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Alcaldes michoacanos claman por un acuerdo político que rescate al estado

Agencia Reforma

 

Ciudad de México

 

Ante la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal en Michoacán, legisladores del PRD y el PAN acusaron que ésta es insuficiente y clamaron por un acuerdo político que permita el rescate integral del Estado.

Silvano Aureoles, diputado federal perredista y ex candidato a la gubernatura, propuso que los gobiernos federal y estatal y las fuerzas políticas nacionales y locales instalen una mesa de negociación con el fin de devolver a Michoacán la gobernabilidad, negociación que podría darse en el marco del Pacto por México.

El legislador señaló que, con el despliegue de 6 mil efectivos de las Fuerzas Federales bajo el mando único de la Secretaría de la Defensa Nacional, la estrategia del Gobierno de Enrique Peña Nieto es prácticamente la misma que la de Felipe Calderón.

Aureoles explicó que un grupo de alcaldes michoacanos visitó su oficina en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo. Ahí, le expusieron una situación dramática: el crimen organizado les ha duplicado la cuota de extorsión y los obliga a contratar a personas con sueldos incluso superiores a los que ganan ellos. Algunos no pueden ni siquiera regresar a sus comunidades, debido a la presencia de grupos de autodefensa.

“Hoy en Michoacán no hay un presidente municipal que no sea rehén de los grupos delincuenciales y, en consecuencia, se convierten en parte de”, afirma el diputado perredista.

Al cumplirse cuatro años del Michoacanazo –un operativo con el que la PGR detuvo y arraigó a 12 ediles por presuntos vínculos con el crimen– son evidentes las heridas abiertas durante la guerra de Calderón: comunidades aisladas, abandonadas, confrontadas, enlutadas y sin más autoridad que el crimen organizado.

“Los alcaldes están en el desamparo total. Si desobedecen las órdenes de la mafia, si no les cumplen, amanecen muertos al día siguiente, o su familia, o les rafaguean el palacio municipal. Algunos ya no pueden ni regresar a su municipio”, se explaya Aureoles.

El también ex candidato a la gubernatura en 2011 pide a los gobiernos federal y estatal (ambos emanados del PRI) trascender las acciones militares anunciadas el martes pasado, y convocar a un gran acuerdo político para el rescate de Michoacán.

Dicho acuerdo, detalla, podría generar el “arropamiento” institucional que necesitan los alcaldes michoacanos para recuperar autoridad.

Aureoles critica duramente el operativo lanzado por Felipe Calderón hace más de seis años. Aplaude que el gobierno federal haya entrado al fin a su estado, pero advierte que no es suficiente.

“Seis años después las cosas están totalmente peor”, señala, “hoy se hace el anuncio de la nueva estrategia que el gobierno federal, ahora encabezado por Enrique Peña Nieto y el PRI, van a llevar a Michoacán.

Sin embargo, yo no soy muy optimista de que ésa vaya a ser la salida. Esa película ya la vimos”.

Aureoles ve a Michoacán muy cerca de la condición de Estado fallido, pero no simpatiza con la idea panista de desaparecer los poderes, pues eso los obligaría a convocar este año a nuevas elecciones para terminar un periodo que de por sí será corto: sólo hasta el 2015 para homologar calendario con los comicios federales.

“No vayamos tan lejos todavía, primero hagamos el acuerdo del gobierno estatal, federal, de los partidos, para rescatar a Michoacán. Aunque el gobierno estatal diga que no, tenemos problemas financieros, de ingobernabilidad, de violencia”, explica.

El diputado pide al gobierno de Jesús Reyna humildad para poder convocar a este gran acuerdo, y a los dirigentes partidistas, incluir a Michoacán como prioridad en el Pacto por México.

–¿Hoy un michoacano confía más en La Tuta que en las instituciones? –se le pregunta a bocajarro–.

–”Pero lejos… Debe haber un proceso de renovación de las estructuras de las instituciones”, responde.

En tanto, el senador panista Salvador Vega Casillas aplaudió que la Federación haya decidido intervenir en el Estado, pero advirtió que la “nueva estrategia” no es muy distinta a la de Calderón.

“Es casi lo mismo, con algunas diferencias que habrá que ver a fondo sobre lo que estén haciendo en realidad, pero es prácticamente lo mismo”, expresó.

Añadió que su partido propuso crear una comisión legislativa en el Senado encargada de dar seguimiento tanto al operativo militar como a las condiciones de gobernabilidad en el Estado.

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