OTRO PAÍS, Tomás Tenorio Galindo: * Figueroa y la Corte en 1996; Aguirre y la CNDH hoy

Tomás Tenorio Galindo

Un exceso de infundado optimismo hizo decir al gobernador Ángel Aguirre Rivero el sábado pasado que el informe que esta mañana emitirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos será el final de la crisis que enfrenta por el asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. La premisa de Aguirre es que el reporte preliminar del ombudsman nacional habrá de exonerarlo de responsabilidad por los acontecimientos del 12 de diciembre. Pero es evidente que no será así, sino todo lo contrario. Naturalmente, tampoco serán absueltas la Policía Federal y las autoridades de las que esa corporación depende.
En la sucesión de hechos desatados aquel día no existe un solo elemento atenuante de la responsabilidad que el gobierno del estado contrajo al ordenar el desalojo de los normalistas. Y por lo que al gobernador se refiere, su responsabilidad se deriva de su investidura misma y no solamente por lo que haya ordenado a sus subordinados, así como por la conducta que adoptó una vez ocurrida la muerte de los jóvenes y durante los días que han transcurrido desde entonces. Para el caso, Ángel Aguirre podría alegar que no dio ninguna orden, en ningún sentido, y tratar de situarse en una posición ajena a los hechos, sin que eso reduzca en lo mínimo su responsabilidad. Ya lo dijimos: para que Aguirre Rivero saliera indemne de este episodio sería preciso que no fuera el gobernador. Lo que sabemos por boca del mismo gobernador es que el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, sí impartió órdenes, por lo menos al ex procurador Alberto López Rosas, para el envío de agentes ministeriales al lugar del desalojo. También existe el incontrovertible testimonio del ex subsecretario de Seguridad Pública, el general Ramón Arriola, quien dijo que fue el propio gobernador quien ordenó “limpiar la carretera”.
Aguirre Rivero, su gobierno y el PRD han intentado crear una versión falsa no sólo de lo que sucedió el 12 de diciembre, sino también de lo que significa el hecho de que dos estudiantes sean asesinados en una protesta bajo los disparos de armas oficiales. Según esa versión, no se puede establecer el origen de los disparos, si provinieron de armas de la Policía Ministerial, de la Policía del estado o de la Policía Federal, lo cual delata la complicidad entre el gobierno local y el gobierno federal para ocultar la verdad, pues es imposible que ese dato material sea inaccesible existiendo tantos testigos presenciales y tantos videos. Según esa misma versión, que con servilismo incriminatorio es repetida por dirigentes perredistas y propagandistas oficiales disfrazados de articulistas, todo es un montaje preparado por los enemigos de Ángel Aguirre, encabezados por Rubén Figueroa Alcocer, Zeferino Torreblanca Galindo y Manuel Añorve Baños, quienes estarían manipulando a los estudiantes y a las organizaciones de derechos humanos para desestabilizar al estado con la demanda de justicia y juicio político contra el gobernador. Pero de esa acusación tan grave nadie ofrece la menor prueba, ni el gobierno da señal de tomársela en serio para investigarla, o de querer actuar contra esos supuestos culpables del supuesto montaje.
El objetivo del gobierno de Aguirre parece haber sido conjurar el paralelismo que este caso tiene con la matanza de Aguas Blancas, pero mientras más despliega esa estrategia, más se parecen ambos casos. Tanto en 1995 como en diciembre de 2011, fueron policías los atacantes y homicidas de ciudadanos desarmados, y en los dos casos la reacción del gobierno fue la alteración de los hechos, el empleo de la mentira y la falsedad para ocultar su responsabilidad, la manipulación de las instancias de justicia (¿acaso no los presidentes del Poder Judicial y del Poder Legislativo se sumaron a la cargada pro Aguirre?) y la presión política para criminalizar a las víctimas.
Todo ese conjunto de similitudes entre la matanza de Aguas Blancas y el asesinato de los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, es precisamente lo que permite prever que la CNDH dará a conocer hoy un informe que podría tener un efecto colapsante en el gobierno de Aguirre Rivero, en él mismo. No podría ser de otro modo, pues el antecedente que sin duda emplea el organismo nacional es la investigación que realizó la CNDH en 1995, y que concluyó con la recomendación del cese del secretario de Gobierno, del procurador y de otros funcionarios estatales, y el levantamiento de cargos penales contra ellos. Y no hay duda de que utilizará como marco histórico la investigación efectuada en 1996 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas resoluciones responsabilizaron de la matanza al ya ex gobernador Figueroa Alcocer, pero que el entonces gobernador interino Ángel Aguirre decidió archivar.
Aquella resolución de la Corte, emitida en ejercicio de las facultades que el Congreso transfirió el año pasado a la CNDH, se lee hoy como si se refiriera al 12 de diciembre. Por ejemplo, dice:
“En pocas palabras, en esos días, y sobre todo en los municipios a que nos hemos referido, el gobernador del estado no tomó medidas adecuadas para el respeto de los derechos esenciales de las personas”.
