Pablo Amílcar Sandoval B.

El agua como derecho

Cuauhtémoc Sandoval in memoriam

El acceso a una cantidad limitada de agua en forma gratuita, destinada al consumo humano y al saneamiento, debe ser un derecho humano. Así debería consagrarse en la Constitución y la izquierda debe completar ese planteamiento en su plataforma electoral y en la futura agenda legislativa.

Esta visión cuenta con el respaldo de organismos internacionales. La Resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General de la ONU tomada el 28 de julio de 2010 estableció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Sin embargo el desperdicio de agua no puede ampararse en esa concepción: un campo de golf de entre 50 y 150 hectáreas consume entre 10 mil y 15 mil metros cúbicos de agua, que corresponde al gasto anual en una ciudad de unos 12 mil habitantes.

Hoy el agua se distribuye de manera muy injusta, pues las poblaciones más pequeñas y más pobres habitualmente no tienen acceso a este recurso vital, pero grandes empresas y usuarios de altos ingresos, pagan una cantidad irrisoria por lo que la utilizan desmedidamente e incluso la desperdician, acentuando así la brecha de desigualdad. En la mayoría de los casos los gobiernos solapan este perverso esquema.

Por otro lado, el derecho humano al agua no es solamente un derecho para los que actualmente habitamos el planeta, sino especialmente para las futuras generaciones. Por eso debemos luchar por un consumo racional y además invertir grandes recursos para garantizar que en el futuro se podrá contar con este servicio. Deben buscarse esquemas sostenibles en el manejo de este recurso vital.

Una visión de izquierda debe impulsar los servicios públicos de gestión de agua. El acceso al agua es un derecho y no un negocio. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo prevén ya las tragedias que habrá ente la escasez y ventajosamente empujan la estrategia de poner el vital líquido en manos de empresas, que finalmente decidirán con criterios de mercado, el destino del agua y por tanto, de la humanidad. Los débiles gobiernos nacionales de derecha e incluso algunos falsos nacionalistas coadyuvan con ese proceso de privatización.

Los gobiernos de izquierda deben garantizar un acceso gratuito mínimo al agua. Como estándar podría tomarse el nivel que plantea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud).

A partir de ese mínimo gratuito deben cobrarse precios mucho más altos que los actuales y con tarifas que aumenten progresivamente, para que paguen más quienes más utilizan el agua: las empresas y los hogares con acceso a servicios suntuarios. Esto encuentra justificación por ejemplo en la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señaló que el principio de equidad exige que los hogares más pobres no deban soportar los gastos del agua de forma desproporcionada en relación con los hogares más ricos.

Actualmente no tenemos una cultura de uso racional del agua. En la Ciudad de México, por ejemplo, se consumen 364 litros diarios por habitante, cuando en Nueva York se consumen 200. Por ello concretamente deberíamos garantizar a todas las viviendas un suministro gratuito de 15 mil litros de agua potable al bimestre (actualmente catalogados como consumos bajos). Esto implica un suministro promedio, de unos 70 litros de agua diarios por habitante. A partir de ahí deberían establecerse literalmente las tarifas más altas del mundo.

Si las tarifas de agua fueran progresivas, los altos consumidores, específicamente las empresas que hacen un uso intensivo de este recurso, se verían forzadas a optimizar sus procesos industriales, a investigar y desarrollar tecnologías que permitieran reciclar, tratar y purificar el agua pues les resultaría más barato que simplemente contaminarla y arrojarla al desagüe o a nuestros ríos.

Así lograríamos un cambio profundo en los hábitos de consumo de la población que de inmediato intentaría ajustar su uso del agua a los mínimos gratuitos para evitar altas tarifas del servicio público. Esto nos permitirá garantizar el derecho de las futuras generaciones, incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y además reducir la brecha de la desigualdad social.

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