La UAG entrega a la Comisión de la Verdad documentos del gobierno de EU sobre la guerra sucia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A dos años y medio de que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) recibió documentos desclasificados de gobierno de Estados Unidos sobre la guerra sucia en México, el Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) entregó los materiales a la Comisión de la Verdad, que está a diez meses de entregar su informe final al Congreso local.

Sin embargo, Pilar Noriega García, integrante de la comisión, señaló que es irónico que primero tengan acceso a los archivos desclasificados de Estados Unidos que a los de la desaparecida Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), clasificados como reservados por la Procuraduría General de la República (PGR).

En una conferencia de prensa, donde el director del CIPES, Federico Sandoval Hernández, anunció la entrega de 18 tomos de información que recibieron de la investigadora Kate Doyle, de la Universidad George Washington, en septiembre de 2010, Noriega García reconoció que, “a pesar de que sabemos qué pasó, no se tienen muy claros todos los alcances de la guerra sucia”.

“Entonces, es irónico que primero se tenga acceso a archivos clasificados de los órganos de inteligencia y de seguridad de los Estados Unidos, que a los archivos de la FEMOSPP, que la Comisión de la Verdad ha solicitado a la PGR de manera reiterada, (pero) nos los han negado”, dijo.

Explicó que la PGR argumenta el carácter reservado de la información, lo cual es totalmente improcedente, porque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental  establece que no se puede clasificar como reserva los casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Para la obtención de la información, dijo que están recurriendo a todos los recursos legales y en este momento hay un juicio de amparo en revisión porque el juez décimo segundo de distrito en materia administrativa resolvió que la Comverdad, como autoridad, no puede recurrir a este instrumento.

Pero subrayó que eso no tiene sentido, porque la comisión no tienen ningún método que pueda afectar el derecho o intereses de personas o colectivos, y de acuerdo con la ley que permitió la creación de este grupo de investigadores, uno de sus objetivos es que, a través de sus integrantes, el pueblo de Guerrero conozca la verdad de la guerra sucia de 1969 a 1979.

Recordó que de acuerdo con el procedimiento en la creación de la FEMOSPP, se tuvo que enviar el  informe final al grupo de trabajo sobre la desaparición forzada de la ONU, que recomendó al Estado mexicano abrir y poner al acceso del público los archivos de la fiscalía.

En este sentido, la comisionada denunció que independientemente de lo que el gobierno diga a las Naciones Unidas, no ha cumplido las recomendaciones del organismo internacional, “por eso es muy irónico que se tengan archivos clasificados de instancias de EU, que nosotros de nuestras autoridades, de hechos acontecidos hace 40 años”.

Sandoval Hernández destacó que los archivos de la investigadora norteamericana se obtuvieron a través de solicitudes de información, y los documentos no tienen validez legal para encarcelar a ningún responsable de la guerra sucia, pero podrán servir a la Comverdad.

Destacó que permiten conocer también la relación entre los países en esa época, la percepción y actuación de EU en la guerra sucia que, con una posición ambivalente, caracterizó a la insurgencia como terrorismo y señaló la violación de derechos humanos.

Continúa la impunidad

Pilar Noriega denunció que los casos de desapariciones forzadas de la actualidad están arrastrando la impunidad que hubo en las desapariciones forzadas de tiempo atrás.

“La impunidad sigue siendo la misma, no se investiga; la diferencia es que en la época de la guerra sucia era claro que la desaparición forzada era por parte de la autoridades, ahora se dice que está involucrada la delincuencia, pero las diferentes instancias internacionales han dicho al Estado mexicano que no deja de ser responsable de la investigación y que se sepa realmente de lo que sucede. La historia continua y la impunidad sigue siendo exactamente la misma”, subrayó.

El comisionado Nicodemes Fuentes García indicó que en aquel tiempo la violencia se concentró por regiones, mientras el resto del país estaba en paz, “fue terrible lo que ocurrió aquí, poblaciones enteras desplazadas de tierras prósperas, hermosas, que ahora están en abandono”.

Señaló cómo fue recurrente en el Acapulco rural, Atoyac, Tecpan, san Jerónimo y San Luis Acatlán, casos como el de la familia Ramos Cabañas, donde desaparecieron al papá y a sus cuatro hijos, dejando sólo a las mujeres y a un niño que hoy es un sobreviviente.

Indicó que en San Luis Acatlán —en la Costa Chica— comenzó todo, con la persecución emprendida contra la Asociación Cívica Nacional  Revolucionaria (ACNR) que encabezó Genaro Vázquez, y el problema se recrudeció con la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos y la creación del Partido de los Pobres.

Sin embargo, señaló que en San Luis Acatlán hay denuncias del mismo Genaro Vázquez, de la aplicación de estrategias de la aldea vietnamita, que consistía en el arrasamiento de comunidades completas.

Dijo que en la Costa Chica se abrieron muy buenas posibilidades de recabar testimonios.

Consideró que al final se va a entregar información importante para la historia y suficientes elementos para que se haga justicia, se repare el daño y las víctimas sean reconocidas.

Aseguró que en los expedientes del CISEN y del Ejército, a los que con mucho trabajo han tenido acceso, está revelando información nueva.

“De pronto encontramos documentos que firma el director de la Federal de Seguridad, que indican que hubo detención (por parte) de la policía estatal, que indica una colación, porque el ejercicio de la represión la realizó el Estado mexicano, y aunque los perpetradores no estén, (las atrocidades de la época) son responsabilidad del Estado”, señaló.

Consideró que en México es muy difícil llevar a la justicia a algún señalado por delitos de lesa humanidad en la guerra sucia, como ha ocurrido recientemente en Argentina con jefes militares, aunque los guerrerenses no deben quitar el dedo del renglón.

Pero Noriega García señaló que ante todo se requiere de  la voluntad del Estado de cumplir y dar acceso a la población al conocimiento de la verdad y la justicia.

Finalmente, el comisionado Arquímedes Morales Carranza informó que uno de los planteamientos de la comisión será la creación de un centro de investigación y de estudio donde se dirijan trabajos de posgrados y maestría con la colaboración de distintas universidades.

Destacó que la Universidad Autónoma de Puebla está muy interesada, pero también van a hablar con el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, para ver la posibilidad de interactuar y cristalizar esta idea para que no se pierda la memoria de estos acontecimientos. Así, la investigación de la historia no terminaría con la disolución de la comisión.