Desde el 28 de febrero alertaron alcaldes a Ángel Aguirre de la explosiva situación en la zona norte

Daniel Velázquez

Los problemas de inseguridad y violencia en la zona Norte los alcaldes perredistas los han reportado al gobernador Ángel Aguirre Rivero desde el 28 de febrero.

En una reunión privada en la residencia oficial Casa Guerrero participaron los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, diputados federales, diputados locales y alcaldes de ese partido.

Una fuente reveló que los alcaldes expusieron que han recibido amenazas y que la situación está incontrolable en esa región.

Ese acercamiento con el gobernador se dio porque en la elección del coordinador de los alcaldes del PRD el 20 de febrero, algunos de los presidentes municipales se quejaron de que grupos de la delincuencia organizada pretendían extorsionarlos y les pedían dinero y otras cosas.

El 1 de marzo, el gobernador y la dirigencia estatal del PRD se reunieron con el comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, a quien le plantearon el problema de que tres alcaldes de la zona norte fueron los que recibieron amenazas del crimen organizado y le pidieron atender esos casos.

Después se programó otra reunión con todos los alcaldes perredistas para el 4 de marzo, la cual se canceló de última hora.

La reunión entre el gobernador y los alcaldes perredistas se llevó a cabo hasta el 12 de marzo, cuatro días después de que fue asesinado el síndico de Iguala, Justino Carvajal Salgado.

La reunión se llevó a cabo en privado en la Casa Acapulco, que se ubica en la zona de Pichilingue y a la que acudieron unos 30 alcaldes; en ella participaron también diputados locales y secretarios de despacho de extracción perredista.

En esa fecha, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Reyes Torres, dijo que el gobernador ofreció “coordinación” y “comunicación fluida” con los alcaldes de la Zona Norte víctimas de extorsión, para que fueran atendidos por la Operación Guerrero Seguro, “ese es el acuerdo”.

El 20 de marzo, cuando se le preguntó al alcalde de Cuetzala, Feliciano Álvarez Mesino, sobre la situación de la zona Norte del estado, dijo que prefería no hablar del tema porque eso era inseguridad para él, que no tiene guardias de seguridad.

“Si yo hablo de más o digo cualquier cosa yo voy a ser víctima de ellos (la delincuencia organizada), las autoridades me van a querer brindar protección ya cuando me hayan matado, ya para entonces van a publicar este alcalde era inocente y lo asesinaron por andar abriendo su boca”, dijo entonces.

El tema de las extorsiones a alcaldes perredistas se diluyó en el conflicto magisterial que en el mes de marzo tomó fuerza.

El tema volvió a cobrar relevancia luego de que un comando armado de unas 80 personas tomó el control de la cabecera municipal de Apaxtla la mañana del domingo 19 y asesinó a siete personas, incendió cinco camionetas y revisó al menos siete casas, todo en un lapso de tres horas.

Ayer un grupo armado atacó el ayuntamiento de Teloloapan, disparó contra la comandancia de la policía municipal y mató a dos policías e hirió a otros dos.

El alcalde de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares, cuenta con seguridad especial por parte de la PGR desde octubre del año pasado, cuando se difundió un video en el que presuntamente el alcalde garantizó al grupo delincuencial denominado la Familia Michoacana que los policías municipales no intervendrían en sus actividades en ese municipio.

La información del video en el que aparece el alcalde fue noticia a nivel nacional e internacional, en donde se mencionaba que el alcalde no estaba solo y junto a él había personas que le indicaban qué debía decir.

El video se difundió en la página de internet de YouTube, tenía una duración de 5 minutos con 57 segundos y en él se observa que una de las personas que está con el alcalde le advierte que si la policía vuelve a actuar contra esa banda “va a arder Teloloapan”.