Tlachinollan

En Guerrero la muerte tiene permiso

Hace tres meses, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2012 y resultó que el puerto de Acapulco registró una tasa de 143 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, sólo superada por San Pedro Sula Honduras, que tiene un récord de 169 asesinatos violentos por cada 100 mil habitantes. El pasado lunes 20 de mayo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó dentro del marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que el estado de Guerrero tiene un índice de alrededor de 65 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, siendo la entidad más violenta del país en 2012. De modo que si Guerrero fuera un país sería el tercero más violento del mundo y si fuera ciudad estaría entre las primeras 15.

Para confirmar esta trágica realidad, el domingo 19 de mayo en la cabecera municipal de Apaxtla, de la región Norte, un comando armado conformado por 80 hombres  asesinó a siete personas, cateó casas e incendió cinco camionetas, en un tiempo de tres horas. Por su parte, la autoridad municipal  se declaró incompetente para enfrentar a los grupos delincuenciales. Las autoridades del estado brillaron por su ausencia y el Ejército llegó como siempre, haciendo un despliegue aparatoso sin obtener resultados tangibles, de dar con el paradero de los perpetradores y retomar el control de la seguridad en el municipio.

Por su parte, el puerto de Acapulco sigue refrendándose como la ciudad más violenta de México con un promedio de cuatro asesinatos diarios. Los mismos empresarios de la industria de la construcción, de negocios inmobiliarios, de empresas automovilísticas y de servicios han constatado la ineficacia de la operación Guerrero Seguro, porque a todos les ha tocado su turno para  dar su cuota al crimen organizado. La expansión de la práctica de la extorsión va aparejada con los secuestros y asesinatos, que son las facturas más caras que cobran los delincuentes cuando no se obedecen sus órdenes.

Para el Ejecutivo estatal la violencia endémica se va a contener blindando militarmente la frontera con Michoacán, “para evitar que vengan de allá sicarios desplazados por la operación en marcha en los municipios vecinos”. Taponeando la frontera nos libramos de los malosos de fuera. Como siempre, no se atienden las causas estructurales de la violencia delincuencial que ha crecido bajo la sombra y con la complicidad de las mismas autoridades encargadas de garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía. Sigue intacto el sistema que incuba y protege al crimen organizado. No hay autoridades que logren la captura de los delincuentes, mucho menos que lleguen a desmantelar sus estructuras delictivas. Tampoco hay funcionarios que sean investigados y castigados por sus vínculos con los grupos delincuenciales. Los que están obligados a combatir el crimen se mantienen en la opacidad. Son personajes de trayectorias oscuras y turbias, y son a quienes se les encarga investigar a los maestros, estudiantes, normalistas, autoridades indígenas, líderes campesinos, defensores, defensoras, que luchan por la reivindicación de sus derechos. Contra ellos se empeñan para denostarlos y para endilgarles todo el peso de la ley. A sus comparsas del crimen organizados los tratan como aliados del régimen, son los de casa y por lo mismo, gozan de fueros y muchas prerrogativas.

En el plano municipal los acapulqueños cuentan con un secretario de Seguridad Pública sumamente indolente, con vocación de sepulturero. Considera que los asesinatos acaecidos en el puerto de Acapulco no significan violencia, simplemente “van y matan a la persona que tienen que matar”. De qué tipo de servidor público hablamos? Qué méritos y qué cualidades cautivaron al presidente municipal para ponerlo en el cargo? ¿cuál es su perfil profesional, su formación ética y política? ¿Qué sabe de derechos humanos? ¿Cuál es su visión sobre el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas a existir, independientemente del modo de vivir de cada persona? Con estas valoraciones sobre la violencia y la inseguridad que enfrenta cotidianamente la población, está claro que los delincuentes cuentan con permiso para matar, porque sólo “van a matar a la persona que tienen que matar”. Qué mayor representación pueden tener los grupos de la delincuencia cuando desde la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con la anuencia para consumar estos crímenes, porque forman parte de su trabajo en esta vida. El mismo destino de los delincuentes los ha marcado para matar a la persona que tienen que matar, y por lo mismo, la autoridad actuará sólo para corroborar que cumplieron con su misión delincuencial. ¿Y los muertos? “Son indigentes, que sus cuerpos fueron sacados de meses, de semanas”. Es decir ¿no son seres humanos, no tienen derechos? ¿son acaso la escoria de la sociedad que no merecen ser reivindicados como personas con nombre y con historia? ¿No tienen derecho sus familiares a saber del paradero de sus hijos, de sus hijas, sus esposos y esposas desaparecidas? Acaso no tienen ninguna responsabilidad las autoridades de investigar, de buscar la verdad y de aplicar la justicia?