“De lo anterior se puede concluir, cuando menos, que existe negligencia, irresponsabilidad y falta de respeto a la dignidad humana por parte del gobernador del estado, de funcionarios menores y de policías incompetentes. En esa tesitura, la mayor responsabilidad para el gobernador del estado, se finca en el imprudente manejo de una cuestión sumamente delicada, dentro de una serie de anteriores precedentes preocupantes, y la de poner en manos inadecuadas conflictos tan destacados. No atendió el problema por conducto del secretario general de Gobierno, o el procurador, suponiendo que por sus ocupaciones él no pudiere desplazarse personalmente, sino que lo ordenó a un inferior, quien a su vez lo delegó en un comandante de Policía Motorizada”.
“Un acontecimiento de tan graves y lamentables consecuencias no puede atenderse correctamente con dar a conocer al gobierno federal, a los medios de comunicación y a la opinión pública un videocassette manipulado a favor de responsables, ni tampoco con dar conferencias de prensa e informes contrarios a la verdad. Tampoco fue suficiente la consignación de dos comandantes y ocho policías de los llamados motorizados. Se necesitaba haber demostrado por parte del encargado del gobierno del estado, no sólo lamentaciones, sino auténtica indignación, similar a la que sufrieron los campesinos y la población de la entidad al enterarse de los hechos; se necesitaba haber tomado acciones rápidas y eficaces para llegar a conocer la verdad e informarla a todo el pueblo de México”.
“En El Vado de Aguas Blancas se cometió una grave violación del derecho a la vida de diecisiete campesinos y se causaron heridas a veintiuno más, y aún así, no hay evidencias de que el gobierno del estado hubiera actuado como era su responsabilidad, como mandatario de los habitantes de la entidad, más bien actuó como grupúsculo detentador del poder que había que conservar aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos”.
“Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces gobernador, procurador general de Justicia y secretario general de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, todos ellos del estado de Guerrero, porque actuaron como cultivadores ‘del engaño, la maquinación y la ocultación’, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas”.
“Tan importante como los acontecimientos concretos y lesionantes de El Vado de Aguas Blancas, resulta el manejo público oficializado de los mismos. Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad, por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.
Si parece que este documento se refiere al asesinato y la represión contra los normalistas de Ayotzinapa, es porque la conducta del gobierno de Ángel Aguirre reprodujo paso a paso la misma estrategia que puso en marcha Figueroa Alcocer para evadir su responsabilidad. Pero como hace 16 años, a cada paso se hundió más. El primer indicio de esa actitud la proporcionó Aguirre al emitir el 12 de diciembre el increíble boletín de prensa en el que se coloca como paladín de la democracia y del diálogo en su trato a los estudiantes, sin hacer ninguna referencia al asesinato de dos de ellos, y al intentar acusarlos de haber ido armados a su protesta, para lo cual un joven fue torturado y obligado a disparar un AK 47. La última prueba de ese patrón es la campaña de linchamiento que ha desarrollado el gobierno del estado contra los normalistas y la inmoral manipulación de la muerte de Gonzalo Rivas Cámara, lo que incluyó la marcha del jueves pasado en Chilpancingo, organizada por grupos afines al gobernador y nutrida con los empleados del mismo gobierno y acarreados de varias partes de la entidad.
En 1996, la Corte emitió cinco acuerdos; en el segundo y el tercero estableció lo siguiente:
“Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en El Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, y en los posteriores relacionados con los primeros”.
“Se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial; y Esteban Mendoza Ramos, ex director general de Gobernación; todos ellos del estado de Guerrero”.
Como en Aguas Blancas, el 12 de diciembre en la Autopista del Sol la policía era “dueña de la situación”, y allí ocurrió lo que la policía quiso que ocurriera. Pretender otra cosa es tergiversar los hechos, como se quiso hacer en el primer caso. A la luz de estos antecedentes, resulta ilusoria la declaración de Aguirre Rivero de que este día terminará la crisis de su gobierno. El informe (o recomendación) que emita la CNDH, como sucedió en su momento con la resolución de la Corte, no tendrá carácter ministerial y deberá ser entregado a las autoridades federales, al gobierno del estado, al Congreso de la Unión y quizás al Congreso local, para que actúen en consecuencia. La CNDH no destituirá a Ángel Aguirre, pero podría terminar recomendando su separación del cargo como una forma de despejar las vías de la justicia. Porque si algo ha quedado claro en este caso, es que el gobernador es un obstáculo para el esclarecimiento de hechos en los que él es el acusado más relevante, y la Procuraduría bajo su mando la encargada de investigarlos.

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