Suspender el nombramiento de López Rosas, demanda el PRI a Aguirre en el Congreso
Hugo Pacheco León
Chilpancingo
Cinco días después de que el gobernador Angel Aguirre Rivero designara nuevos funcionarios de su gabinete, ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado, el coordinador de la fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón, exigió la suspensión preventiva del nombramiento de Alberto López Rosas como secretario del Trabajo y Previsión Social.
El diputado Héctor Apreza argumentó y recordó en tribuna que a López Rosas aún se le sigue un proceso de juicio político por el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, solicitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, los diputados conocieron la correspondencia que les llegó y la turnaron a comisiones para su trámite.
Y antes de finalizar la sesión, subió a tribuna el diputado Héctor Apreza Patrón, quien además es secretario de la Comisión de Gobierno, que preside el coordinador parlamentario del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
“Bajo el criterio de preservar la legalidad y preservar a las instituciones de nuestra entidad y en esa misma tónica es que yo acudo a esta tribuna para hacer una intervención a nombre de mi fracción en relación con unas recientes designaciones que en uso de sus atribuciones legales realizó el Ejecutivo del estado, el vienres 17”, comenzó el priista su crítica.
El diputado dijo que el gobernador Angel Aguirre “le tomó la protesta al cargo de secretario del Trabajo y Previsión Social, al licenciado Alberto López Rosas, quien está señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de no cumplir con los ordenamientos legales a los que estaba obligado cuando fungió como procurador General de Justicia”.
Acotó: “Quiero dejar muy claro que en esta postura no hay ninguna animadversión personal en contra de don Alberto López Rosas, pero hay que preguntarse todos, en un momento como el que vive Guerrero, ¿es oportuno? ¿Es correcto que se dé este nombramiento? ¿Es adecuado? Dejo ahí la pregunta para la reflexión”.
Lugo enumeró sus argumentaciones para estar en contra del nombramiento de Alberto López Rosas: “Quiero hacer unos señalamientos que nos refresquen la memoria. Primero, al licenciado Alberto López Rosas se le instauró un juicio político por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien señaló que en los lamentables hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo Guerrero, existieron violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó: “Segundo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de ejercer sus nuevas facultades de investigación que le concede la Constitución General de la República, determinó una recomendación que si bien no tiene un carácter vinculatorio, sí es una sentencia que relata los hechos del 2011, en el sentido de que la PGJE, bajo el mando de López Rosas, cometieron una serie de delitos graves que atentan contra el derecho a la vida, la seguridad y la integridad personal al cometer faltas evidentes a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y al trato digno en contra de 54 jóvenes que fueron detenidos por los hechos”.
“Varios de ellos con torturas que fueron dictaminadas y de las cuales los distintos medios de comunicación tuvieron puntual conocimiento y seguimiento”, añadió Héctor Apreza.
Enseguida indicó: “Tercero, el gobierno del estado y el Congreso local aceptaron la recomendación que fue votada por todas las fracciones y representaciones de partido y expresaron su decisión de cumplir con los puntos señalados en el expediente 1VG/ 2012 de la CNDH, por ello la pregunta es ¿qué señales estamos dando los órganos de poder del estado frente a la opinión pública?”
Luego dijo en un cuarto argumento: “Este Congreso local ha dado muestras de respeto a la legalidad, le dio entrada a la recomendación y el pleno turnó la misma a la Comisión Instructora, responsable de concluir las investigaciones y determinar las acciones en torno a un juicio político instaurado en contra de este personaje (Alberto López Rosas)”.
“Juicio que por cierto no está concluido porque está en el desarrollo de la investigación”, precisó el priista.
Héctor Apreza reprochó entonces al gobernador: “No hay ningún motivo para que las instituciones republicanas se vean severamente afectadas, al nombrar un funcionario que enfrenta un juicio político en su contra, es ética, moral y políticamente inadmisible”.
Consideró entonces: “El gobernador debe valorar las consecuencias de tal decisión en el ánimo de la opinión pública, en el ánimo de la sociedad guerrerense y nosotros mismos, ponderar la suspensión preventiva al enjuiciado hasta que culmine el proceso para que se observe la debida garantía del acusado”.
“Por esta razón desde nuestro punto de vista, es procedente la suspensión preventiva del funcionario sin que se prejuzgue la responsabilidad del inculpado hasta que el Poder Legislativo, que es la Comisión Instructora competente, resuelva”, exigió al gobierno del estado.
Por lo anterior, Héctor Apreza les dijo a los diputados: “En este caso, compañeras diputadas, compañeros diputados, no hay que minimizar que se observaron gravísimas transgresiones a los derechos, de verdad y de información, todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en calidad de víctimas del delito y del abuso del poder”.
“No demos una mala señal, que no contribuya a apaciguar el enfrentamiento entre los guerrerenses y nos aleje del acuerdo y del diálogo con todos los sectores de la sociedad”, agregó.
Y reiteró: “Por la salud de las instituciones debemos convocar al gobernador a que suspenda el nombramiento otorgado a quien enfrenta un juicio político, en tanto se resuelve el procedimiento. Espero que el titular del Ejecutivo sea sensible y atienda positivamente esta invitación”.
Para culminar su intervención el diputado Apreza precisó: “Hay muchas preguntas que todavía están en el expediente de los lamentables acontecimientos del 12 de diciembre; aquí no venimos a señalar a ningún culpable, venimos a señalar que desde el punto de vista ético, moral y jurídicamente, es improcedente una designación de esta naturaleza por que en lugar de contribuir a apaciguar y promover la reconciliación de los guerrerenses viene a echarle gasolina al fuego y creo que en Guerrero no estamos para eso”.
Eel gobernador sólo ejerció sus facultades, dice el PRD
Para responder al priista, fue a tribuna el diputado del PRD, Jesús Marcial Liborio: “Es cierto que existe un procedimiento pendiente de resolver, pero también es cierto que a la fecha no hay ninguna sentencia definitiva firme, que lo declare culpable, por lo que es violatorio privar de sus derechos a cualquier ciudadano, por lo que no tienen razón sus argumentos, diputado Apreza”.
Y sin venir al caso, pues el PRD también lo avaló, recordó: “Si se quiere ser congruente se debió haber hecho lo mismo cuando se designaron a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que también tenían un procedimiento de juicio político”.
Se refirió al caso de los magistrados que siendo consejeros electorales, aprobaron asignaciones de diputados plurinominales, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró era un retroceso en la democracia, resolución que a los diputados del PRD no les importó a la hora de votar por los nuevos integrantes del TEE.
El diputado perredista además leyó que los nombramientos que hizo el gobernador fueron con base en las facultades que le confiere el artículo 74 de la Constitución local y el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, al cumplir con los requisitos establecidos, “y dado a que a la fecha no existe ninguna resolución judicial que incrimine como responsable de delito a Alberto López Rosas”.