Detiene la CRAC de Ayutla a un agente del MP y a un juez y desarma a cuatro policías ministeriales

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de la casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, detuvieron la mañana de ayer en la cabecera municipal, al Juez Mixto de Primera Instancia y al Ministerio Público del Fuero Común y desarmaron a cuatro policías ministeriales que se encontraban en la comandancia.

Fuentes oficiales informaron que los detenidos serían tres y que durante la noche de ayer ya había pláticas entre funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del estado y la Policía Comunitaria de Ayutla. En el encuentro se habría acordado la liberación de los detenidos.

Mientras tanto, los detenidos fueron trasladados con las armas, la tarde de ayer, a la Casa de Justicia de El Paraíso, acusados de violar la Ley 701 y por la intromisión en su territorio, al ordenar la detención de una mujer acusada de fraude, sin haber notificado de ello a la Policía Comunitaria. Los policías fueron liberados porque sólo obedecieron órdenes.

Vía telefónica, el promotor de la CRAC en Ayutla, Arturo Campos Herrera informó que todo comenzó a las 8:30 de la mañana de ayer en la comunidad de Nuevo Horizonte, cuando agentes ministeriales detuvieron y golpearon cuando llevaba a sus hijos a la escuela a la señora Yolanda Soto Paulino, a quien acusan de fraude.

Una hora después, dos grupos de la Policía Comunitaria acudieron a la Agencia del Ministerio Público para pedir que les entregaran a la detenida, pero el Ministerio Público se negó y dijo que estaba consignada ante el Juez, mientras que éste también se negó a entregar a Soto Paulino, pues les dijo que tenía un proceso judicial abierto en su contra por una denuncia de fraude y que había agraviados que estaban exigiendo la aplicación de la ley.

Ante esa respuesta los policías comunitarios desarmaron a los cuatro policías ministeriales que se encontraban en la comandancia ubicada junto al Ministerio Público, después tomaron prisioneros al Agente del Ministerio Público y al Juez, de quienes a la hora de la entrevista telefónica desconocía sus identidades.

Tras la detención del Juez y del Ministerio Público, llegó una patrulla del Ejército y pidieron la liberación de los dos detenidos, sin embargo las autoridades comunitarias se negaron a entregarlos y entre las 2 y las 3 de la tarde los trasladaron a la Casa de Justicia de El Paraíso, con las cuatro armas que le quitaron a los ministeriales.

Campos Herrera dijo que los dos funcionarios fueron detenidos por violar la Ley 701 sobre los derechos y la cultura indígena y por la irrupción en territorio indígena sin haber notificado a las autoridades que iban a realizar un operativo para detener a la señora Yolanda Soto Paulino.

Campos Herrera informó que serán las autoridades de la CRAC las que en las próximas horas informen del procedimiento que seguirán con los detenidos. Dijo que solamente detuvieron a los dos que dieron la orden y que los ministeriales solamente la cumplieron.

Esta es la segunda acción similar que realizan policías comunitarios de la CRAC en15 días. El 8 de mayo, policías comunitarios de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán detuvieron al Juez de Paz de ese lugar, José Luis Bernabé Fernández, al comandante de la Policía Ministerial, José Juan Ortiz Piza y a sus agentes Arquímedes Cuevas Castro, Gerardo Ramírez Pintor, Esteban Ubaldo García y Raúl Balbuena García.

Los funcionarios y policías fueron detenidos en respuesta a que militares, marinos y policías federales habían detenido el 6 de mayo en Acapulco a los coordinadores de la CRAC, Eliseo Villar Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, así como al comandante de la Policía Comunitaria, Leonel Vázquez Leal y a los policías comunitarios Fermín Raymundo Martínez, Israel Reyes Cruz e Iván López González.

Las autoridades de la CRAC demandaron la entrega de dos camionetas, el armamento y pertenencias personales que los militares les quitaron a los coordinadores, al comandante y a los policías comunitarios.

Los funcionarios y policías fueron liberados el 11 de mayo, cuando una comisión de funcionarios federales, estatales y representantes de organismos de derechos humanos intercedieron para que entregaran a la CRAC los vehículos y sus pertenencias.

Sin embargo, las pláticas siguen y apenas el viernes autoridades de las cuatro casas de Justicia de la CRAC, en las que está la de El Paraíso, se reunieron con el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava y los integrantes de la comisión de interlocución y acordaron la instalación de dos mesas de diálogo para resolver el pliego petitorio que presentó la agrupación indígena.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de las Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en una mesa se atenderán los asuntos jurídicos para lograr la coordinación de la CRAC y las autoridades federales, estatales y municipales, y la otra para revisar los procesos penales abiertos en contra de los integrantes de la organización indígena.