Estas graves deficiencias de las autoridades estatales y municipales que se niegan a aceptar la realidad de la violencia que se vive en el estado y en el puerto, y de no querer asumir su responsabilidad de velar y proteger los derechos humanos de la población a la que gobiernan, contrastan con la visión del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o  arbitrarias,  Chritof Heyns, que en su reciente visita a México y a Guerrero manifiestó su gran preocupación por el grave deterioro que existe en el país con respecto al derecho a la vida.

Desde el 2007, cuando el gobierno federal emprendió la guerra contra las drogas, se produjo un gran número de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de cárteles, sin la correspondiente rendición de cuentas. Constató que el país continúa experimentando niveles alarmantes de violencia. Por parte de las mismas autoridades corroboró que en algunos estados en México han experimentado una violencia sin precedentes en los últimos seis años o más. Determinadas ciudades en los estados de Chihuahua y Guerrero han sido clasificadas en diferentes momentos como algunas de las “más peligrosas del mundo”.

Es importante resaltar las apreciaciones que tiene el relator en torno al derecho a la vida y  que toma como referencia el derecho internacional: la violación del derecho a la vida se produce tanto por la privación de la vida por parte de los actores estatales, como por las fuerzas del orden; cuanto por la incapacidad del Estado para ejercer la debida diligencia para prevenir muertes a manos de agentes no estatales. También se produce por la falta de investigación adecuada, de identificación correcta, de rendición de cuentas de los responsables y de la reparación de las víctimas. La impunidad en tales circunstancias es en sí misma una violación del derecho a la vida por parte del Estado.

Es clara la postura del experto de la ONU al señalar que las autoridades por ninguna circunstancia pueden evadir su responsabilidad cuando atenta contra el derecho a la vida, ya sea por agentes estatales o privados. No cabe ninguna excusa para no rendir cuentas a la sociedad para informar sobre los asesinatos que suceden diariamente en nuestro estado. Cuando se elude, se está consintiendo la impunidad y por lo mismo se está violando el derecho a la vida, porque no se investiga, no se rinden cuentas sobre quiénes son los responsables y no se garantizan medidas de no repetición y de reparación de daños. Estos parámetros están totalmente ausentes entre las autoridades del estado que están encargadas de investigar los delitos y de garantizar seguridad.

La misma carencia de un marco legal coherente y amplio sobre el uso de la fuerza a cargo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluso en el contexto de detenciones y manifestaciones, nos indica que en nuestro estado hay total permisividad e impunidad para que las fuerzas de seguridad actúen sin ningún control. Esto es una práctica consuetudinaria, de someter, amedrentar, reprimir, torturar y hasta matar por parte del Ejército, la Marina y las diferentes corporaciones policiacas. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guerrero lo dicen todo.

Para el relator es muy evidente que si no existen criterios ni límites en el uso legítimo de la fuerza, la consecuencia normal es que siempre se atente contra el derecho a la vida. Por eso, la fuerza solamente puede ser empleada cuando resulte estrictamente necesaria para proteger la vida de un peligro inmediato y para fines relacionados con la legítima aplicación de la ley, así como su uso siempre será proporcional para alcanzar objetivos legítimos. Las autoridades por ley deben estar obligadas a rendir cuentas y ser castigadas por el uso ilegal de la fuerza.

En Guerrero la muerte tiene permiso por la incapacidad de las autoridades de prevenir asesinatos que son perpetrados por agentes no estatales, por ser los mismos agentes del Estado los autores de estos crímenes y por no realizar las investigaciones adecuadas y propiciar la impunidad al desentenderse de los desaparecidos, los ejecutados, los levantados y los secuestrados. Si la muerte no tuviera permiso en Guerrero, los responsables de las ejecuciones extrajudiciales estarían en las cárceles y no ocuparían cargos públicos, no gozarían de fueros, ni se ostentarían como los seres impolutos cobijados con el manto de la impunidad.