Acusan al auditor de organismos descentralizados de negarse a realizar su trabajo en la AGE

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La Auditoría General del Estado (AGE) tiene problemas internos en los espacios de segunda importancia, pues uno de los cargos está acéfalo desde el 4 de marzo y otro no trabaja porque el titular se niega a fiscalizar a los Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos (OPD), escudándose en lagunas legales de la ley de fiscalización.

Lo anterior lo dieron a conocer los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE del Congreso local, en una reunión con el auditor Arturo Latabán López en la sala José Bajos Valverde del recinto legislativo.

Ayer en una primera reunión entre el auditor, el director de asuntos jurídicos de la AGE, Marco Antonio Cruz Manjarrez Salgado, y la comisión de diputados para ubicar y proponer modificaciones a la ley estatal de fiscalización, los legisladores abordaron el tema de los “diferentes señalamientos y falta de coordinación”, dijo el presidente de la comisión, el perredista Germán Farías Silvestre.

Ahí acordaron llamar a los auditores especiales para que comparezcan ante la Comisión de Vigilancia y Evaluación, y aunque no acordaron fecha sí precisaron que será el mismo día y los recibirán por separado.

Farías Silvestre consideró necesario tratar “la problemática que se vive en la AGE entre los auditores especiales y el auditor”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Ramos del Carmen, afirmó que los problemas en la AGE iniciaron a partir del nombramiento, a instancias del gobierno de Ángel Aguirre, de los tres auditores especiales en abril del 2012, con los que, se dijo, no estuvo de acuerdo el auditor Latabán, heredado por el gobierno de Zeferino Torreblanca.

Ramos mencionó que el auditor especial de Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos, Víctor Manuel Lozano Garín, no ha cumplido encomiendas y no ha entregado la información que se le solicita.

Pero dijo que todo gira en torno a la carencia de un reglamento interno que defina sus facultades, sus obligaciones y derechos.

Ninguno de los asistentes mencionó cuáles son los argumentos que Lozano Garín aduce para negarles la información o realizar su trabajo.

Pero sí hablaron de “argumentos legales  para justificar la omisión de alguna información, de un presupuesto, de una planeación”.

Ramos consideró que es trabajo de los diputados realizar las modificaciones necesarias para quitar argumentos o lagunas jurídicas a los auditores especiales, en los que se escudan para no cumplir con su función.

El diputado Germán Farías planteó que se debe considerar la viabilidad de que el Congreso local siga nombrando a los auditores especiales, porque dijo que a partir de que en la legislatura pasada realizó ese cambio, los funcionarios creen tener autonomía, cuando en realidad su jefe directo es el titular de la AGE, o de lo contrario buscar en los reglamentos de la ley de fiscalización si hay lagunas que les permitan deslindarse de sus responsabilidades, para modificarlas.

Farías Silvestre finalmente dijo que lo que ocurre en la AGE es que los auditores especiales que se niegan a realizar su trabajo en coordinación con el auditor y el Congreso, “no respetan la institucionalidad o piensan que son autónomos y pueden hacer lo que quieren”, como el caso de Lozano Garín, que se niega a hacer su trabajo, “es muy delicado, se niega terminantemente a auditar a los OPD”.

Comentó que le han solicitado por escrito que audite a los entes que le corresponden y por el mismo medio responde que no le corresponde, “¿entonces que hace ahí?”, preguntó Farías Silvestre.

Otro de los problemas que tiene la AGE es que desde el 4 de marzo, cuando asesinaron a Salvador Becerril Gómez, la auditoría especial para la Evaluación al Desempeño quedó acéfala.

La Comisión de Gobierno del Congreso local es la responsable de emitir la convocatoria para elegir al nuevo auditor, pero a dos meses y medio no lo ha hecho, por lo que Latabán López nombró como encargado de despacho y director de Auditoría de Evaluación al Desempeño a Municipios a Osbaldo Rafael Suazo Castrejón.

El panista Marcos Efrén Parra Gómez, también integrante de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la AGE, afirmó que el espacio que ocupaba Salvador Becerril sigue acéfalo por decisión u omisión de la Comisión de Gobierno, que es la responsable de emitir la convocatoria para que el pleno del Congreso designe al nuevo auditor especial.

En la reunión, los diputados asistentes y el auditor coincidieron en que se tienen que revisar y en su caso reformar las leyes y reglamentos a los que obedece la AGE, para no dejar espacio a los funcionarios a evadir sus responsabilidades.

Otro de los acuerdos fue llamar a comparecer a los auditores especiales para recordarles sus facultades y obligaciones en la AGE, que es un órgano dependiente del Congreso.

Durante la reunión, los diputados bromearon por la presencia de reporteros, porque regularmente son temas que no tratan de manera pública, por eso insistieron en que las comparecencias con los auditores especiales serán privadas, y al concluir el encuentro acordaron no abundar en el tema con los representantes de los medios de comunicación.

A su salida el auditor también evadió hablar del tema y argumentó una agenda muy apretada para abandonar apresuradamente el Congreso.