materia de asistencia jurídica y lo han seguido recibiendo en los términos que no comprometan la actuación de la PGJE”.
“Se han presentado a trabajar, las gentes han utilizado quizá para algún trámite, pero se han presentado a trabajar, hay documentos que así lo demuestran, o sea la tramitología de la PGJE está caminando, no se ha detenido, está trabajando y la diferente documentación que se genere se comprueba”, añadió.
Finalmente confirmó que la PGJE, a petición de su homóloga del Estado de México, busca en Guerrero a César Armando Libra-do Legorreta El Coqueto, a quien se acusa de violación y asesinato de cuando menos siete mujeres y quien se fugó de la Subprocura-duría de Justicia de Tlalnepantla.