Podrán salir los policías de la CRAC de su territorio, acuerdan con los gobiernos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades federales y estatales se reunieron ayer en Casa Guerrero con integrantes de las cuatro casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y acordaron que los policías comunitarios podrán salir de sus territorios, siempre que avisen a las autoridades estatales y federales.

La reunión fue en seguimiento  del pliego petitorio que la organización indígena entregó el 16 de mayo a la Secretaría de Gobernación (Segob).

La reunión se desarrolló a puerta cerrada ayer en Casa Guerrero, fue encabezada por el secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez y el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia estatal, Iñaki Blanco Cabrera. Del gobierno federal encabezó a los funcionarios el delegado de Gobernación federal en el estado, Juan Salgado Brito, y hubo representación de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal y de la Marina.

En el encuentro estuvieron como mediadores el director de Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado de ese mismo organismo, Vidulfo Rosales Sierra.

La reunión se realizó en dos mesas de trabajo; una fue para tratar el caso de las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y, en general, los procesos penales que están abiertos en contra de las autoridades de la CRAC y que suman 34 desde el 2001 a la fecha.

La otra mesa fue para tratar los asuntos de coordinación entre las autoridades de la CRAC y las autoridades federales, estatales y municipales, sobre todo cuando se realicen operaciones, a fin de evitar que haya situaciones como las que se han dado en Acapulco, San Luis Acatlán y Ayutla, en donde los militares, efectivos de la Marina y policías federales detuvieron a autoridades de la CRAC y luego la Policía Comunitaria detuvo a un secretario de acuerdos del Juzgado de San Luis Acatlán, así como a un comandante y a cuatro policías ministeriales, además de que desarmó a la policía municipal de San Luis Acatlán y de Malinaltepec.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al final de la reunión informó que se sentaron las bases para que haya una coordinación institucional entre la CRAC y las autoridades federales y estatales.

El pliego petitorio presentado por la CRAC contiene 14 demandas, una de ellas era la devolución de dos vehículos y de las pertenencias que estaban en poder de la PGR tras la detención de dos coordinadores, un comandante y tres policías comunitarios el 6 de mayo en Acapulco, pero la devolución se hizo el 11 de mayo en San Luis Acatlán.

La otra demanda era la cancelación del proyecto de reserva de  la biosfera en la región de la Montaña, al respecto el 13 de mayo el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Carlos Toledo Manzur anunció la cancelación del proyecto y aludió a que la decisión se tomó precisamente por el pronunciamiento en este sentido de la CRAC.

Del pliego queda pendiente el libre tránsito por el territorio guerrerense y nacional, el permiso para uso de armas de alto calibre, la cancelación de los procesos penales que hay en contra de autoridades comunitarias y la cancelación de las concesiones a empresas mineras que pretenden explotar los yacimientos minerales en la región de la Costa Chica y la Montaña.

Barrera Hernández explicó que se trata de una problemática que debe de revisarse a fondo y que no es tan sencillo resolverla de la noche a la mañana, pero dijo que cuando menos se ha comenzado a dar el diálogo para sentar las bases a fin de que se establezca una coordinación institucional.

Informó que en el caso de las dos demandas principales de la CRAC que son el libre tránsito y la portación de armas de alto calibre para la Policía Comunitaria, se estableció, por lo pronto, que éstos podrán circular libremente por el estado, pero que antes deben notificar a las autoridades estatales y federales de su salida, además de que deben hacerlo portando el armamento permitido por la ley.

Informó que las mesas de diálogo van a continuar en los próximos días, y que se pretende revisar y proponer leyes secundarias de la Ley 701 para permitir otro tipo de armamento a la Policía Comunitaria, sin embargo admitió que se trata de un procedimiento que se está viendo a mediano o a largo plazo.

Agregó que en esta reunión se comenzaron a revisar los procesos penales que están abiertos en contra de las autoridades comunitarias, con miras al desistimiento del gobierno del estado y el federal, pues informó que no solamente hay denuncias en contra de autoridades comunitarias del fuero común, sino también del fuero federal y que todas han comenzado a revisarse.

Las autoridades federales y estatales volverán a reunirse con la CRAC el 29 de mayo, posiblemente en Marquelia, sin embargo el lugar quedó por confirmarse.

La revisión del pliego de demandas se realizó ayer en dos sesiones: la primera comenzó a las 11:30 y terminó a las 2 de la tarde y la segunda inició a las 5:30 y concluyó casi a las 10 de la noche.

“Fue una jornada larga y pesada pero los canales de diálogo están abiertos para que haya una buena coordinación interinstitucional”, insistió Barrera Hernández.

Informó que en estas pláticas que se han iniciado, “hay algunas cosas que se van a resolver de inmediato, pero otras se llevarán su tiempo”, dijo.