Advierten de riesgo de enfrentamiento por añejo conflicto agrario en Chilpancingo; el TUA ya ordenó un desalojo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12, con sede en esta capital, ordenó en su sentencia un desalojo de más de 300 habitantes de la comunidad de Río Verde, municipio de Chilpancingo, por un conflicto agrario que enfrentan con sus vecinos del ejido de San Miguel, del mismo municipio.

Las dos comunidades ubicadas en lo alto de la Sierra de Chilpancingo enfrentan un conflicto agrario por la disputa de 780 hectáreas, en las que se encuentra asentada la comunidad de Río Verde, cuyos habitantes reconocen que no son suyas, pero se niegan a abandonarlas debido a que su ejido se encuentra ubicado en una zona montañosa y agreste en la que no pueden sembrar y mucho menos construir sus casas.

El abogado del ejido de Río Verde, Gabriel Alonso Márquez, declaró ayer en conferencia de prensa que por eso han pedido a las autoridades estatales y federales que intervengan para que el conflicto se resuelva por la vía social y no jurídica, puesto que no será fácil desalojar a una comunidad que se fundó hace más de 100 años, de un lugar en donde tienen sus escuelas, su iglesia y su panteón.

Informó que el TUA número 12 de ésta capital emitió la sentencia hace 15 días y que ésta fue favorable a los ejidatarios de San Miguel, “para nosotros la sentencia no fue una sorpresa, ya lo veíamos venir porque reconocemos que las tierras legalmente le corresponden a San Miguel”, dijo el abogado.

Agregó que la inconformidad de los habitantes de Río Verde es que, a pesar de que se prevé un conflicto social de impredecibles consecuencias, la intervención de las autoridades federales y estatales ha sido nula, “de seguro su intervención se va a dar cuando haya actos de sangre”, expresó Alonso Márquez.

Aseguró que acudieron con el anterior subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Pablo González Villalva, quien en tres ocasiones intentó reunir a las dos partes sin que hayan llegado a ningún acuerdo y después se olvidó del asunto.

Dijo que también pidieron la intervención del ahora ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu)), Rigoberto Ramos Romero, quien nunca se interesó en el caso.

El abogado explicó que solicitaron al TUA que enviara un oficio a la delegación de la entonces SRA para que tomara el asunto en sus manos, “pero hasta ahora nadie nos ha llamado”.

Informó que tras la sentencia del TUA a favor del ejido de San Miguel, presentó un amparo en contra de esa resolución, “pero lo hicimos sólo para ganar tiempo y retardar la ejecución del desalojo, pues prevemos que la respuesta va a ser en contra nuestra”, adelantó Alonso Márquez.

Manifestó que se supone que quienes deben ejecutar la sentencia del TUA y dar posesión de sus tierras a los ejidatarios de San Miguel son empleados de este tribunal, “pero para eso se necesitan por lo menos 500 policías antimotines para que puedan desalojar a los más de 300 habitantes y derribar sus casas, sus escuelas y su iglesia, porque los habitantes ya advirtieron que a la buena no los van a sacar”, advirtió el abogado.

La comunidad de Río Verde se encuentra a 3 horas y media de la capital. La carretera inicia a la altura de la comunidad de El 30, municipio de Acapulco, y es una de las localidades más marginadas del municipio de Chilpancingo.

El abogado explicó que es una comunidad que se fundó hace más de 100 años, incluso antes que San Miguel, y que el conflicto lo originó una mala dotación de las tierras de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para la creación de los dos ejidos, pues a Río Verde le dio sus tierras ejidales fuera del área de donde está asentada la comunidad, además de que la fracción que le dio se encuentra en una zona montañosa y agreste en las que no pueden sembrar y menos construir sus casas.

Mientras tanto, a San Miguel le entregó las mejores tierras, incluso en donde se encuentra los manantiales, pero además 780 de las hectáreas que entregó la SRA a San Miguel son las que ahora están en conflicto porque es allí donde está asentada la comunidad de Río Verde y en donde siembran para poder sobrevivir.

El abogado explicó que es por eso que los ejidatarios reconocen que legalmente las tierras en donde viven y siembran no son suyas, pero que por derecho de antigüedad y de posesión son suyas y que no los van a sacar de allí.

Dijo que el conflicto social que se avecina es serio pero insistió en que las autoridades federales y estatales no lo han querido ver así y lo han minimizado.

Recordó que por este conflicto ya hubo una irrupción violenta de los ejidatarios de San Miguel a Río Verde hace aproximadamente 50 años. Dijo que los ancianos de la comunidad cuentan que entonces, los de San Miguel llegaron a destruir las casas y mataron a unas 10 personas, algunas de ellas fueron  colgadas de los árboles, “seguramente eso quieren que vuelva a pasar las autoridades para que puedan intervenir”, expresó el abogado.

Informó que desde entonces, los habitantes de San Miguel no pueden ir a Río Verde, o los de Río Verde a San Miguel, “porque el que lo hace lo matan”.

Añadió que desde entonces, el conflicto había quedado congelado pero que las autoridades ejidales de San Miguel que fueron electas en el 2009 lo revivieron y presentaron  una nueva demanda ante el TUA, mismo que se resolvió hace 15 días a favor del desalojo de Río Verde.